Irene Rigau, 'Consellera' de Ensenyament: "Con un país que apuesta por la sociedad del conocimiento, con un incremento de las tasas de graduados derivado del plan a favor del éxito escolar, hay que dar respuesta a la necesidad de aumentar el nivel de cualificación de las personas y también los niveles de tecnología, innovación y competitividad de las empresas."


Los objetivos de la UE para el 2020 apuestan por una formación para todos, que actúe como una herramienta clave para salir de la crisis, una garantía de acceso a un empleo, y emplazan a los países a que adapten los sistemas para hacerlos atractivos, abiertos a nuevas oportunidades y al mercado laboral. Consciente de estas necesidades, el Govern llevó al Parlament el proyecto de ley de formación y cualificación profesional de Catalunya (LFQPC). Esta semana la Cámara ha aprobado la ley, dando un gran paso hacia alcanzar los objetivos europeos y los de país en un momento clave, justo cuando ya salimos de la crisis económica. La trascendencia de esta normativa (uno de los acuerdos de gobernabilidad de CiU y ERC) la da el gran consenso alcanzado, un 89% de los diputados, en una ley indispensable que podemos calificar como de postcrisis, sobre todo porque en el momento actual es difícil concebir el trabajo sin formación.

Catalunya tenía un problema derivado de la proporción que han ocupado los niveles más bajos de la formación. Hasta el 2007, por la cantidad de ofertas de trabajo poco cualificado, esto no supuso un grave problema de empleo. Pero hoy, con un país que apuesta por la sociedad del conocimiento, con un incremento de las tasas de graduados derivado del plan a favor del éxito escolar, hay que dar respuesta a la necesidad de aumentar el nivel de cualificación de las personas y también los niveles de tecnología, innovación y competitividad de las empresas. La nueva ley justamente pretende sentar las bases de la formación profesional del futuro. Por eso no se trata de una ley educativa, sino mucho más amplia y transversal. Esta ley crea los servicios y las estructuras que deben garantizar la prestación del derecho a la formación.

Iniciamos un camino largo que marcará el inicio de una nueva etapa. Hasta ahora la formación profesional ha estado subdividida en dos sistemas separados y poco coordinados: el sistema de formación profesional inicial y el de la formación para el empleo. La ley crea un sistema integrado que reunirá en una sola caja de herramientas todos los instrumentos para dar respuesta integral tanto a las necesidades de formación y cualificación que sienten las personas como a las de las empresas. Desde ahora, y por primera vez, toda la formación formará parte de un todo y se moverá en la misma dirección.

El nuevo sistema tiene cuatro piezas clave. La primera es la creación de los servicios básicos; se unifican los de información y orientación, el asesoramiento, la formación y la acreditación de competencias profesionales. Cualquier persona que quiera acreditar sus conocimientos o ampliar su formación podrá recibir la información de manera unificada. Una segunda pieza es la red de centros del sistema, que ofrecerá los servicios. Hay que hacer mención de los centros de formación integrada; serán un centenar en todo el país y en ellos los usuarios accederán a todo tipo de formación, acreditaciones y cualificaciones para seguir preparándose a lo largo de la vida y ensanchando la FP dual. Para poder poner en práctica las dos primeras piezas, la tercera es básica: la gobernanza. El futuro de la formación pasa por las decisiones del Govern, pero también por las aportaciones de empresarios, sindicatos, cámaras de comercio y el mundo local, porque solo con las sinergias con el mundo laboral garantizaremos la formación que precisan los ciudadanos para tener trabajo. La última pieza del engranaje es la innovación, la calidad y la internacionalización. Hablamos de transferencia tecnológica entre empresas y universidades, y ahora este modelo también incluirá a los centros de formación. Ya tenemos una red de 42 centros que practican la transferencia tecnológica, sobre todo en pequeñas empresas y proyectos de emprendeduría.

Con estas piezas nos situamos en una buena posición para adaptarnos al mercado laboral, identificar y atender a los sectores emergentes, garantizar la prestación de la formación en una sociedad más longeva y preparar a las personas para que gestionen sus competencias profesionales. El objetivo es duplicar el número de personas que se formarán profesionalmente dentro de 10 años.

Si la ley de educación del 2009 ponía las bases para la enseñanza, esta ley garantiza la formación a lo largo de la vida. Es una herramienta que debe hacer desaparecer de nuestro imaginario la figura del ni-ni, pero también debe favorecer a todos los talentos que tenemos en el país, garantizando la igualdad de oportunidades. Trabajamos, pues, con un nuevo instrumento que favorecerá el ascensor social. Estamos, en definitiva, ante una ley indispensable para el progreso del país, ambiciosa y realista para llegar al pleno desarrollo personal y profesional de los ciudadanos, de manera que personas y empresas encuentren en la formación el instrumento que ha de facilitar su bienestar.

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