Las 80 agencias de colocación seleccionadas por el Estado para ayudar a hallar trabajo a parados apenas llevan un año de rodaje. En comunidades como Catalunya, pionera en el 2014, ya se han obtenido los primeros resultados de esta colaboración público-privada.



Las agencias de colocación privadas son una nueva vía para encontrar empleo que aún está en rodaje en España. Su creación fue impuesta por la troikaen el catálogo de recetas contra la crisis y dos gobiernos de signo diferente -PSOE y PP- han tratado de dar sentido a una fórmula que tiene más apariencia que contenido, está llena de trabas burocráticas y aún muy identificada con el trabajo temporal.

Desde que en el 2010 se autorizó la intermediación privada en el mercado de trabajo, han pasado cinco años hasta que se han puesto en marcha, hace poco más de dos meses, los dos primeros convenios entre el servicio público de empleo estatal (SEPE) y las agencias. Uno, dirigido a los parados de larga duración mayores de 45 años que fueran beneficiarios del plan Prepara -ayuda tras agotar las prestaciones y subsidios por desempleo-, y otro para parados con posibilidad de movilidad geográfica por todo el Estado.

La ley establece que las subvenciones -muy bajas, según el sector, y que aún se rebajan más en los convenios con comunidades y ayuntamientos- se cobrarán por resultados, es decir, según el número de parados que hayan colocado, y acota el trabajo de las agencias a conseguir que un desempleado tenga un trabajo de una duración mínima de 6 meses en un tiempo total de 8 meses.

En su afán por introducir en España un modelo que está más extendido en el norte de Europa, el Gobierno del PP dio permiso a 1.600 agencias, muchas sin experiencia en la materia, alentadas por las altas tasas de paro y las posibilidades de este nicho de negocio. Hasta finales del 2013 no se expurgó el registro y se seleccionaron 80 agencias que trabajen en toda España que son a las que se dirige el SEPE cuando pone en marcha planes de choque para reinserción de parados. Para ello el Ministerio de Empleo aprobó un acuerdo marco de referencia para todas las comunidades autónomas en el que se marcan las líneas maestras para que las agencias intermedien.

Competencias


En este tema se ha jugado en el filo de la navaja del reparto de competencias del Estado autonómico. El Ministerio de Empleo ha puesto en marcha la maquinaria, pero la gestión de los fondos de las políticas activas es de las comunidades, y hay tantos casos como territorios.

Solo Catalunya, País Vasco y Navarra hicieron su propio convenio y pueden presentar, sobre todo la primera, una experiencia solvente y algún resultado en la colaboración público-privada en el mercado laboral. Del resto, la mayoría optó por copiar el convenio estatal pero sin desarrollar programas concretos para los parados. Las elecciones autonómicas y municipales de este año han paralizado el proceso. Si siguen sin hacer nada deberán devolver el dinero de las políticas activas. En el sector se cita, sobre todo, a la Comunidad de Madrid y a Andalucía, aunque por distintos motivos. Andalucía no ha tenido nunca clara la entrada de empresas privadas en la gestión del desempleo por razones ideológicas, subrayan.

Para conocer los resultados habrá que esperar a que se haya reinsertado a algún parado, lo que aún no ha sucedido, y en todo caso al menos dos años, cuando se revise el convenio actualmente en vigor. Será el momento de corregir los defectos de un modelo que «es una mala trasposición del alemán y el británico aplicados a una realidad muy diferente y dificil de gestionar», según Yojana Pavón, presidenta de la asociación nacional de agencias de colocación (ANAC), que agrupa a las de tamaño pequeño y mediano.

«Los servicios públicos de empleo dejan mucho que desear», añade Pavón, en cuanto a gestión de los colectivos e intercambio de los datos. Esta es una cuestión controvertida ya que las agencias quieren tener acceso a los datos de todos los parados inscritos en el SEPE, mediante el espacio telemático común, de nueva creación. Fuentes de este organismo recuerdan que la ley de protección de datos es muy garantista y no permite el uso indiscriminado de información personal, pero a las agencias a las que se han adjudicado los concursos sí se les facilita toda la información.

ANAC se queja de que las reglas de juego «son complicadas» porque les exigen un volumen determinado de facturación (en torno a un millón de euros) y les impide asesorar en materia de autoempleo.

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