Los planes de recolocación se han convertido en meramente una formalidad burocrática a la hora de presentar un ERE. Solo se han beneficiado de estos programas 729 personas de las 7.322 previstas reinsertar en el mercado laboral catalán. La Generalitat pondrá en marcha un proyecto piloto para ayudar a las empresas a recolocar empleados.



La reforma laboral de 2012 abarató el despido, facilitó los expedientes de regulación de empleo (ERE) e intentó aplacar la tormenta social que estas medidas desatarían tapando el sol con un dedo: obligó a las empresas que despidieran a más de 50 trabajadores a contratar una compañía externa para que lleve a cabo un plan de recolocación. Tres años después, solo 729 de los 7.322 catalanes que debían beneficiarse de estos programas, apenas el 10%, fue reinsertado en el mercado laboral. Otros 1.172 recibieron algún tipo de formación, pero la gran mayoría no consiguió ningún beneficio.

Los planes de recolocación se han convertido en un trámite más a la hora de presentar un ERE. Una formalidad burocrática a la que pocos prestan atención durante las negociaciones. Cuando están en curso, los sindicatos centran sus esfuerzos en reducir la cifra de afectados y elevar la del importe de las indemnizaciones mientras que las firmas pujan por lo contrario. El resultado en muchos casos es que se ejecutan despidos colectivos con planes deficientes en los que no se estipula los pasos que se seguirán para encontrar más de medio centenar de puestos de trabajo en un contexto en el que la tasa de paro no baja del 20%.

“Antes de 2012, eran pocas las empresas que incluían un plan de recolocación en los ERE y en el último minuto de la negociación, este siempre se cambiaba por una subida en las indemnizaciones”, explicó el socio y coordinador del Área Laboral del despacho de abogados Cuatrecasas, Jordi Puigbó, durante unas jornadas de Esade. “Entonces los planes que se presentaban eran más estructurados que los de ahora. Cuando la reforma los hizo obligatorios, se generalizaron y pasaron a ser un coste”, aseguró. Y cuando un empresario detecta un coste, su actitud hacia él es automática: debe reducirlo.

La profesora de Derecho del Trabajo de Esade Esther Sánchez afirmó que ello ha generado que afloren actores que ofrecen planes a bajo coste: “Hemos encontrado alguna autoescuela, empresas de trabajo temporal, universidades y asociaciones de vecinos registradas como agencias de colocación”. Esto se debe a que el Estatuto de los Trabajadores no dicta que estos planes contemplen un seguimiento de su efectividad ni una meta mínima de reinserción. Solo dice que han de durar un mínimo de seis meses, incluir medidas de formación y orientación profesional, ser encargados a una empresa externa autorizada y que su coste no puede recaer sobre los empleados.

Los sindicatos denuncian que muchos han aprovechado esta falta de control para lucrarse fácilmente. “Van a precio. A veces incluso se encargan planes a ciegas: el abogado llama a una agencia y le dice que le haga uno para tantas personas en tal comarca, sin mencionar ni a qué se dedica la compañía”, dicen fuentes de CC OO. El resultado es que empresas que despiden a más de 50 empleados acaban gastando miles de euros en un servicio poco útil.

El 83% de los planes de recolocación no incluyen algo tan básico como la descripción de la compañía afectada y el 51% no detallan el contexto del ERE, según un informe de Esade y la consultora de recolocación Lee Hetch Harrison, del grupo Adecco. Tras estudiar 80 planes presentados al Ministerio de Empleo, constataron que solo el 27% menciona objetivos y nueve de cada 10 no se acordaron con los representantes de los trabajadores.

En Cataluña ha habido 135 ERE de más de 50 afectados desde 2012. Más de la mitad 68, correspondían a empresas en concurso de acreedores, que no estaban obligadas a hacer ningún plan. Del resto, nueve firmas no lo presentaron y están siendo investigadas. Aun así, la reclamación suele ser nula. “Se denuncian ERE por no poner un punto o una coma en cierta frase, pero hasta ahora no he visto ninguna demanda por no haber hecho un plan de recolocación”, aseguró Puigbó.

El informe de Esade y Lee Hetch Harrison propone medidas para que estos planes den frutos, como que la ley concrete su definición, compromisos y herramientas. Y que se extiendan a todo tipo de ERE: las 68 empresas concursadas que despidieron a más de 50 personas desde 2012 daban empleo a 9.418, un 28,7% más que las que continuaron activas. La Generalitat pondrá en marcha en los próximos meses un proyecto piloto para ayudar a estas firmas a reinsertar a sus trabajadores en el mercado laboral, según anunció el director general de Relaciones Laborales de la Generalitat, Jordi Miró.


Los sindicatos lamentan que los programas no son eficaces

La definición de recolocado resulta crucial para medir el alcance de estos planes. Una filial de Emte que despidió a 194 trabajadores en junio de 2013 ya podía decir en diciembre de ese año que el 65% había sido recolocado. “Entendiendo por ello a los que a día de hoy hayan estado dados de alta en la Seguridad Social por cuenta ajena o propia”, matizan fuentes sindicales. “Es decir que una persona con un contrato de un día o una semana ya contaba como recolocada”, añaden.

Otro obstáculo para determinar la eficacia de estos planes es que muchos trabajadores no quieren formar parte de ellos. Rara vez saben que su compañía tiene el deber de pagarles los servicios de una agencia de colocación y cuando estas los llaman, aún dolidos, rechazan cualquier tipo de ayuda de la empresa que les dejó en el paro. Los que sí la aceptan, a veces se encuentran con un servicio poco personalizado, centrado en sesiones en las que “solo les explican cómo usar Infojobs”, denuncian fuentes sindicales.


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