Los directivos y los consejeros de las empresas tienen una nueva lección que aprender y es importante. La ética ya no es cuestión de voluntarismo, es una asignatura imprescindible de conocer para evitar la cárcel. Las firmas preparan a contrarreloj sus planes contra la corrupción según la nueva ley.



La reciente reforma del Código Penal extiende las penas de los delitos cometidos por cualquier empleado a quienes se sientan en los consejos de administración de las empresas y, para evitarlo, deben establecer férreos controles contra los delitos. Se complica la ocupación al mismo tiempo de asientos de consejeros en varias empresas. Ya no basta con dar buenas recomendaciones y ser honrado: hay que vigilar el funcionamiento de la empresa.

Tras tantos casos de corrupción destapados en España, la legislación ha impuesto cortafuegos. La Ley de Sociedades de Capital, que entró en vigor el pasado 3 de diciembre, ha ampliado la responsabilidad a las cúpulas de las empresas, y la reforma del Código Penal que entrará en vigor en julio endurece las penas. Si los cambios se hubieran producido hace años, los consejos de administración de Bankia, Gowex, Banco Madrid o las antiguas cajas de ahorros habrían terminado en el banquillo de los acusados. También las empresas que aparentemente pagaron en Cataluña el famoso 3% de comisión en contratos públicos. Se impone un nuevo liderazgo contra la corrupción obligado por el cumplimiento normativo.

“Quienes se sientan en los consejos de administración [consejeros, el presidente, el vicepresidente, el consejero delegado y el director general], son responsables últimos de cualquier delito cometido en el seno de la empresa, si esta ha obtenido un beneficio (directo o indirecto), y ha habido negligencia en los controles internos contra delitos”, explica Enric Domenech, socio de Risk Advisory Services de BDO. El consejo de administración responde ahora por un catálogo de 23 delitos tipificados en el Código Penal. Desde los cometidos contra el medio ambiente hasta los urbanísticos, pasando por la corrupción, el fraude o la estafa informática. Incluso por adulterar un producto o carecer de los controles de calidad para los suministradores.

Los gestores acuden a las consultoras para afrontar la situación. “Nos solicitan asesoramiento experto en el diseño de sus sistemas de cumplimiento anticorrupción. Buscan disponer de un mecanismo interno robusto que les proteja ante comportamientos desleales”, cuenta José Luis Blasco, socio responsable de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento de KPMG en España. Se impone adoptar el modelo de Corporate Defense con un compliance officer (responsable de cumplimiento normativo) para evitar actividades irregulares, una figura bastante tradicional en las empresas anglosajonas.

Los directivos quieren evitar el aprendizaje ético por las malas. El estricto control interno contra delitos de la multinacional Siemens es hoy un modelo en los foros especializados. Fue impuesto tras el escándalo de sobornos realizados por varias filiales hace una década para ganar contratos, que obligó a dimitir a la cúpula de la matriz en Alemania por negligencia. “Falló el sistema contra delitos que teníamos. El actual nos ha hecho líderes del índice Dow Jones de Sostenibilidad (el más prestigioso del mundo) durante los últimos años que cotizamos en la bolsa de Nueva York (hasta 2014). Tenemos tolerancia cero a los incumplimientos, está en el discurso y en la forma de hacer negocios de los directivos, y llega en cascada al resto de empleados. Lo revisamos de continuo, incluso antes de entrar en nuevos mercados o lanzar productos”, asegura Aurelio Pérez, director de Cumplimiento de Siemens España, uno de los 500 empleados que vigilan la ética de la empresa en todo el mundo.

Los escándalos políticos se multiplican en España y muchos están alimentados por el comportamiento de algunas empresas. Javier Espel, responsable de Forensic en BDO, niega la mayor: “La corrupción está instalada en empresas de todo el mundo, no creo que España sea peor, aunque el boom inmobiliario hizo mucho daño. En el ranking de transparencia internacional hemos empeorado, pero en él hay casos reportados en Austria, Francia o Dinamarca. Hace 14 años era tabú hablar de fraude en España, el que se destape ahora significa la lucha contra ello”.

Tener un buen canal de denuncias es importante para atajar las malas prácticas, ya que más del 40% del fraude laboral se detecta por las denuncias realizadas a través de este canal interno. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, asegura que la corrupción destapada en España no ha perjudicado la imagen de las empresas en el exterior porque “trasciende la corrupción política”.

“Y son los políticos quienes piden dinero a las empresas para ganar contratos”, añade Antonio Argandoña, profesor de Economía del IESE, que es tajante en su diagnóstico. “Tras la corrupción hay falta de profesionalidad. Una empresa debe poder ganar contratos con una oferta diferenciada de sus competidores, de calidad excelente y buenos precios. Un gestor empresarial con la máxima responsabilidad sobre sus espaldas nunca debe admitir pagos extras por ganarla”.

Los directivos no están detrás de todas las salsas. Los empleados están en el origen del 42% de los fraudes laborales, los mandos intermedios responden en otro 36% de casos, y los altos cargos originan el restante 19%, según el informe mundial de Association of Certified Fraud Examiners. Sí es verdad que el fraude es “más abultado cuando el líder está implicado”, explica Javier Espel. Las escuelas de negocios inciden, cada vez más, en la transparencia, la responsabilidad y la ética. “Nos lo demandan las empresas”, asegura Nieves Olivera, responsable de In Company de Deusto Business School.

 

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