El Salario Mínimo Interprofesional, la retribución mínima que debe cobrar un trabajador por ley, es una "patata caliente" en las negociaciones del Gobierno y los agentes sociales y también es un indicador clave de la economía de un país. En el marco actual español, la subida del SMI estaría en manos del Gobierno, que mantiene su posición lejos de las propuestas de los sindicatos y del grupo parlamentario de Unidos Podemos.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado martes tramitar una ley para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de forma escalonada hasta los 800 euros mensuales desde los 655 actuales. La propuesta salió adelante con los 174 votos favorables del PSOE, Unidos Podemos, ERC y el PNV, las 30 abstenciones (Ciudadanos) y los 137 votos en contra del PP y Foro Asturias.

Dar luz verde a esta reforma legislativa será un proceso lento, no obstante, ya que lo que se votó fue tomar en consideración una proposición de Ley elaborada por En Comú Podem en la que se concreta un alza del SMI de 12.000 euros anuales en 4 años, lo que se traduce en 800 euros mensuales en 14 pagas en 2018 hasta llegar a 950 euros en 2020.

Primero deberá tramitarse la propuesta en la comisión parlamentaria y después habrá que debatir, aprobar e incorporar las enmiendas de los grupos parlamentarios (el PSOE ha avisado de que habrá que revisar "cifras y plazos" y los partidos nacionalistas quieren que cada autonomía pueda subirlo según sus presupuestos).

Aunque la mayoría de los parlamentarios han considerado que el actual salario mínimo es "indigno" y han apoyado que se cumpla la recomendación de la Carta Social Europea, que lo sitúa en el 60% del salario medio neto anual, el PP argumenta que si se aprobase dicha medida, habría que subir el gasto público en unos 1.377 millones en 2018 y de 2.819 millones para 2020, lo que ocasionaría destrucción de empleo y espirales inflacionistas de precios-salarios.

Por este motivo el Gobierno del PP tan sólo impulsó una exigua subida del SMI para 2016 del 1,02% "teniendo en cuenta el IPC, la productividad media y la coyuntura económica general". Una vez conformado el nuevo Gobierno en minoría, Rajoy ha asumido que tendrá que subirlo y el pasado jueves propuso a los sindicatos y CEOE en la Mesa de Diálogo Social un escenario de revalorización que se alargaría hasta ocho años y sin detallar cantidades.

Con este planteamiento la subida efectiva del SMI no culminaría en esta legislatura que acaba de empezar y estaría al albur de las decisiones de un próximo Gobierno, con lo que se queda muy lejos de las expectativas de los sindicatos y del texto propuesto por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que se sitúa en 13.300 euros anuales a final de esta legislatura.

Un indicador clave la economía de un país

Actualmente, el SMI en España (655,20 euros mensuales en 14 pagas anuales ó 764 en 12 pagas prorrateadas) es más de la mitad que el legislado en otros países europeos como Francia, Italia, Alemania o Bélgica.

En la Unión Europea, el salario mínimo oscila entre los 1.923 euros de Luxemburgo y los 194 euros de Bulgaria, según los últimos datos de Eurostat, que tiene en cuenta 22 de los 28 integrantes dado que en seis (Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia) no está contemplado por ley.

Los partidarios del alza defienden que con la mejora económica del país ya "toca subir el SMI", entre otras cuestiones, "para no crear condiciones de vida vinculadas a la pobreza y la miseria". Ciertamente, el salario mínimo es un indicador económico clave, junto con el salario medio, la renta per cápita y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que dan cuenta del nivel de vida de un país.

La actualización del salario mínimo contrarresta la subida de precios que se produce vía inflación y también influyen en él otros factores como la productividad media nacional o el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, explica Datosmacro.com que ha realizado un ránking por países de este indicador.

Si se compara con el resto del mundo, España, con 764 euros en 14 pagas, figura en el decimoséptimo lugar, por detrás de países de la eurozona como Eslovenia (791) o Chipre (855) y todavía muy lejos de los que encabezan la tabla: Luxemburgo (1.923); Australia y Nueva Zelanda (1.896 y 1.633 respectivamente), según el ránking elaborado por Datosmacro.com, en el que se observa que el sueldo mínimo de Irlanda, Holanda y Bélgica, Reino Unido, Francia y Alemania duplica al español.

En este sentido, España se sitúa en la franja de países europeos como Malta, Grecia y Portugal y supera en poco a otros como Baréin, Oman, Hong Kong o Arabia Saudita. En términos globales, España estaría en la franja media de SMI ya que no llega a los mínimos de otras economías desarrolladas o en vías de desarrollo en las que no existe legislación al respecto o ni siquiera se cuantifica, pero está aún muy lejos de las economías de proximidad con las que se mide en términos económicos y a las que también se acerca en tasas aumento de inflación o productividad.

Muestra de la devaluación salarial

En España, el porcentaje de trabajadores que cobran un sueldo inferior al SMI ha crecido durante la crisis en 4,3 puntos porcentuales: en 2008 era un 8,8%, porcentaje que en 2014 ya había subido hasta el 13%, lo que da idea de la devaluación salarial.

El año pasado, casi seis millones de personas (5.960.597, un 34,3% de los asalariados) estaban en esta franja salarial o incluso cobraron menos de 6.791 euros al año, lo que supone casi 760.000 personas más que en 2007, en un periodo en el que España perdió dos millones de asalariados, según la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones de la Agencia Tributaria*. De estos, en torno a 3,7 millones (uno de cada cinco) obtuvieron unos ingresos inferiores a la mitad del SMI, por debajo de los 1.835 euros al año, y 2,2 millones entre la mitad y un salario mínimo.

* Recoge a aquellos que solo han trabajado una fracción del año sin especificar cuánto tiempo, con lo que esa misma persona habría podido podido recibir en otra parte del año prestaciones por desempleo o pensiones.

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