La crisis del coronavirus está teniendo importantes efectos sobre el mercado laboral. Hasta el momento, los expedientes temporales han contenido la sangría laboral, pero no serán suficientes para evitar que la tasa de paro suba al 20% este año. Es inevitable que se produzcan despidos y estos tendrán como consecuencia un aumento de la desigualdad. 

Cristina y Antonio viven en carne propia los estragos que está provocando el coronavirus en el mercado laboral. Engrosan esa estadística que indica que uno de cada tres españoles no está trabajando. Ella, porque forma parte de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Y él, porque está en paro tras el cierre del restaurante que le había contratado como camarero en Málaga. De momento, las ayudas estatales desplegadas para mantener el trabajo con respiración asistida durante el periodo de confinamiento están frenando la sangría. Hacen posible que ellos, como otros muchos españoles, puedan cobrar. Sin esas políticas, el PIB se habría desplomado 3,5 puntos adicionales [en el primer trimestre se hundió un 5,2%] y la destrucción de empleo habría sido dramática, según Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research.

La factura que deja la crisis del coronavirus hasta el mes de abril es desconocida. Una caída de la afiliación hasta 18,5 millones de personas, 3,4 millones de trabajadores incluidos en un ERTE, 1,3 millones de autónomos en cese de actividad y 950.000 nuevos parados; aunque amortiguada por los expedientes temporales, que sostienen paro y ocupación artificialmente de forma transitoria. Contabilizando a los 1,9 millones de desempleados previos a la covid-19, cerca del 35% de la población activa se encuentra cubierta por las medidas impulsadas por el Gobierno para contener la hemorragia del virus en el empleo, decía José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al presentar los datos. Aunque cerca de un millón de personas se quejan de no haberlas cobrado, el Ministerio de Trabajo respondió el pasado jueves aduciendo que ya había abonado el 98% de las prestaciones.

El presupuesto que deja la crisis ha escalado a cotas nunca vistas: paro y ERTE se llevaron 4.500 millones de euros en abril, un récord histórico en las prestaciones abonadas por el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que se suman a la transferencia de rentas de la Seguridad Social (por la prestación a autónomos, exoneración de cuotas a los ERTE) por valor de 6.500 millones de euros hasta mayo, mes hasta el que los trabajadores por cuenta propia tenían garantizadas las ayudas, que se han ampliado ahora 15 días más con la prórroga del estado de alarma, ampliación que ha dado al traste con el diálogo social a cuenta del rifirrafe político por el acuerdo del Gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral de 2012, íntegra o parcialmente.

Las desbocadas cifras de la factura de la covid-19 podrían irse mitigando en los meses venideros si la respiración asistida del empleo consigue aplanar la curva de víctimas. Para ello, el Gobierno y los agentes sociales firmaron la semana pasada un acuerdo que extiende los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio, los desvincula del estado de alarma y los flexibiliza durante las fases de desescalada de la pandemia para que puedan ir reincorporándose trabajadores a la actividad y para que esos expedientes se encadenen con otros vinculados a causas económicas, pero sin bonificaciones.

También se ha suavizado la garantía de mantenimiento del empleo de seis meses que tendrán que llevar aparejados para percibir las ayudas. Y se ha empezado a negociar ya una posible prórroga adicional de los expedientes para los sectores que recuperarán más tarde la normalidad como consecuencia de las restricciones a la movilidad o del distanciamiento social, tales como el turismo, la hostelería, el comercio, el transporte, la educación, la cultura, etcétera. Una negociación que peligra tras la ruptura del diálogo social.

Vuelta al puesto

El pasado miércoles, 280.000 trabajadores habían salido de los ERTE de fuerza mayor y reiniciado su actividad, 80.000 más que el miércoles anterior, según el Ministerio de Trabajo. En una desescalada lenta y progresiva que se refleja, sobre todo, en la construcción y la industria, indica Unai Sordo, secretario general del sindicato CC OO, y que tardará más en dejarse ver en los servicios. Más avanzados en la vuelta, la mitad de los autónomos que pararon por el confinamiento han regresado al trabajo, según ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos).

En este contexto, todas las miradas apuntan hacia una fecha, el 30 de junio. ¿Qué va a ocurrir cuando la protección temporal de la mayoría de los trabajadores decaiga? ¿Serán suficientes las medidas de contención para conseguir el ansiado mantenimiento del empleo? Los expertos consultados tienen claro que no. A falta todavía de despejar multitud de incertidumbres respecto a la evolución de la pandemia, las fases de desescalada, las condiciones del retorno a la actividad y, por supuesto, las bazas que jugará el Gobierno; si nada lo remedia, 2020 va a terminar con el paro tan desbocado como en 2010. Diez años perdidos para el empleo en un abrir y cerrar de ojos.

Los pronósticos de María Romero, consultora de Analistas Financieros Internacionales (AFI), sitúan la tasa media de desempleo en el 19,5% este año, si bien durante el segundo semestre superará el 20%. Una estimación en línea con la del Gobierno o la Comisión Europea y algo más optimista que la del FMI o la que acaba de endurecer el Banco de España. Del recién revisado panel de Funcas se desprende que el paro que prevé la veintena de fuentes del que bebe se colocará en el 20,2% a finales de 2020, casi seis puntos por encima de 2019. Arrojará a entre un millón y medio y dos millones de empleados fuera del mercado laboral.

Sin embargo, no todo está escrito, advierte Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Las previsiones tienen mucho que ver con el marco que define los parámetros del futuro. “Si no se hace nada más que culminar los ERTE en junio y extenderlos en algunos de los sectores con dificultades, el resultado será uno. Pero si desde el Gobierno y la sociedad civil impulsamos un pacto por el empleo y se favorece el consumo interno, que es vital para la recuperación económica, el resultado será otro”, argumenta. En su opinión, si se diera el primer supuesto, hasta el planteamiento del Ejecutivo de cerrar el año con un 20% de paro se quedaría corto y, siendo optimista, sería complicado salvar a más de las tres cuartas partes de las personas incluidas en ­ERTE. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha ido aún más lejos alertando de que 1,2 millones de estos trabajadores podrían perder su puesto.

La prórroga de los ERTE es una medida de flexibilidad muy valorada por la quincena de expertos consultados para este reportaje, pero insuficiente. “Seguramente se tendrá que ampliar más porque van a seguir existiendo causas económicas y bajada de la actividad en muchas empresas durante buena parte de lo que queda de año. No va a ser bastante para todo lo que viene”, afirma Juan Francisco Jimeno, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Jimeno cree que la situación se complica por momentos; así lo muestran las previsiones económicas, que cada vez son más pesimistas porque empiezan a introducir escenarios de rebrote del virus en otoño, igual que está sucediendo ya en los países que primero fueron atacados por la covid-19. “Sin un repunte de la pandemia, el PIB podría caer el 10% o 12%, pero si se produce el rebrote, el desplome podría acercarse al 20% y dejar el mercado de trabajo en una situación catastrófica”, continúa.

Un problema tan grande como el actual hace que nada sea suficiente, apoya Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. “La extensión de los ERTE sirve para paliar lo más grave y que la economía no se venga abajo en el corto plazo, pero muchas empresas que están en ERTE no podrán sobrevivir tras el 30 de junio porque no solo es que hayan dejado de producir durante la parálisis, sino que han perdido mercados y clientes que han ocupado otros competidores. Vamos a entrar en una situación de hechos consumados en la que las empresas se han vuelto insolventes y habrá que ver cómo se les permiten ERE de extinción y cierres ordenados”, razona. El Gobierno tendrá que hacer otros planteamientos y distinguir entre empresas solventes, aunque sea con un tamaño diferente al que tenían, e insolventes. “Habrá que pensar en reestructuraciones permanentes, sobre todo en los negocios más castigados del sector servicios”, prosigue.

Despidos a la vista

Malo sabe que las empresas empiezan a plantear despidos porque con el tamaño actual resultan inviables en un entorno de restricciones a la movilidad, distanciamiento social y demanda muy mermada. “E irán a más”, vaticina. Por eso considera que mantener el empleo por mandato no tiene sentido al menos en los sectores más golpeados. “El cumplimiento de la garantía de empleo de los ERTE puede ser contraproducente porque puede desembocar en quiebras y concursos de acreedores”, coincide Jesús Lahera, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid.

En los despachos de abogados se trabaja hoy en la preparación de despidos individuales y colectivos “porque todo el mundo piensa que va a volver a la actividad de una forma muy distinta a la que la dejó con el estado de alarma”, explica el responsable del departamento laboral de Uría Menéndez, Mario Barros. “La situación de muchas empresas es insostenible”, apoya su homólogo en Baker & McKenzie David Díaz, que alerta de que gran parte de las compañías que preparan despidos no son las que han desplegado ERTE.

Las que tienen a sus trabajadores en el limbo (ni en el paro, ni trabajando) comienzan a preparar las desafecciones escalonadas del expediente por fuerza mayor (el denominado ERTE parcial alentado por el Gobierno con mayores ayudas en la prórroga hasta junio). Algunas valoran el coste de devolver las ayudas para poder despedir. Otras recurrirán antes a los empleados que han seguido trabajando durante el confinamiento para no tener que pagar ese peaje, y otras encadenarán el expediente por fuerza mayor con otros por causas objetivas. La amalgama de soluciones es amplia.

Nada va a ser igual al 12 de marzo. De hecho, la Seguridad Social ha perdido más de 90.000 empresas desde entonces y el Ministerio de Justicia espera más de 50.000 concursos. Los Gestores Administrativos y ATA advierten de que en un futuro inmediato cerrarán 240.000 pymes (más de la mitad acogidas a ERTE) y 300.000 autónomos. “Cuando hablamos de que el paro puede pasar de cerca del 14% al 20% en un año significa que muchas empresas van a morir”, afirma Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE.

Y las personas que más van a sufrir son las que tienen contratos temporales. Como siempre en el mercado laboral español, toda crisis afecta a quien menor estabilidad tiene en el empleo, explica Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. “Del millón de puestos de trabajo que se han perdido por la pandemia a día de hoy, casi su totalidad han sido contratos temporales. Hubiera sido muy importante que los ERTE hubieran cubierto a estos trabajadores. Espero que sea una lección que se pueda aprender a futuro. Porque cuando un puesto se pierde cuesta mucho volver al empleo”, advierte. “Está claro que los temporales serán los primeros en salir del mercado. La gente joven puede pasar de un paro del 30% al 50%”, dice Garamendi.

Porque la norma de extensión de los ERTE aprobada por el Gobierno es la vía de escape para finalizar los contratos temporales y los del personal fijo discontinuo, explica Antonio de la Fuente, presidente de la asociación de directivos de relaciones laborales Adirelab: “Serán los colectivos penalizados por la ausencia de actividad en las empresas y el sobredimensionamiento que van a registrar ante esa situación”. A los que Globalia, donde es también director de recursos humanos, va a recurrir, como gran parte de las empresas.

Aunque no solo ellos. También los trabajadores indefinidos pueden engrosar la lista del desempleo, analiza María Romero, sobre todo los de menor antigüedad, al ser más baratos de despedir. El problema se agrava además, incide Miguel Ángel Malo, con los contratos que van a dejar de firmarse, que ya lo han hecho con el confinamiento (en abril se sellaron 673.000, frente a los 1,7 millones del mismo mes de 2019), pero luego avanzarán a un ritmo muy lento, y quien entre en el paro tendrá muy pocas posibilidades de salir durante este año y el primer trimestre de 2021.

Desigualdad

“Esto va a provocar un aumento de la desigualdad pavoroso”, advierte Juan Francisco Jimeno, con gente que mantiene su empleo, pero reduce el consumo y dispara el ahorro; los que han perdido el trabajo, que contarán con su prestación por desempleo, y aquellos que no van a poder disponer de ella, que tendrán una renta mínima. “Si queremos que el consumo se recupere, debemos reducir ya la desigualdad ampliando las coberturas por desempleo. Es más importante que introducir la renta mínima vital que prepara el Gobierno, asegura.

Bruselas ha advertido a España esta semana del incremento de los hogares en situación vulnerable que se avecina y del crecimiento de la pobreza. Una encuesta de Eurofound muestra hoy que casi la mitad de los españoles están en peores condiciones financieras que hace tres meses (1 de cada 10 no puede pagar el alquiler o la hipoteca) y prevén que su situación se resienta más el próximo trimestre. El 20% teme perder el empleo.

Para combatir el aumento de la desigualdad, que Pepe Álvarez cree que se cebará de nuevo en las mujeres, los jóvenes y los mayores de 50 años, la Comisión Europea mira hacia las políticas activas de empleo y a la sempiterna dualidad del mercado laboral español, que hay que corregir. “Llevamos tres décadas sin resolver la temporalidad. Aunque ahora ese tipo de contratos no ha llegado a los niveles de los años noventa del pasado siglo, son más cortos y con mayores riesgos de caer en la pobreza. Es el momento de reducirlos a su mínima expresión”, plantea Miguel Ángel Malo.

Salir de esta pandemia va a requerir un papel importantísimo de los recursos públicos y una apuesta clara por una reconversión que se centre en el empleo inclusivo, considera Sara de la Rica. “En estos momentos, España puede aprovechar los fondos europeos, tanto los SURE, que ayudan a financiar los ERTE, como la gran liquidez del Banco Central Europeo, y también ese fondo de reestructuración del empleo que, si sale adelante, permitirá a España solicitar enormes sumas vinculadas a proyectos tractores”, aprecia.

“Hay que poner a Europa en el centro. Necesitamos eurobonos y mancomunar la deuda para que no recaiga sobre los Estados”, apoya el secretario general de UGT. “Porque el Estado no tiene capacidad para financiar de manera indefinida los ERTE”, indica Unai Sordo. El paquete de reestructuración presentado esta semana por Angela Merkel y Emmanuel Macron es una bocanada de oxígeno, dado el importe histórico de las medidas del Gobierno para mantener el empleo en coma. El Ejecutivo calcula que los ERTE y las ayudas a los autónomos fundamentalmente se llevarán 26.279 millones de euros del presupuesto de 2020. Una cifra que la Airef eleva a entre 26.745 y 31.095 millones. Y que depende, cómo no, de la evolución del paro en los próximos meses.

“Ante una factura tan extraordinariamente cara”, explica Gayle Allard, profesora de IE Business School, “el Gobierno tendría que pensar en otras estrategias, como desplegar una política de test masivos de coronavirus que permitiera el retorno a los centros de trabajo y recuperar el empleo”. Pero, por ahora, España no tiene problema en emitir deuda y conseguir recursos a tipos muy bajos. La situación se va a complicar a medio y largo plazo, y el país va a necesitar un ajuste fiscal muy fuerte, lo que va a provocar una subida de impuestos que ningún economista duda. Puede que en 2021. “Nos vamos a un déficit del 11% este año. Hoy la deuda está controlada por la UE, pero para hacerle frente en el futuro hay que crecer. Es muy importante que las medidas que se aborden a partir de este momento incluyan impulsos al crecimiento”, señala Miguel Ángel Malo.

UGT, CC OO y CEOE están de acuerdo en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe tomar medidas a corto plazo para estimular el consumo interno “porque los ERTE no van a hacer milagros en el sector del automóvil, el turismo o la hostelería”, afirma Unai Sordo. “En muchos sectores habrá que desarrollar planes para impulsar la demanda. En el automóvil, infraestructuras, energía e innovación”, aprecia Garamendi. El consumo es vital para la recuperación. Sin favorecer los productos fabricados en España, sin bonificaciones y rebajas en impuestos como el IVA, que se va a resentir muchísimo porque no va a haber normalización del consumo, el empleo se destruirá, añade Pepe Álvarez.

Más ayudas

Y no solo eso. Las empresas y sus trabajadores necesitan mayor liquidez para sortear el shock de demanda que precederá al de oferta. Las peticiones para la línea ICO de 100.000 millones lanzada por el Gobierno, que esta semana la ha abierto a 22.000 millones, son dos veces superiores a la oferta, advierte María Romero, que recomienda hacer trajes a medida de las empresas y los sectores de cara a la prolongación extraordinaria de los ERTE en las actividades más dañadas para que el empleo rescatado sea sostenible. “Se van a requerir más ayudas a la liquidez, más moratorias y más potentes en los expedientes por fuerza mayor y por causas objetivas, así como poner el foco en las políticas activas de empleo”, coincide Carlos de la Torre, vicepresidente de Adirelab.

Unos ERTE que, en opinión de Jesús Lahera, tendrían que extenderse como mínimo hasta diciembre; al igual que sería muy recomendable ampliar la reposición del desempleo a los expedientes productivos, de manera que la gente no empiece a consumir prestaciones a partir del 30 de junio. Lahera cree que la pandemia está demostrando que las medidas de flexibilidad introducidas en el mercado laboral son muy útiles: “Hay que mantenerlas, adaptarlas a las pymes, e ir hacia un modelo menos rígido, menos dual y con mayor negociación colectiva”.

Mientras esto llega, Cristina vive la incertidumbre de no saber cómo se va a reincorporar tras el ERTE de su empresa, y Antonio se plantea trabajar en la construcción para no permanecer en el paro y con su pareja suspendida al 40%. Hay esperanza. De hecho, durante estos días, por raro que parezca, personas como Ricardo han conseguido un empleo en un restaurante nuevo que va a abrir en Castellón incluso en esta coyuntura, o en una distribuidora farmacéutica de Madrid como le ha sucedido a Germán, que a sus 36 años dice que vive la mejor situación laboral que ha tenido nunca. Podrá comprarse un piso con su novia e independizarse por fin.


42 MILLONES SUSPENDIDOS

La reacción de España para salvaguardar el empleo frente a la pandemia sanitaria no ha sido diferente a la de otros países europeos, explica el secretario general de CC OO, Unai Sordo. De hecho, más de 42 millones de trabajadores engrosan las listas de los expedientes temporales de regulación de empleo, la figura que nuestro país está utilizando por primera vez de forma generalizada, lo cual es todo un éxito, “pero que es paliativa, no indefinida porque el Estado no tiene capacidad de asumir su coste”. Según un reciente estudio del Instituto de Sindicatos Europeos Etui, en Francia hay más de 11 millones de trabajadores sujetos a ERTE, en Alemania más de 10; en Italia de 8 y en Reino Unido de 6. España ocupa la siguiente posición por delante de Suiza, Holanda, Austria y Bélgica, que superan el millón de afectados. Rebasaban los 42 millones a finales de abril en los 27 países que conformar la UE. Para el economista Juan Francisco Jimeno, los ERTE ayudan a paliar la crisis si se cumplen dos condiciones: que la caída de la actividad sea transitoria y se eviten los costes de la creación y destrucción de empresas y empleo con subvenciones del Estado. De ahí la importancia de discernir ahora qué sectores y empresas tienen capacidad de sobrevivir para que su prolongación esté justificada.

 

 

 

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