El millón de nuevos parados en 2008 y la certeza de que podrían superarse los cuatro millones abre el debate de una reforma del mercado laboral. La fórmula más defendida es más flexibilidad para la empresa y más seguridad para el trabajador.

Los cinco últimos ministros de Economía, José Luis Leal, Miguel Boyer, Carlos Solchaga, Rodrigo, Rato y Pedro Solbes, se reunieron en el Colegio de Economistas para hacer un repaso de lo que había pasado en la economía española en los últimos veinticinco años. Su diagnóstico fue unánime: la reforma pendiente es la laboral porque ningún gobierno se ha atrevido a afrontarla.

Sin embargo, la profunda recesión económica que atraviesa nuestro país amenaza con llevarse por delante el proteccionismo laboral, igual que la crisis se llevó por delante el proteccionismo comercial. "La apertura de la economía española al exterior arrancó con el Plan de Estabilización de 1959 y culminó con nuestra adhesión a la Unión Europea en 1985... La apertura de la economía no solo no hizo desaparecer la industria ni la agricultura, sino que el nivel de vida de los españoles aumentó significativamente convergiendo con el de los europeos. En definitiva, lo que aparentemente era un sistema que nos protegía y que era singular, nos estaba llevando al desastre". Al menos así lo cree el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

El hecho de que el paro se haya incrementado en más de un millón de personas en el último año y amenace con superar en los próximos meses los 4 millones de parados ha hecho que el debate se haya abierto en canal.

La mayor parte de los expertos coincide en que las instituciones laborales en España son distintas a las de otros países europeos. Estas diferencias son "la práctica imposibilidad de descolgarse de la negociación colectiva, la escasa participación de las remuneraciones en los beneficios empresariales, los mecanismos de indiciación salarial sin ninguna conexión con la situación de las empresas, la intervención del Estado por medio de autorizaciones preceptivas que impiden que las empresas aumenten su productividad". Estos elementos son los que en opinión de Fernández Ordóñez explican no sólo que España sea el país con la tasa de paro más alta de Europa, sino el que con más rapidez está destruyendo empleo.

La advertencia es clara. Si España no aumenta su productividad, para lo cual es imprescindible modificar las instituciones laborales, no podrá crecer como en los 23 últimos años. La razón es que ya no se podrá devaluar como se hizo hasta 1999, en que España entró en el euro ni podremos endeudarnos como ha pasado en los últimos diez años porque ya no nos prestan.


Zapatero: financiar contratos

El presidente del Gobierno, JoséLuis Rodríguez Zapatero, ha propuesto a patronal y sindicatos un decálogo de diez medidas para frenar la destrucción de empleo.

Esta proposición, que se discute en la mesa del diálogo social desde hace más de un mes, conlleva una serie de reformas de la legislación laboral. La más llamativa es convertir las prestaciones del desempleo contributivas en bonificaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas.

Esta propuesta significa que un trabajador que se quede en paro entregaría lo que cobra a la empresa que le contrate en forma de rebaja de las cotizaciones sociales. Una posibilidad que ha sido sido rechazada frontalmente por CC. OO. y UGT argumentando que el trabajador que tiene una prestación de desempleo mayor tendría preferencia a la hora de ser contratado. Además, se dice que no tiene sentido que sea el trabajador quien financie a la empresa para que éstale contrate.

Al final el presidente ha aceptado la tesis sindical, de manera que se subvencionará a las empresas que contraten trabajadores en paro, pero éstosseguirán manteniendo íntegramente todos sus derechos. Es decir, que no van a consumir ninguna mensualidad del desempleo.

Otra de las proposiciones del presidente es la eliminación de trabas administrativas y mejorar las bonificaciones para que se puedan generalizar los contratos fijos a tiempo parcial, con el fin de alcanzar tasas similares a las europeas. Los sindicatos tambiénlo rechazan argumentando que el planteamiento es recortar jornadas y salarios para repartir el empleo que hay entre todos.

Al final parece que se buscará una fórmula mucho más suave que la inicialmente propuesta por la Moncloa. Esto significa que el presidente del Gobierno no llevará a cabo ningúntipo de reforma laboral que no sea aceptada por los sindicatos. Esto limita considerablemente las posibilidades para avanzar en el corto y medio plazo en una reforma laboral profunda.


Sindicatos: cambiar el chip

Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo y de UGT, Cándido Méndez,lo tienen meridianamente claro: En España no hace falta una nueva reforma del mercado laboral para crear empleo. Segúnargumentan, en los años del "boom" económico nuestro país ha creado tanto empleo como la suma de los países europeos.

Como dice Méndez,"si para la expansión nuestro modelo era el que mejor funcionaba, por quéhabría que cambiarlo ahora que el ciclo es distinto, La crisis no la han provocado los trabajadores sino las empresas y el sistema financiero y quienes tienen que cambiar son ellos".

Esto se traduce, segúnel responsable de relaciones laborales de UGT, Toni Ferrer, en un cambio de modelo productivo. "En la medida en que la economía ha basado su crecimiento en la construcción, el turismo y los contratos temporales, se ha producido una llegada masiva de emigrantes con poca cualificación laboral, facilitando una fuerte creación de empleo. Cuando el ciclo y el desarrollo, que el Estado destine los mayores recursos posibles a la creación de infraestructuras físicas y humanas, que se ayude a las empresas a internacionalizarse, etc. "Pero es absurdo plantear fórmulas dirigidas a abaratar la mano de obra a costa de recortar los derechos de los trabajadores como la únicaopción de las empresas para recomponer sus márgenes de beneficios".

Toxo argumenta que el precio del despido en España no es problema y el gobierno lo sabe. "El precio del despido en España fue de 19,1 días. La indemnización de 45 días por año solo se aplica cuando el trabajador es despedido sin causa evidente por parte de una empresa y un juez así lo dice. Si la empresa justifica que el despido es objetivo, el precio se eleva a 20 días por año trabajado y en el caso de los temporales es de 8 días, siempre que en el convenio se haya establecido otra cifra que siempre quedará por debajo de los 20". Es dceir, que se quiere aprovechar la crisis para recortar derechos. ha cambiado y por la misma regla de tres, ese empleo se está destruyendo". Por tanto, concidera que el objetivo para superar la crisis es cambiar el chip de los empresarios y apostar por un crecimiento basado en mayor valor añadido.

Para ello los sindicatos, como explica el portavoz de CC. OO. Fernando Lezcano, estamos pidiendo que se apueste por la investigación


Ordóñez: replantear el despido

El gobernador del Banco de España, Miguel ÁngelFernández Ordóñez, propugna replantearse el actual sistema de indemnización de despido colectivo que existe en España por entender que es profundamente contraproducente en el objetivo de reducir el aumento del paro.

Argumenta que en nuestro sistema laboral la ayuda al desempleado combina la prestación públicacon el pago de una cantidad que se abona de una vez y está relacionada con el tiempo que ha permanecido en una sola empresa. Ese pago corre a cargo de las empresas y no del Estado. Paralelamente el desempleado recibe una ayuda públicacuando ha pagado el seguro de desempleo. "Este sistema provoca numerosas ineficiencias, lo que determina una menor productividad y un rotundo fracaso en el objetivo de reducir el desempleo".

Sostiene que tal como está establecida la indemnización desincentiva la movilidad de los trabajadores. Tambiénfrena la creación y el crecimiento de las empresas más productivas. Esta es la razón por la que la inmensa mayoría de los países europeos ha abandonado el sistema de que la empresa pague fuertes indemnizaciones a los trabajadores que despide.

Por ello pide que se profundice en la llamada flexiseguridad como han hecho Dinamarca y Austria. En la primera la tasa de paro es del 4%. Han optado por mejorar el seguro de desempleo que paga el Estado y prácticamente han suprimido la indemnización que pagan las empresas.

En el caso de Austria, con un paro del 3,8%, las empresas crean un fondo individual para cada trabajador que gestiona éstecuando se queda sin trabajo. De esta manera complementa la prestación por desempleo que recibe del Estado. Cuando el trabajador encuentra empleo en otra empresa se lleva la parte no consumida del fondo, que vuelve a ser engrosada con las aportaciones de su nueva empresa. Al final de su vida laboral lo que quede de este fondo se convierte en una fuente adicional de recursos para su jubilación.

Toni Ferrer, de UGT, recuerda que la Comisión Europea puso como ejemplo de flexiseguridad las reformas que habían realizado Austria y Dinamarca, pero tambiénlas hechas por Irlanda, Holanda y España. En su opinión, las reformas laborales que se han hecho aquí han permitido garantizar la paz laboral, la moderación salarial y una flexibilidad que puede mejorar.


Solbes: cambiar convenios

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, es consciente de que el precio del despido en España no es el problema del mercado laboral. De hecho, con la últimareforma laboral se creó un nuevo contrato de 33 días por año que no está siendo utilizado por las empresas.

Además, existe un elemento fundamental de flexibilidad y es el hecho de que en España hay 44,5 millones de contratos temporales, que son los que se están utilizando para ajustar las plantillas. En momentos de crisis como el actual las empresas se limitan a no renovar los contratos temporales. Esto explicaría que todo el empleo neto destruido en España en el 2008 hayan correspondido a trabajadores temporales.

Para el vicepresidente, y así lo reconoce en las reuniones con especialistas, el problema se encuentra fundamentalmente en la ultractividad de los convenios colectivos.

Segúnla legislación actual, un convenio es un contrato privado entre empresa y trabajador que tiene fuerza de ley. Es decir, cuando finaliza el plazo para el que fue firmado no decae, sino que todo lo pactado continúaen vigor hasta que no es sustituido por un nuevo convenio. Esto provoca que los comitésde empresa no firmen un nuevo convenio hasta que no les mejoran las condiciones. Y por supuesto si recorta o disminuye sus ventajas.

Esta legislación está evitando que las empresas puedan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado o del ciclo económico. Además, la acumulación de derechos firmados en los convenios hace que las empresas cuando más antiguas sean tengan mayores cargas laborales frente a las nuevas. Para cambiarlo habría que replantear la reforma de la negociación colectiva.


CEOE: un nuevo contrato

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, ha planteado a travésde CEIM la necesidad de plantear un nuevo contrato laboral "anticrisis".

Se trata de que en los nuevos contratos que se hagan a partir de ahora se establezca un despido de 20 días por año trabajado. Esto eliminaría la situación de injusticia que existe en la actualidad de los contratos indefinidos que cobran 45 días por año trabajado frente a los contratos temporales en los que la indemnización se limita a 8 días.

Este tipo de contratos ya lo planteó en 1995 el conseller de Treball de la Generalitat Ignasi Farreras, de CiU. El objetivo era hacer un contrato estable que ayudara a reducir la elevada temporalidad y que representa cerca del 30%.

En realidad lo que persigue esta fórmula es descausalizar el despido y eliminar la intervención de los juzgados de lo social. Esto explica que los sindicatos se hayan negado con uñas y dientes.

De acuerdo con la legislación vigente, el despido de un trabajador es de 20 días por año cuando existe una causa justificada. Sin embargo, la indemnización es de 45 días cuando éstano existe.

Estos dos conceptos explican que el trabajador cuando es despedido recurra sistemáticamente al juzgado de los social argumentando que no hay una causa objetiva para echarle. Las empresas tienen que justificar documentalmente la decisión que han tomado. La CEOE sostiene que se ha judicializado la vida laboral y que las empresas tienen que tener derecho a cambiar su equipo y adaptar la plantilla a cada coyuntura económica o tecnológica sin que tenga que intervenir un juez. Los sindicatos dicen que nunca es lo mismo un despido justificado que otro sin justificar.


Cámaras: bajar la cotización

El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y ex ministro de Turismo y Comercio con Felipe González, Javier Gómez Navarro, propone desde hace años una reforma integral del mercado laboral. Lo mismo ha hecho el Instituto de Empresa Familiar y la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT).

Estas tres organizaciones abogan por la llamada flexiseguridad, que incluya mejorar la intermediación del mercado de trabajo para casar la oferta con la demanda. Facilitar a las empresas privadas de trabajo temporal que colaboren con el sistema públicode empleo para cubrir los picos de actividad o las necesidades de producción. Tambiénpropugnan rebajar fuertemente el absentismo laboral.

Sin embargo, Gómez Navarro cree que en un momento de crisis no hay que hablar de cómo abaratar el despido, sino de abaratar el trabajo. Para ello defiende una sustancial rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social que serían compensadas con las aportaciones que haría el Estado gracias a una subida del IVA.

Esta propuesta la apoyan desde el Partido Popular hasta el Socialista, que incluso llegó a introducirla en su programa electoral cuando el candidato a la presidencia era Joaquín Almunia. Tambiénla apoyan la mayor parte de los especialistas como el jefe de estudios de Funcas, ÁngelLaborda. Tal como se argumenta, las cotizaciones sociales son un impuesto sobre el empleo, por lo que habría que situarlas al mismo nivel que nuestros competidores europeos. En principio los sindicatos se oponen por entender que sería un paso hacia atrás en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social.

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