Escándalos como los recientes de Volkswagen ponen de manifiesto la importancia de concienciar a los trabajadores para que informen de irregularidades percibidas en la empresa. Sin embargo, según The Economist, todavía existe el miedo entre las plantillas a las posibles represalias si cuentan interna o públicamente lo que saben. Lo ideal sería que las empresas pusieran en marcha un sistema formal para escuchar y tomar nota de las quejas, por su propio bien así como por el de los denunciantes.

Escucha con atención y podrás oír el ruido de los abogados rebuscando entre los trapos sucios. Volkswagen, atrapado en dos escándalos devastadores sobre emisiones contaminantes, está aceptando tarde a los delatores. Desesperado por dejar el desastre atrás, el fabricante de coches ha fijado un plazo esta misma semana para que los empleados se presenten con cualquier información, incluso si es autoinculpatoria, a cambio de evitar despidos o demandas por daños y perjuicios (pero no protección frente a los procesos judiciales). Los informantes han jugado su papel en la exposición de las declaraciones exageradas sobre las emisiones de dióxido de carbono, aunque nadie de dentro de VW levantó la alfombra de su otro escándalo: la manipulación en las emisiones de óxidos de nitrógeno de sus vehículos durante unas pruebas. Este último hecho fue descubierto por una ONG, posiblemente con la ayuda de filtraciones desde la Comisión Europea.


A medida que Volkswagen empezó a procesar los resultados de su proceso interno de amnistía, los delatores también fueron noticia en otros lugares. Se informó de que Takata, una firma japonesa sumida en un escándalo sobre airbags defectuosos, podría haber evitado el peor de sus problemas si hubiera prestado más atención a sus empleados estadounidenses que ya hicieron sonar la alarma una década antes. Una investigación aireada esta semana por la BBC afirma que British American Tobacco (BAT) habría sobornado a funcionarios del Programa para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus conclusiones estarían apoyadas por documentos proporcionados por un directivo de BAT que habría participado en el presunto soborno. BAT ha declarado que no tolera la corrupción.

Las denuncias de irregularidades han ido en aumento desde que la crisis financiera de 2007-08 desató una campaña contra la corrupción corporativa y sus cómplices. El número de denuncias recibidas por la “Whistleblower Office” de la America Securities and Exchange Commission (SEC) ha aumentado constantemente desde que abrió en 2011, hasta llegar a casi 4.000 al año. “Vivimos en la era de los delatores,” anota Jordan Thomas, un ex funcionario de la SEC que ahora trabaja en Labaton Sucharow, una firma legal. Encuestas realizadas por la Association of Certified Fraud Examiners, un grupo global de detectives del ámbito financiero, indican repetidamente que los soplos se han convertido en el mecanismo principal para desterrar las irregularidades, incluso por delante de las auditorías y de las evaluaciones por parte de los organismos reguladores.

A pesar de ello, las empresas a menudo han castigado a los delatores, en vez de alabarles. “El equivalente institucional del instinto animal es contraatacar.”, dice Tom Devine, Director Jurídico del Proyecto de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU (Government Accountability Project), y que ha trabajado con 6.000 denunciantes del sector público y privado desde los años 70 del siglo pasado.

Tomemos el caso de Paul Moore, que fue destituido como Jefe de Riesgo Normativo en HBOS en 2004 tras advertir al banco británico que estaba prestando dinero de forma imprudente, y más tarde hizo públicas sus quejas. El escrutinio que vino después llevó a Moore a la depresión y al alcoholismo; declaró que “no habría tenido el coraje de hacerlo” si hubiera sabido la miseria que le causaría. Finalmente, fue reivindicado el mes pasado con la publicación de un hiriente informe oficial sobre los fallos que condujeron al rescate financiero de HBOS. En parte como respuesta a ese desastre, el regulador financiero de Gran Bretaña insiste ahora en que las empresas que supervisa informen explícitamente a la plantilla de que pueden presentar una queja directamente a los reguladores, y a que designen a algún miembro de la alta dirección como “abanderado de los informadores.”

Según un estudio reciente, Reino Unido es la tercera mejor de las grandes economías del G20 en materia de protección legal a los denunciantes corporativos. La aplicación de las leyes también importa, claro está. Pocos dirían que Turquía es un entorno más amable para los delatores que Canadá, que ejerce una protección más débil pero la aplica más asiduamente. Europa es “donde está la acción” cuando se trata de mejorar la protección, señala Devine. Lo que ha ayudado es un sólido conjunto de directrices de “buenas prácticas” por parte del Consejo de Europa, un club de 47 estados europeos occidentales y orientales, así como las sentencias favorables a los informadores por parte del brazo judicial del Consejo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los integrantes más recientes entre los 28 países de la Unión Europea, como Rumania, tuvieron que adoptar altos estándares como condición de entrada. En cambio, la situación entre los miembros más antiguos es desigual. La protección es particularmente débil en Alemania, donde los denunciantes que acuden a un ente público tras no obtener una respuesta interna, se enfrentan a posibles demandas por difamación, explica Anja Osterhaus de Transparencia Internacional. Suiza, estado no miembro de la UE, es otro país con un entorno poco amigable con los delatores.

Estados Unidos, por su parte, es el mejor lugar para los informantes de irregularidades corporativas. El programa de la SEC, creado tras la Ley de Reforma Financiera Dodd-Frank en 2010,  es sin duda la más potente de las más de 40 leyes federales favorables a los delatores que se pueden encuentran en los libros. Se sustenta sobre tres pilares: protección laboral, anonimato y recompensas. Ha repartido 22 premios, con un promedio de 2,5 millones de dólares; éstos además se pueden incrementar hasta el 30% de cualquier multa finalmente impuesta a la empresa. Aunque el programa no se ha difundido mucho en el extranjero, ha adquirido un tono global: las denuncias les han llegado desde 96 países y muchas de las recompensas han sido para extranjeros. En octubre, un tribunal dictaminó que los delatores pueden demandar tanto a miembros individuales de los Consejos de Administración como a la empresa en su conjunto, si los primeros han estado personalmente involucrados en cualquier abuso hacia los denunciantes.

Estados Unidos no siempre es amable con los denunciantes. Ha hecho pasar por muchos problemas a algunos delatores del sector público o de la seguridad nacional. Y a veces actúa de forma incoherente. Bradley Brikenfeld, quien aportó información vital a las autoridades estadounidenses sobre los bancos suizos y la evasión de impuestos de sus clientes, ganó un premio de 104 millones de dólares del Departamento de Tesorería de los Estados Unidos (IRS). Pero, en cambio, el Departamento de Justicia lo procesó. Sus 66 meses de condena, entre prisión y libertad condicional, acabaron el 28 de noviembre.

Los europeos lo han debatido pero hasta el momento han rechazado la idea de dar recompensas económicas al estilo norteamericano. “La mentalidad aquí es diferente,” comenta un abogado londinense. “Las recompensas al estilo del Salvaje Oeste podrían perjudicar más que reforzar el apoyo” hacia los delatores. La SEC ha admitido que tiene un problema con “muchos remitentes”, que presentan docenas de denuncias falsas con la esperanza de que alguna le reporte un pago.

Aunque crece el apoyo oficial a los denunciantes de las irregularidades corporativas, las represalias por parte de las empresas siguen siendo un problema. Entre los que informan en primer lugar a la empresa, el número de los que creen que sufrieron un castigo se ha mantenido constante alrededor del 20% desde 2011 y es mayor que en 2007, según la Encuesta Nacional de Ética Empresarial de EEUU (NBES).

Los acuerdos de confidencialidad, que muchas empresas piden a los empleados que firmen, son otra traba. Por ejemplo, impidiéndoles que consulten a abogados externos, requiriendo que les avisen antes de contar nada a cualquier agente externo y exigiendo la renuncia expresa a cualquier recompensa futura por haber informado. En una encuesta, casi una quinta parte de los encuestados afirmó sentir que las políticas de confidencialidad de su empresa obstaculizaban el reporte de actividades potencialmente ilegales a las autoridades.

En Estados Unidos, dichos acuerdos son legales a menos que se diseñen para reprimir la denuncia de irregularidades, en contraposición a la protección de secretos industriales. La SEC considera que este ámbito es una prioridad y este mismo año ha llevado sus primeros casos contra firmas que se considera que tienen amordazados a sus trabajadores o que han tomado represalias contra ellos. Entre los multados se encuentra KBR, una firma de ingeniería, por hacer firmar a sus empleados acuerdos por los que podían ser despedidos si hablaban de una investigación interna con terceros, sin la aprobación de la empresa. “La SEC ha enviado un duro mensaje sobre ese lenguaje restrictivo. No es ninguna broma,” declara Thomas. Pero Devine teme que las compañías sean cada vez más creativas sobre cómo elaborar acuerdos para esquivar las restricciones. “Si hay una cosa que he aprendido durante más de 30 años, es que permanecer quieto resulta fatal para los derechos legales de las personas denunciantes de irregularidades,” reconoce.

Lo ideal sería que las propias empresas pusieran en marcha un sistema formal para escuchar y tomar nota de las quejas, por su propio bien así como por el de los denunciantes. Cuando la gente fracasa al reportar una irregularidad, a menudo la razón principal no es el temor a las represalias sino la sospecha de que no se va a hacer nada al respecto. Las empresas a menudo consideran que los delatores están motivados por la venganza o por la avaricia. Pero los estudios muestran repetidamente que la mayoría se mueven conducidos por corregir algún mal. Por eso más del 90% de las personas que se deciden a denunciar, hace sonar la alarma primero internamente, en vez de correr directamente hasta las autoridades o la prensa. Si se les da la oportunidad, lanzarán antes una advertencia que una acusación.

Así que, reprimir a los denunciantes es perjudicar a la empresa. Las malas noticias tienden a aflorar finalmente y queda peor si parece que los jefes han intentado contenerlas. Además, es menos probable que ocurran infracciones si los empleados saben que sus jefes son más proclives a abrazar y no a escañar a los informantes.

 

* “The age of the whistleblower”. The Economist, 05/12/2015 (Artículo consultado on line el 16/12/2015).

Acceso a la noticia: http://www.economist.com/news/business/21679455-life-getting-better-those-who-expose-wrongdoing-companies-continue-fight

 

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