El dinero que destina la Seguridad Social a prestaciones durante la baja laboral de los afiliados se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los gestores del sistema público. Hace apenas unos días, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró en el Congreso que pretendían cambiar “la dinámica de crecimiento” de la incapacidad temporal que, después de caer con fuerza durante la crisis, no ha dejado de aumentar desde el 2014.

Para este año, la Seguridad Social ha previsto destinar más de 8.600 millones de euros en subsidios, una cifra que supera de largo los 7.533 millones desembolsados en el 2008. Y con alrededor de un millón menos de afiliados a la Seguridad Social.

¿Cómo pretenden combatir la situación? Aumentando el control sobre los trabajadores de baja para “verificar que las situaciones de incapacidad temporal y el correspondiente pago de prestaciones están médicamente justificadas teniendo en cuenta la actividad concreta del trabajador”, resumen desde el Ministerio de Trabajo.

Si en el 2013 los casos abiertos de incapacidad por contingencias comunes (accidente o enfermedad no laboral) era de 21,2 por cada mil trabajadores, en el acumulado de enero a noviembre del 2018 la tasa había subido un 62%, hasta 34,6 por cada mil trabajadores. En el 2017, la Seguridad Social destinó 7.586 millones a prestaciones por incapacidad temporal. En el presupuesto del 2018 la partida rozó los 8.000 millones y, en el reciente proyecto de cuentas para este 2019, ya supone 8.637 millones, un 8,2% más que el año anterior.

Los sindicatos relativizan el auge del gasto. “Se está produciendo una cierta normalización. En los años centrales de la crisis hubo una fortísima presión, los trabajadores tenían miedo de hacer uso de sus derechos”, defiende Pedro J. Linares, secretario confederal de Salud Laboral de CC.OO. En su opinión, los datos “pueden preocupar porque responden a un mayor deterioro de la salud de los trabajadores, vinculado a las condiciones de trabajo y al temor a perder el empleo”.

Mientras, la Seguridad Social ha decidido ampliar por primera vez en años su plantilla de médicos inspectores y entrarán casi un centenar este año. “Hemos tomado medidas para que los médicos de Instituto Nacional de la Seguridad Social puedan controlar mejor los procesos de incapacidad temporal, que cuestan al sistema una cifra exagerada de miles de millones de euros”, defendió Granado en el Congreso.

Además, el departamento que dirige Magdalena Valerio ha prorrogado un plan de control médico puesto en marcha en el último trimestre del 2018, donde basan la vigilancia en un cribado de perfiles de asalariados que, por ejemplo, por la patología que presentan, tienen mayor probabilidades de adelantar su reincorporación al puesto de trabajo. En los presupuestos rechazados la semana pasada, el Gobierno vinculaba el incremento del gasto de la incapacidad temporal, al menos en parte, a la recuperación en el número de afiliados.

Con el inicio de la recuperación económica, se disparó el desembolso para prestaciones con las que compensar las consecuencias económicas derivadas de la situación de baja laboral por enfermedad o accidente. En el 2015 y 2016, las tasas anuales de crecimiento del gasto superaron el 12% con el empleo subiendo al 3%. Ahora la contratación de médicos responde al deseo del Gobierno de que el control de las bajas siga en el sistema público, descartando la opción de que pasara a manos de las mutuas, como en su día defendieron los partidarios de gobiernos del PP. Con la puesta en marcha desde octubre del refuerzo de las medidas de control, Trabajo pretende ahorrar 33 millones de euros.

 

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