Iván A. Rodríguez, Profesor de la Universidad de Oviedo: "Los funcionarios estatales ya han sufrido un primer recorte de derechos en este inicio de 2009, por lo que quizá una congelación salarial adicional pueda estimarse un sacrificio excesivo."

En el contexto de incertidumbre actual, hay quien ha propuesto una congelación de los salarios de los empleados públicos, lo que permitiría incrementar notablemente los fondos de los que disponen las Administraciones y aliviar el déficit público. Además, se aduce que tras la llamada del Vicepresidente económico a la moderación salarial, no hay mejor medida que predicar con el ejemplo.

No es, desde luego, la primera vez que se trata de superar una situación de crisis mediante ese recurso, pues ya lo hizo el Gobierno Aznar. Las propuestas en ese sentido vienen alentadas porque la función pública no está demasiado bien considerada por quienes prestan servicios en el sector privado. Se acusa a los funcionarios de escasa profesionalidad, amparada en el carácter vitalicio de su plaza. Por ello, se pretende que contribuyan en mayor medida a la necesaria solidaridad para superar momentos de crisis, ya que su retribución se encuentra garantizada (y muchos creen inmerecida).

Los estereotipos son peligrosos, porque la incompetencia y la escasa profesionalidad no son patrimonio, en absoluto, de los empleados públicos, y estos, en particular los funcionarios, han debido superar una prueba objetiva para acceder a su plaza, lo que no siempre sucede en el ámbito privado. Algunos replicarán que los procesos selectivos en las Administraciones Públicas privilegian a ciertas personas, pero esa acusación requiere prueba. Mucho más subjetivos son algunos procesos de selección en la empresa privada, donde los lazos personales o familiares pesan a menudo bastante más que los méritos, y no se cuestionan con tanta intensidad.

La retribución de los funcionarios públicos ya fue congelada en el pasado, y no se ha recuperado completamente el poder adquisitivo. Además, algunos funcionarios no se encuentran al corriente de pago, pues todavía hay a quien se le adeudan cantidades, como pagas extraordinarias pasadas, cuyo abono se sigue demorando desde hace años porque no hay –o al menos así se dice- suficiente liquidez (sin ir más lejos, ocurre de ese modo en la Universidad de Oviedo). En ocasiones cierta clase de argumentos se utilizan con demasiada ligereza. No cabe negar que en contextos de destrucción de empleo como el actual, quienes tienen la suerte de mantenerlo –funcionarios o no- deben contribuir en mayor medida a superar la situación, y por eso la congelación de salarios o retribuciones podría resultar adecuada.

Pero no cabe aceptar que esa propuesta venga acompañada de cierto tono despectivo en las referencias a los funcionarios públicos. En el fondo, incluso parece insinuarse que la Función Pública habría de desaparecer, de modo que la Administración deba contratar en régimen laboral, sin proporcionar tanta seguridad en el mantenimiento del empleo. ¿Pero acaso no se está defendiendo, desde todos los sectores, que el empleo debe ser estable y de calidad? ¿Es eso compatible con precarizar el trabajo de quienes precisamente tienen estabilidad en el empleo?

En todo caso, los funcionarios estatales ya han sufrido un primer recorte de derechos en este inicio de 2009, por lo que quizá una congelación salarial adicional pueda estimarse un sacrificio excesivo. Ese recorte de derechos se relaciona con la Seguridad Social, en concreto con el Régimen de Clases Pasivas. Quienes se jubilen con posterioridad a 1 de enero de 2009 en dicho Régimen ya no podrán mantener su pensión si realizan una actividad profesional en el ámbito privado (hasta ahora sí era posible). Además, también se ha limitado la compatibilidad entre la pensión y un trabajo si dicha pensión es producto de una incapacidad permanente. Puede que tales medidas se consideren lógicas, pero es un empeoramiento de condiciones en relación con el contexto precedente.

En el debate no se puede olvidar que la retribución –no excesivamente alta por lo general- de los funcionarios, aunque sean especialmente productivos y eficaces, está predeterminada en los presupuestos, y que por regla general no pueden obtener ingresos adicionales producto de otra actividad. Ser funcionario tiene ventajas, pero también sus inconvenientes. En fin, es curioso que se acuse al Gobierno de aumentar el número de empleados públicos pese a la crisis. ¿Acaso no es razonable que las propias Administraciones Públicas den ejemplo creando empleo?

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