El Defensor del Pueblo exige al Gobierno que "evite nuevos aplazamientos" de un derecho tan "fundamental" como es el permiso de paternidad. La ampliación de éste a cuatro semanas lleva retrasándose año a año desde 2009, una demora que según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios vulnera principios de la Constitución.

 

Los bebés que nacieron con la posibilidad de que el padre los cuidara durante un mes liberado de su empleo tienen ya cinco años. Y siguen esperando. El quinto retraso de la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas (ahora son dos) que estableciera la ley de 2009 -el último parón se ha fijado hasta el 1 de enero de 2016- ha revuelto las carpetas del Defensor del Pueblo, que acaba de pedirle al Gobierno que «evite nuevos aplazamientos».

En una carta enviada a la «Administración competente», la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals, pide que, «en cuanto la situación económica lo permita», no se vuelva a aplazar la ley que, hace ya seis años, dobló la duración actual del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas.

En el escrito, similar a otro anterior dirigido a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, el Defensor del Pueblo sostiene que la ampliación del permiso, tan reiteradamente aplazada por un Estado que lleva muchos meses hablando de «recuperación» y «salida de la crisis», es «fundamental para lograr la conciliación de la vida laboral y familiar» y, por tanto, «para la efectiva igualdad entre hombres y mujeres».

Pero las zancadas en igualdad parecen ir hacia atrás. Desde que comenzara la crisis, bajara la natalidad y cayera el empleo, los permisos de maternidad se han reducido casi un 20% y los de paternidad un 15%. De las 359.160 licencias a madres en 2008 se ha pasado a 281.151 en 2014. Y de los 279.756 permisos a padres de 2008, el año pasado se cerró con 235.678. Y, en la paternidad, se trata de esas dos semanas recurrentemente inampliables pese a lo que dice la ley.

El aviso del Defensor del Pueblo al Gobierno es culpa de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato más numeroso en las administraciones. El 14 de enero de este año, Adolfo Fernández García, presidente del Sector Nacional de Instituciones Penitenciarias del CSI-F, envió al Defensor del Pueblo una queja de cuatro folios exponiendo la «sorpresiva, inesperada y defraudadora» demora de la ampliación del permiso de paternidad. Tras esa protesta, el Defensor instó al Gobierno a no volver a retrasar el permiso de paternidad, de lo que informa al sindicato en una carta fechada el 10 de febrero.

El responsable del CSI-F en las prisiones desmenuza en su carta los retrasos de aquella buena noticia nacida en 2009, que fijó la entrada en vigor del permiso de paternidad de «cuatro semanas por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo» para el 1 de enero de 2011. Sin embargo, desde entonces, los niños han ido naciendo y el permiso no. Éste es el quinteto del «vuelva usted mañana» en las ventanillas del Gobierno:

  • - 22 de diciembre de 2010: una disposición final en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) cambia lo que estaba a punto de activarse y se lleva la amplicación del permiso al «1 de enero de 2012».
  • - 30 de diciembre de 2011: dos días antes de que los padres pudieran empezar a tener su mes, un decreto ley de medidas urgentes traslada el permiso al «1 de enero de 2013».
  • - 27 de diciembre de 2012: en la víspera del Día de los Inocentes, otra disposición final en los Presupuestos vuelve a estirar la incertidumbre hasta el «1 de enero de 2014».
  • - 23 de diciembre de 2013: la ley de 2009 y su permiso de paternidad multiplicado vuelven a ser alterados en los PGE hasta el «1 de enero de 2015». O sea, hace casi dos meses.
  • - 26 de diciembre de 2014: un enésimo cambio, esta vez en los últimos Presupuestos, aplaza la entrada en vigor del nuevo permiso y lo promete para el «1 de enero de 2016».

«Es la quinta demora de la ampliación del permiso, un duro revés para las familias», redacta el CSF-I. La argumentación legal del sindicato habla de «vulneración» de tres principios: el de seguridad jurídica, el de confianza legítima y el de buena fe.

Sólo con la ruptura del primero, consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución y en documentos del Consejo de Estado, el Gobierno «instala a los ciudadanos en un estado de incertidumbre e inseguridad continuo impropio de un Estado de Derecho». Para el sindicato, los cinco años de postergación de la ampliación del permiso suponen una demora «que ha defraudado la confianza del ciudadano en la legalidad» al tiempo que «sus previsiones se han visto desvanecidas o quebrantadas».


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