Los trabajadores públicos seguirán teletrabajando. Sin embargo, para ello será necesario disponer del equipamiento e infraestructura que permita realizar el mismo trabajo que antes se realizaba desde la oficina. Además, la implantación del teletrabajo debe ir acompañada de su regulación. 

Si acaso alguien quisiera buscar una virtud a la pandemia, tal vez podría ser ésta: gracias al teletrabajo, la Administración ha podido funcionar sin interrupciones graves, desmintiendo prejuicios arraigados en la sociedad. Un indicador de continuidad en el servicio a los ciudadanos puede ser la inversión pública en tecnologías de la información (TIC). Entre enero y marzo, pese a la suspensión temporal de los procedimientos ordinarios de contratación, ha alcanzado los 518 millones de euros, un 4,4% más que en el primer trimestre del 2019. En cierto modo, se puede ver como un anticipo de nuevas prioridades que se va a marcar la Administración para el resto del año y más allá.

El analista Carlos Canitrot, director de la consultora Adjudicaciones TIC, lleva 14 años recopilando información sobre este capítulo del gasto público. Dice que nunca ha visto un período tan anómalo, condicionado por el estado de alarma decretado a mediados de marzo. En perspectiva, prevé que la inversión pública en TIC actuará como factor de la recuperación económica. Según sus cifras del 2019, el total invertido fue de 3.376 millones de euros, aproximadamente el 2% del PIB.

¿Qué órganos de las Administraciones públicas invierten más y en qué lo hacen? Los números proceden del barómetro trimestral que Adjudicaciones TIC ha publicado estos días: la Administración general del Estado contribuyó con el 42% (217 millones), en tanto que las comunidades autónomas representaron un 36% (185 millones). La sorpresa la han dado ayuntamientos y diputaciones, al duplicar su cifra (116 millones) y alcanzar el 22% del total.

El mapa de la inversión autonómica en TIC revela un cambio notable. Catalunya, que en el 2019 fue la comunidad más inversora con 634 millones de euros –casi el 19% del total–, en gran parte por la renovación de los contratos de mantenimiento de aplicaciones, un
programa plurianual, ha reducido su contratación del primer trimestre a solo 25,4 millones de euros, el 4,9%. En el ranking de las comunidades autónomas ha sido superada por Madrid, Euskadi y Andalucía.

Históricamente, las tres grandes competencias transferidas (sanidad, educación y justicia) han sido punteras en inversión pública. “Si algún año sanidad no ha sido la primera, era la segunda”, señala Canitrot. Este año debería ser la primera con diferencia. Aunque el consultor prefiere atenerse a sus tablas: “por un lado, han quedado paralizados contratos ordinarios; por otro, no todo el gasto por el procedimiento de urgencia se destina a sanidad, pero es cierto que ahora mismo todas las partidas han de fundamentarse por la Covid­19”.

En el 2020, Adjudicaciones TIC identifica dos grandes líneas. Una: la dotación de infraestructuras para facilitar el teletrabajo ha permitido que en cuestión de horas las plantillas pasaran a trabajar desde sus casas, “un desafío tal que no hubiéramos creído que se pudiese superar”, considera. El teletrabajo ha llegado para quedarse. Además de retomar el ciclo ordinario de compras, será necesario modificar la regulación del modelo laboral de la función pública, que habrá de negociarse con las representaciones sindicales. Entre otras cosas, cómo abordar el equipamiento doméstico de los funcionarios y de los docentes (portátiles y accesorios) y mucho software: certificación digital, mensajería y videoconferencia, todo debidamente protegido. Que deberá acompasarse, además, con dotaciones adicionales de servicios de integración.

Las compañías que venden TIC empiezan a soñar que el sector público español pase a ser, por primera vez, su principal cliente, compensando la contracción de las empresas privadas.

 

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