El anteproyecto de ley de la Inspección de Trabajo actualiza una norma aprobada en 1997, donde no se contemplaba la transferencia de determinadas competencias a las comunidades autónomas sobre inspección del trabajo, como es el caso de Catalunya. Gracias a la reforma, Empleo prevé aumentar el control sobre los contratos temporales sin causa. Policías e inspectores de Hacienda podrán notificar fraudes laborales.



El Consejo de Ministros analizó ayer el anteproyecto de ley de la Inspección de Trabajo, una reforma que trata de hacer frente a "nuevos perfiles de fraude" como la proliferación de empresas ficticias. "Antes los defraudadores no pagaban a la Seguridad Social; ahora, algunos tratan de robar a la caja de los cotizantes", explican fuentes del Ministerio de Empleo. Entre el 2012 y el 2014, gracias a las actuaciones de los inspectores de trabajo se han anulado un total de 103.238 altas o empleos de trabajo falsos en empresas ficticias, es decir, "empresas sin actividad creadas con el objeto de facilitar el acceso fraudulento a prestaciones".

Con la nueva regulación, que actualiza una norma aprobada en 1997, donde no se contemplaba la transferencia de determinadas competencias a las comunidades autónomas sobre inspección del trabajo, como es el caso de Catalunya. Gracias a la reforma, Empleo prevé aumentar el control sobre los contratos temporales sin causa, al permitir a los subinspectores de trabajo -836 en la actualidad- que, al igual que los inspectores -casi un millar-, puedan evaluar este tipo de contratos se atiene a los requisitos fijados por la ley. Entre el 2012 y el 2014, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social transformó más de 115.000 contratos temporales en indefinidos. En el ministerio que dirige Fátima Báñez estiman que, con esta ampliación de facultades, "prácticamente vamos a doblar" la cantidad de contratos convertidos.

Desde Inspección del Trabajo también esperan multiplicar la posibilidad de detectar fraude en el ámbito laboral, al extender a otros cuerpos de funcionarios la capacidad de iniciar una investigación. Mediante convenios de colaboración, los empleados públicos que visitan centros de trabajo (policías, guardias civiles, inspectores de Sanidad, miembros de la Agencia Tributaria...) podrán notificar irregularidades a la Inspección de Trabajo contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social y su testimonio tendrá "presunción de certeza".

Sobre el fraude en los contratos a tiempo parcial -donde trabajadores contratados por cuatro horas pueden llegan a hacer jornada completa-, en Empleo aseguran que sólo han podido actuar con contundencia a partir de finales del 2013, cuando establecieron que todos los trabajadores con esta tipo de jornada deben registrar cada día cuánto tiempo trabajan. El número de inspecciones por esta causa se disparó en el 2014, al pasar de 6.332 el año anterior a más de 14.000.

La nueva ley prevé convertir la Inspección de Trabajo en un organismo autónomo, que según Empleo propiciará la coordinación con comunidades autónomas. También fija la creación de una oficina nacional de lucha contra el fraude, encargada, entre otras funciones, de programar las actividades inspectoras y de evaluar la aplicación de dichos planes. El texto, que ahora ha de recibir el informe del Consejo Económico y Social, debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Empleo espera que el Parlamento lo apruebe en otoño.

 

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