Justicia responde a la amenaza de huelga de las asociaciones de jueces publicando que en 2008 tomaron posesión 5000 funcionarios entre secretarios judiciales, médicos forenses, tramitación procesal, auxilio judicial y gestión procesal.

El Ministerio de Justicia ha respondido con cifras al "documento reivindicativo" de las asociaciones de jueces en el que basan su amenaza de huelga el próximo 26 de junio. El departamento dirigido por Mariano Sánchez Bermejo afirma que a lo largo de 2008 tomaron posesión casi 5.000 nuevos funcionarios de Justicia. El personal se repartió entre los cuerpos de secretarios judiciales, médicos forenses, tramitación procesal, auxilio judicial y gestión procesal.

En noviembre el Ministerio de Justicia convocó 5.493 plazas con el fin de atender las necesidades de personal al servicio de la Administración de Justicia, correspondientes a la oferta de empleo público para el año 2008, según apunta el Ministerio en respuesta a las peticiones que las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura difundieron ayer.

Por cuerpos, comenzaron a trabajar 129 médicos forenses, 1.369 fucnionarios del Cuerpo de gestión procesal y administrativa, 2.333 del Cuerpo de tramitación procesal y Administrativa (2.333) y 1.662 del Cuerpo de Auxilio Judicial, concreta el Gobierno. "Estas cifras "son reveladoras del significativo esfuerzo desplegado por el Ministerio con el objetivo de dotar de personal cualificado a los distintos órganos que configuran la Administración", subraya.

Plazas de jueces y fiscales

El Ministerio de Justicia señala en un comunicado que entre 2005 y 2008 se creó un total de 1.148 plazas de jueces y fiscales (684 de jueces y 464 de fiscales), y la previsión para este año es poner en funcionamiento 150 nuevos órganos jurisdiccionales y 100 nuevas plazas de fiscales.

El Gobierno agrega que en los últimos cuatro años se ha aprobado un total de 634 unidades judiciales: 250 en 2005; 93 en 2006; 131 en 2007 y 160 en 2008, frente a las 291 de la legislatura inmediatamente anterior, esto es, un 118% más, según datos del Ministerio del pasado mes de diciembre.

En 2007 la partida destinada a la modernización tecnológica y de comunicaciones fue de 66,92 millones de euros, mientras que la de infraestructuras y equipamiento alcanzó los 61,73. Este año, Justicia ha dedicado de su presupuesto 72,29 millones para el capítulo de modernización tecnológica y 63,49 para el de infraestructuras, apunta.

Entre las reivindicaciones acordadas por las cuatro asociaciones de jueces están la instauración "efectiva" de la nueva oficina judicial, la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, la revisión de las cargas máximas de trabajo, la conciliación familiar, aumentos salariales y que la fijación de la fecha de los juicios quede en manos de los jueces y no de los secretarios judiciales, tal y como proyecta el Ministerio.

Las asociaciones someterán esta "tabla común de reivindicaciones" al conocimiento de todas las juntas de jueces y magistrados convocadas para el próximo 21 de enero, y la trasladarán también tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "a fin de que fijen un calendario de negociación y derivados compromisos públicos".

El CGPJ y Justicia responderán el lunes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia celebrarán el próximo 19 de enero una reunión en la que informarán "a la carrera judicial y a la sociedad" sobre lo que ambos órganos han avanzado ya en relación con las reivindicaciones de los jueces, señaló ayer la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo.

Esta reunión de la comisión mixta se llevará a cabo dos días antes de las juntas de jueces en toda España para decidir si van a la huelga. Los jueces recalacan que las reivindicaciones no se refieren exclusivamente a las condiciones salariales y de trabajo de los jueces, sino que también están dirigidas a que la Administración de Justicia funciones adcuadamente y a "cortar" lo que consideran injerencias de otros poderes, especialmente a raíz del caso de la niña Mari Luz Cortés.

Bravo ha calificado de "sensata" la decisión de las asociaciones de jueces de fijar un plazo de seis meses para que el trabajo del Consejo y del Ministerio "pueda ser visible", y ha recordado que muchas de sus peticiones están incluidas en el Plan de Modernización en el que trabaja el CGPJ.

"El CGPJ no es un órgano jurisdiccional"

Sobre la afirmación del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de que debe ser el CGPJ el que fije un criterio jurídico sobre el derecho o no a la huelga de los jueces, ha señalado que eso no le corresponde al Consejo.

"Siento discrepar del ministro, pero el CGPJ no es un órgano jurisdiccional", ha asegurado Bravo, para quien en todo caso correspondería una definición legal al legislador, y "será a nuestros tribunales, en caso de que se impugnara o se adoptara algún tipo de medida, a quien corresponda determinar si jurídicamente tienen el derecho que el artículo 28 reconoce a todos los ciudadanos".

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