El Gobierno se propone como objetivo que la nueva ley sobre el teletrabajo fije compensaciones a los empleados que ejerzan esta actividad. Su proyecto de ley está en fase de consulta pública.

El confinamiento obligado desde el 16 de marzo ha obligado al mercado laboral español a dos grandes experimentos: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y, para aquéllos que han podido mantenerse activos, el teletrabajo. Aunque está por ver cómo termina todo el proceso, en muchas empresas y sectores ha resultado una sorpresa la capacidad que había de implementar este tipo de actividad sin perder productividad.

Ahora, el Gobierno quiere formalizar en un marco legal básico las condiciones en las que se podrá realizar este modelo de trabajo, que define como el que también habría podido realizarse en los locales del empresario pero se ejecuta habitualmente fuera de esos locales.

El proyecto de Trabajo se fija como objetivo establecer por ley que las empresas compensen a sus empleados por los gastos en que incurran cuando ejerzan su actividad en teletrabajo, una modalidad que apenas realizaba un 5% de los asalariados en España pero que durante los tres meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus ha escalado hasta el 40%.

El Ministerio de Trabajo abrió ayer el trámite de consultas públicas de cara a elaborar próximamente este proyecto de ley. El objetivo, según detalla el informe, trata de proporcionar una regulación que equilibre el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras

En concreto, señala la creación de "un marco de derechos" que satisfaga, entre otros, los principios sobre el carácter voluntario y reversible del teletrabajo, la igualdad de trato en las condiciones profesionales, los tiempos máximos y mínimos de trabajo y, especialmente, "la retribución incluida la compensación de gastos".

La posibilidad de que las empresas realicen estas compensaciones es algo que dan por hecho despachos de abogados y sindicatos.La razón es que, una vez la empresa decide ahorrar espacio y consumos en su sede, el trabajador no tiene que asumirlos.Una vez que el marco legal fije la base, las condiciones concretas en las que cada empresa pacta el teletrabajo con sus empleados debería acordarse en los convenios. En España, grandes empresas como BBVA o Repsol ya lo tienen establecido en sus convenios. La primera fija una compensación de 50 euros mensuales y la segunda fija un tope de tres días laborales.

 

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