Mientras Europa desearía alargar la jornada laboral para ganar en productividad, el ejecutivo español aspira conseguir la jornada laboral de 35 horas. España rechaza la directiva europea con el apoyo de los sindicatos.

Europa mira de reojo la jornada ampliada para ganar en productividad, mientras el ejecutivo español sueña con la semana laboral de 35 horas. España, aferrada al estado del bienestar, orquesta el rechazo a la directiva del tiempo del trabajo.

¡Un infierno social!, ¡la globalización de la explotación! ¡un despropósito! y hasta ¡el regreso a las jornadas fatigosas del siglo XIX! Son sólo algunos de los apodos con que ha sido bautizada la reforma de la Directiva sobre la Organización del Tiempo de Trabajo, que permite ampliar la jornada por encima de las 48 horas semanales hasta un máximo de 65.

La atrevida Eslovenia puso esta propuesta encima de la mesa europea hace ya casi tres años. Ahora, su reciente respaldo por parte de los ministros de Trabajo de la UE y el tiempo de gracia de 90 días que se ha tomado el Parlamento comunitario para repensar la fórmula, tras el primer voto en sentido negativo –el 16 de diciembre– despiertan de nuevo al supuesto monstruo de las 65 horas, que ha logrado arrancar de los sindicatos españoles lo que la crisis económica aún no ha podido: movilizar a los trabajadores para conjurar la Directiva e, incluso, fletar autobuses hasta Estrasburgo (sede del Parlamento comunitario).

España ha ocupado un papel protagonista en esta cruzada, desempolvando el viejo debate sobre la efectividad del modelo de trabajo español, basado en elevadas horas de presencia en el trabajo y baja productividad.

El anuncio del texto que permite ampliar la jornada laboral se tradujo de modo simplista, según los analistas, en que de la noche a la mañana los asalariados pasarían de trabajar las 48 horas semanales reguladas en Europa (40, en el caso de España) para emplearse 60 ó 65 horas. «¡Once horas al día entre el lunes y el sábado!», alertaron los representantes de las trabajadores.

Esta idea cayó especialmente como un jarro de agua fría en España, donde se trabaja de media 42 horas a la semana, uno de los niveles más altos de la UE, junto con Chipre, Suiza y Grecia. Aunque esta peculiar laboriosidad –que el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización del Tiempo de Trabajo, Ignacio Buqueras, explica por la «cultura inexplicable del presentismo o tendencia a calentar la silla en el trabajo» –no guarda proporcionalidad con los resultados obtenidos.

De hecho, ha habido que esperar a que la crisis entrara por la puerta para tirar hacia arriba la productividad por empleado, un porcentaje reforzado por la oleada masiva de despidos. Así, este índice creció en el último trimestre a un ritmo del 1,7% interanual, mientras la tendencia anterior al estallido del boom inmobiliario situaba el crecimiento de la ratio de productividad por trabajador en torno a un más que discreto 0,7%, prácticamente la mitad que la media comunitaria, que el año pasado avanzó un 1,5%. Con este telón de fondo, el Gobierno debería encontrar justificaciones añadidas al desfase entre el tiempo de trabajo y los frutos recogidos, si finalmente los europarlamentarios dan alas a la jornada extendida.

Aunque existen más razones para el no: pese a que la Directiva, apoyada en un principio por una veintena de socios de la UE , prevé que el acceso a la jornada ampliada sólo puede partir de un acuerdo individual entre empresario y trabajador, en contra del supuesto espíritu universal agitado desde ciertos foros, lo que irrita a las organizaciones sindicales, según relatan desde Ortega-Raich Abogados, es que esta parcela del trabajador escape de su control, obviando así los convenios colectivos. «No pueden aceptar que una cuestión tan sensible escape de su ámbito de control para pasar a la esfera empresa-trabajador», apostilla el socio Eduardo Ortega Figueiral.

Los efectos maléficos vienen, según UGT y CCOO, en cascada: una vez que se «ataca» el derecho a la representación de los trabajadores, el siguiente paso sería el de abaratar los salarios o, incluso, presionar a quienes dentro de la plantilla se oponen a realizar más horas, aunque este extremo conllevaría, según apuntan desde el Área Laboral de Cuatrecasas, multas de hasta 6.250 euros para las empresas.

Además, en contra de las actuaciones perversas, los juristas señalan que la letra de la Directiva deja bien claro que la compañía estaría obligada a obtener el consentimiento por escrito del trabajador, quien no podrá tener una jornada extensa ni en el momento de la firma del contrato ni durante las diez primeras semanas de la relación laboral para evitar posibles presiones. La duración de cada acuerdo está limitada a un año y medio, y, como recuerda Román Gil, abogado de Sagardoy, el trabajador tiene derecho a revocarlo en los primeros seis meses y la parte contratante tiene que informar puntualmente a la Administración.

«No se está ante una Directiva que pretenda dar un cambio repentino y global a la ordenación del tiempo de trabajo, sino, mucho más modestamente, a ampliar el marco de alternativas de prestación de tiempo de trabajo en ciertos sectores y circunstancias», relata el abogado laboralista Salvador Del Rey.

En esta línea, los expertos recuerdan que muchos trabajadores quieren hacer horas extras para ganarse un sobresueldo, a la vez que un nutrido grupo de médicos, abogados y arquitectos, entre otros profesionales, se ven abocados a alargar la jornada laboral en función de los imprevistos en una obra o la reclamación de asesoramiento de un cliente. Al amparo de las 65 horas, los expertos consultados afirman que se ganaría en «efectividad», a la vez que mejorarían su umbral de ingresos o contraprestaciones.

Pero la libertad individual de decidir el tiempo de trabajo no es posible a cualquier precio, según señalan otras voces. Así, el ex secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, afirma que la jornada ampliada «atenta contra los derechos humanos». «Hace tiempo que la antigua Europa de quince Estados estableció una relación directa entre las jornadas laborales y la siniestraliedad», explica Gómez, que añade una nueva contradicción entre la polémica directiva y la defensa de la conciliación entre la vida profesional y la familiar.

También desde las filas socialistas, el secretario general del grupo parlamentario del partido, Ramón Jáuregui, tacha de «despropósito» la posibilidad de equiparar el alargamiento de la jornada con un derecho humano. Aunque fue el eurodiputado Alejandro Casas (PSE) quien movilizó a los socios indecisos para tumbar la Directiva, todas las fuerzas españolas con representación en Estrasburgo cantaron a quórum la repulsa a la jornada ampliable de trabajo.

La posición en uno u otro bando ha mantenido ocupados a los socios comunitarios durante meses. Italia y Francia se han permitido, incluso, alguna pirueta, al pasarse de bando, tras la llegada a la presidencia de Berlusconi y Sarkozy, respectivamente .

¿Capricho o visión de futuro? Incluso los países miembros con una merecida reputación de su Estado de Bienestar, léase Holanda, Dinamarca y Suecia, alentaron la iniciativa alegando razones de productividad. En arena nacional la situación es bien distinta. El tiempo de trabajo se concibe «a la mediterránea», como señalan los expertos. Lejos de conformase con las ocho horas de trabajo diarias, el Gobierno de Rodríguez Zapatero hizo una llamada a las empresas en 2006 afirmando que la jornada de trabajo en España es una de las más largas de Europa.

No le falta razón: según Buqueras, los españoles pasan hasta 200 horas más al año en su puesto de trabajo que sus colegas europeos. Eso sí, alrededor de una cuarta parte del tiempo, según un sondeo de Salary.com, se pierde en visitar páginas web que nada tienen que ver con la tarea para la que se ha sido contratado. Esta cuarta parte de la jornada perdida no incluye los periodos asignados para el almuerzo o el resto de tiempos muertos.

La patronal empresarial CEOE no oculta la preocupación por que la idea de Zapatero, llegar a las 35 horas de trabajo semanal, acabe por hundir la productividad. Los empresarios argumentan que los trabajadores españoles tienen más horas de las necesarias para comer, lo que reduce el tiempo efectivo de trabajo.

Además, España encabeza la clasificación de días festivos al año (14 frente a los 11 de media en la UE). En términos globales (teniendo en cuenta vacaciones más festivos) cada asalariado disfruta de 36 días libres al año, siete más que Irlanda y seis más que Bélgica, según un estudio de Mercer.

Los internautas se manifestan a través de la red

«Estimados eurodiputados. Ante la imposibilidad de asistir presencialmente a la manifestación que organiza la Confederación Europea de Sindicatos (CES) el próximo día 16 de diciembre en Estrasburgo, quiero hacerles llegar que me adhiero a la manifestación virtual que apoya la movilización sindical en contra de la directiva del Tiempo de Trabajo».

Con este mensaje, desde UGT Cataluña se planificó una protesta virtual en contra de la Directiva de las 65 horas. La idea se centró en que los manifestantes online, simbolizados por los muñecos que pueden verse en la imagen, se ampliaban en función de la cantidad de cibernautas afiliados a la iniciativa.

Durante la jornada previa a la reunión del Parlamento europeo, el pasado 16 de diciembre, 2.500 personas se unieron a la manifestación virtual, mientras otras 460.000 participaron enviando correos a los eurodiputados con el mensaje: «Haztelsueco» o «¿65 horas? ¡ni de coña!». ¿Quién dijo que para movilizarse hay que pasar frío a pie de calle portando pesadas pancartas?

Polos opuestos

  1. En 2006, el Gobierno español dio un toque de atención a las empresas afirmando que la jornada en España es superior a la media Europea. Bajo este pretexto, Zapatero argumentó la necesidad de virar hacia las 35 horas.
  2. Desde entonces la patronal empresarial ha replicado que para reducir la jornada es necesario reforzar la productividad y destaca que los españoles tienen más horas de las necesarias para comer.
  3. España encabeza, además, la clasificación europea por número de días festivos (14 al año frente a la media de 11 de la UE), un dato que la patronal CEOE no está dispuesta a pasar por alto.
  4. El tiempo que absorben las vacaciones (reguladas en 22 días laborales al año) no desentona en la UE. Pero mientras cada europeo dispone de 34 días libres al año, contando el resto de festividades, en España la cifra supera las 36.

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