Carles Campuzano, director de Dincat (Discapacidad Intelectual de Cataluña): "Advertimos desde hace tiempo que los incrementos del SMI necesitan, accesoriamente, ir acompañados de un refuerzo sustancial de las ayudas para el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción en el empleo, que trabajan en los CEE."

Subir el salario mínimo interprofesional (SMI) era, y es, una cuestión de justicia social en un contexto de desigualdades sociales, pero también una necesidad para promover un modelo de crecimiento económico basado en la creación de bienes y servicios de más valor añadido, o sea, más productivo, y no fundamentalmente impulsado por la intensidad de un empleo poco cualificado.

Pero también es cierto que España tiene un alto nivel de paro todavía, a pesar del intenso crecimiento del empleo de estos últimos años, y todo apunta que el desempleo estructural que parece tener la economía española es un grave problema muy vinculado a algunas debilidades del aparato productivo y de los niveles formativos de la población; un paro que castiga especialmente a las personas con menor nivel de cualificación y a los jóvenes. Todo ello aconseja prudencia en los próximos incrementos del SMI si no queremos afectar a la creación de empleo. Así ha sido en el reciente acuerdo entre los interlocutores sociales y la recientemente nombrada ministra de Trabajo. Si el incremento del 22,3% de 2019 fue histórico, el crecimiento del SMI para este 2020 del 5,5% ha sido más acorde con las posibilidades de la economía y el mercado de trabajo. El anuncio, además, de la creación de una comisión de expertos para orientar la política en materia de SMI es adecuada.

Ahora bien, las organizaciones sociales que trabajamos en la atención y apoyo a las personas con discapacidad intelectual durante todo su ciclo vital y que hemos apostado durante décadas por la creación de empleo para este colectivo desde la convicción de que un trabajo digno y decente promueve la autonomía de las personas, facilita la vida en sociedad y otorga reconocimiento, debemos de alzar nuestra voz. Advertimos desde hace tiempo que los incrementos del SMI, que son bienvenidos, necesitan, accesoriamente, ir acompañados de un refuerzo sustancial de las ayudas para el mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción en el empleo (personas afectadas por un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% para las personas con parálisis cerebral, las personas con enfermedad mental o las personas con discapacidad intelectual o al 65% para las personas con discapacidad física o sensorial), que trabajan en los centros especiales de Empleo (CEE). Los CEE son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de estos en el mercado ordinario de trabajo. De no ser así se van a poner en riesgo miles de puesto de trabajo.

El incremento del SMI en 2019 fue un duro golpe para los CEE que emplean a personas con intensas dificultades y escasa productividad, por tanto, con nula capacidad de repercutir en sus precios los incrementos salariales. En 2019, y fruto de la presión del sector de la discapacidad, se incrementaron tímidamente las ayudas salariales para el mantenimiento del empleo en los CEE. Para 2020 estas ayudas salariales en el denominado empleo protegido deben de incrementarse de manera significativa hasta llegar a alcanzar, para los supuestos de personas con mayores necesidades, como mínimo una cuantía equivalente al 61% del SMI. Y, por otro lado, las ayudas para la contratación de personas con discapacidad en la empresa ordinaria deben de adecuarse a estos incrementos del SMI si quiere mantener el mismo nivel de subvención que existía antes de estos incrementos.

Y es que para las personas con discapacidad intelectual, y también para las personas con trastornos mentales severos, tener un empleo continúa siendo una excepción. Las tasas de actividad (31,2%), empleo (19,5%) y paro (37,5%) de este colectivo expresan, con toda crudeza, la discriminación que supone vivir con discapacidad. El acceso al empleo, por la vía de la empresa ordinaria o por la vía de los CEE, va a necesitar el compromiso de todos o por el contrario se va a destruir tejido social y empresarial y miles de puestos de trabajo.

Apelamos pues al Gobierno a activar las medidas necesarias para garantizar la continuidad en el empleo de las personas con discapacidad intelectual y reclamamos a los interlocutores sociales y al Gobierno que en las futuras decisiones en materia de SMI se tenga en cuenta la realidad de la discapacidad.

 

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