Borja Adsuara Varela, experto en Derecho y Estrategia Digital: "Será importante esta sentencia, porque será la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el polémico asunto de los trabajadores de las plataformas digitales y, en especial, sobre la naturaleza jurídica y el régimen aplicable a los repartidores: si son trabajadores por cuenta ajena o propia."

Próximamente se estudiará en el Tribunal Supremo un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección de lo Social) que ratificó la no-laboralidad de un colaborador de Glovo, al que se consideró que era un trabajador autónomo (con el voto particular de uno de los tres miembros del Tribunal) y que fue recurrida por la defensa de dicho trabajador.

Será importante esta sentencia, porque será la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el polémico asunto de los trabajadores de las plataformas digitales y, en especial, sobre la naturaleza jurídica y el régimen aplicable a los repartidores: si son trabajadores por cuenta ajena o propia; es decir, si son falsos o verdaderos autónomos, o si no encajan en estas categorías y son una nueva figura a regular.

Será importante, porque tendrá que unificar las distintas sentencias contradictorias que ha habido en esta materia hasta ahora, pero también porque no hablamos solo de repartidores, ni de los trabajadores de las plataformas digitales, sino de muchos trabajadores que colaboran como autónomos o freelances para muchas empresas tradicionales, mucho antes incluso del advenimiento de la digitalización.

Por otra parte, el proceso de transformación digital de la Economía ha modificado sustancialmente los modelos de producción y la forma de contratación en muchos sectores (en unos más que en otros) y ha afectado al mercado de trabajo. Por eso, resulta un poco absurdo seguir distinguiendo empresas tradicionales y empresas digitales, porque las empresas del siglo XXI que no sean digitales desaparecerán.

El problema de los llamados falsos autónomos, por tanto, no es un problema nuevo ni exclusivo de las plataformas digitales, como quiere hacerse ver, sino que viene de lejos, en sectores tradicionales como el transporte, las cárnicas, los medios de comunicación, la arquitectura, la abogacía y otras profesionales liberales. Por eso, las soluciones que se adopten pueden afectar, sin duda, a muchos trabajadores.

Este próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo coincide en el tiempo con los anuncios del Gobierno de que quiere abordar este asunto con la máxima urgencia, no solo desde el punto de vista de la Inspección, sino también desde la regulación, con la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, aunque puede que se apruebe antes una regulación específica de los repartidores.

Más allá de etiquetas (o "denominaciones exitosas y eufemísticas, más modernas", como dijo la ministra, refiriéndose al TRADE digital), lo que hay que hacer es entrar con valentía por el Tribunal Supremo y el Gobierno en el fondo del asunto: el futuro del trabajo en el siglo XXI; y diseñar políticas que incorporen nuevas fórmulas de empleo, pues de ello dependen los derechos de millones de trabajadores.

 

 

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