La ley 11/ 07 acelera los servicios on line de las administraciones públicas en España para que los ciudadanos puedan relacionarse con las administraciones y obligarles a que todos sus servicios al público sean accesibles electrónicamente.

Nadie la llama por su tortuoso nombre, ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, ni tampoco por su sigla imposible (LAECSP). Se conoce como ley 11, por el numeral de su publicación en el BOE en junio del 2007. Plantea dos objetivos: garantizar que los ciudadanos puedan relacionarse con las administraciones públicas a través de internet, y obligarles a que todos sus servicios al público sean accesibles electrónicamente. Su plazo es el 31 de diciembre, pero aunque no podrá cumplirse a rajatabla, ha conseguido provocar un vuelco: a finales del 2008, más de 450 procedimientos habían sido adaptados para su tramitación electrónica, y otros 1.232 estaban a punto. Acaso más significativo es que, de los 181 más utilizados por los ciudadanos, 122 ya han sido convertidos a la Administración electrónica.

Una iniciativa estrella ha sido la Red 060, web en la que la Administración General del Estado agrupa sus servicios on line. El equivalente en Catalunya es el portal www. cat365. net, mientras Via Oberta es la plataforma que facilita la transmisión telemática de datos y documentos electrónicos entre las instituciones catalanas. Muchas de las gestiones no podrían completarse sin interrelacionar los tres niveles de las administraciones públicas, cuestión que se ha resuelto gracias a la Red SARA, que conecta con todas las comunidades autónomas y un alto número de ayuntamientos. Por otro lado, la plataforma @ firma permite a las administraciones validar recíprocamente los certificados digitales legalmente admitidos en España. Y todo ello se apoya en una piedra angular, el DNI digital, del que ya se han emitido nueve millones a otros tantos ciudadanos.

A veces, las estadísticas pueden enmascarar una realidad compleja; es una objeción pertinente al uso y abuso del benchmarking."Hay abundantes métricas de actividad - apunta Juan Camprubí, socio de la filial española de Accenture-pero pocas acerca de la percepción que tiene el ciudadano sobre el valor de los servicios on line". Sebastián Muriel, director general de Red. es, sigue otro enfoque: "La implantación de servicios se está haciendo mucho más rápido y mejor que si la ley no existiera". Otros países - subraya Muriel-han enviado especialistas para estudiar proyectos emblemáticos de España, como el sistema de intercambio registral, uno de los servicios llamados a tener más demanda. Esto supone que las empresas pueden competir en otros mercados gracias a la experiencia adquirida. La patronal AETIC comparte este punto de vista: "Esta es una de las razones por las que damos un crédito de paciencia al previsible retraso de una transformación tan compleja".

Camprubí coincide en que si de algo peca la aplicación de la ley 11 es de ambición: "en España tendemos a sobreactuar la exigencia, y esta actitud lleva a mucha gente a no valorar lo mucho que se ha avanzado". En el actual contexto de crisis - apunta este consultor-la limitación de recursos choca con una creciente demanda de servicios, y esto complica la deseable flexibilidad de las administraciones públicas "Pero el valor de la ley 11 es que ha marcado una meta y definido sus instrumentos, para mejorar la transparencia del servicio público". ¿Qué más se puede pedir?


"La crisis exige modernización"

Juan Doménech Vicens (Barcelona, 1956) es el ciudadano español que ha escalado más alto en la estructura de Accenture: desde septiembre, es director ejecutivo de Servicio Público, una de las cinco ramas de negocio de la consultora multinacional. Desde esta posición, controla y supervisa innumerables proyectos de modernización de las administraciones en medio mundo. La primera pregunta de Dinero venía cantada:

¿Será la crisis un freno para la modernización de las administraciones públicas? ¿Qué tendencias ve?

Por citar dos tendencias genéricas, la primera es la búsqueda de la eficiencia: hay conciencia de que las administraciones gastan más dinero cada año, y que esto hay que pararlo, pero el fenómeno se acentúa con la crisis. La segunda tendencia es la necesidad de reforzar los servicios de carácter social, que también se acentúa. Por tanto, la crisis exige acelerar la modernización del sector público. En todo el mundo.

¿Quéacepción da a la palabra modernización?

Si se busca la eficiencia, lo primero es buscarla para el largo plazo. Hay que buscar una forma de prestación de los servicios que sea no sólo satisfactoria sino durable. Podemos decidir a qué ritmo hacer cosas, pero pocas veces hay una oportunidad tan clara de hacerlas, dictada por la conciencia de la necesidad.

¿Redimensionar los recursos o usarlos mejor?

En esta situación, es bueno que las administraciones funcionen con cierto nivel de déficit: no se puede pedir todo a la vez, y la sociedad lo entiende así: hemos de hipotecar una parte del mañana para resolver los problemas de hoy y sentar el sustrato del largo plazo. Porque si sólo actuáramos a corto, que ya sería mucho, cuando el ciclo cambie nadie se atreverá a poner el cascabel al gato.

¿En quése diferencia esto de lo que pasa en el sector privado?

En esencia, no mucho, aunque el sector público tiene otra inercia. Ni mejor ni peor, pero ha de responder a mandatos políticos cambiantes y con múltiples enfoques. Dicho esto, es importante que las administraciones sean más ligeras y configuradas por componentes. La tecnología tiene poder de transformación.

En España suele decirse que la transformación tropieza al tratar de integrar los distintos niveles del Estado.

La configuración del Estado es la que es, y España no es un caso excepcional. Técnicamente, es posible prestar mejores servicios, más adaptados a las necesidades de los ciudadanos, y ganar economías de escala. Pero es esencial que, junto a los objetivos, se definan los criterios de medición, y que ambos elementos sean compartidos por todos.

¿Y eso cómo se consigue?

Existen las tecnologías para compartir información e intercambiar documentos sobre redes a las que puede acceder el ciudadano. No sólo existen, sino que son maduras y se implantan bien.

¿La crisis cambia las prioridades?

Lo que vemos en EE. UU. es que se pone un nuevo énfasis en la sanidad y los servicios sociales, que se quiere utilizar más racionalmente la tecnología para que su prestación sea eficiente y sostenible. No hay alternativa.

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