Francisco Longo: "En recesión, reformar la Administración deja de ser un asunto de funcionarios que cabe dilucidar con expertos en derecho administrativo. Dragar la charca de la función pública se ha convertido, nos guste o no, en una prioridad social."

Dragar la charca estancada de la función pública se ha convertido, nos guste o no, en una prioridad.

La crisis ha avivado, especialmente en Catalunya, las críticas empresariales al funcionamiento de la Administración Pública. Juan Rosell, presidente de Foment del Treball, ha venido siendo, en este sentido, una voz destacada. La intervención más reciente la ha protagonizado Antoni Abad, presidente de la patronal Cecot, quien ha denunciado vigorosamente la baja productividad del sector público y el efecto negativo que esto tiene en la competitividad del país. En opinión del lí- der empresarial, los funcionarios desconocen, en su comportamiento, la eficiencia, pues carecen de incentivos que los muevan a considerar los costes de lo que producen. Propugna la creación de un marco laboral único y la introducción de prácticas flexibles de personal, incluyendo el despido de quienes lo merezcan.

AUNQUE EN las críticas de los empresarios puedan deslizarse a veces aspectos discutibles, bienvenidas sean. Vienen a remover las aguas, estancadas a fuerza de inmó- viles, de un charco en el que casi nadie quiere meterse. Y menos que nadie, los políticos, quienes, como dice Abad, reconocen todos el problema en privado, pero se guardan luego mucho de afrontarlo públicamente. De entrada, hay que decir que nuestros funcionarios trabajan, en promedio y si los comparamos con los de otros países, más bien poco. El estudio de Balmaseda y Melguizo del 2007 cifraba nada menos que en un 5,7% del PIB el diferencial negativo de productividad entre el sector pú- blico español y los de la UE de 15 miembros. Pero, más allá de estas cifras, bastaría con dar un vistazo a las jornadas de trabajo pactadas en convenio por las administraciones catalanas durante los últimos 10 años. ¿Saben qué encontraríamos? Pues un proceso generalizado de reducciones de dedicación acordadas a cambio de nada. La consecuencia es que la jornada de trabajo de los empleados públicos, pagados con salarios equivalentes o superiores a sus homólogos privados, resulta, en cómputo anual, inferior a la de estos en cifras de tres dígitos. Si añadimos la rigidez introducida en los sistemas de retribución, promoción y sanción, el diferencial negativo de productividad del empleo público resulta alarmante, hablando en promedio y salvo honrosas excepciones.

Sabiendo que el gasto del sector público supera --como es normal en los países avanzados-- el 40% del PIB, es fácil constatar el pesado lastre que, en términos de productividad agregada, supone este estado de cosas para la competitividad de nuestra economía. La constatación de ese lastre nos lleva de nuevo a pensar en la crisis. Salir de la recesión obliga en nuestro caso --según diagnóstico ampliamente compartido-- a cambiar el modelo económico, y eso nos exige un fuerte incremento de la productividad. En ese contexto, reformar en profundidad la Administración Pública deja de ser un asunto de funcionarios que cabe dilucidar recurriendo a expertos en derecho administrativo. Dragar la charca estancada de la función pública se ha convertido, nos guste o no, en una prioridad social.

Otros actores económicos y sociales deberían aprovechar la brecha abierta por los empresarios en el mutismo general, dejar de mirar hacia otro lado y abordar el problema de frente. Deberían hacerlo los sindicatos que actúan en el sector público, especialmente las centrales mayoritarias, cuya transversalidad les obliga a percibir la crisis, sin anteojos corporativos, como una amenaza para el bienestar de todos. Forma parte de nuestro activo social la existencia de sindicatos que contribuyen destacadamente --y así se reconoce dentro y fuera de España-- a la buena salud económica del país. Es hora de que el discurso del desafío competitivo y la flexibilidad, asumido por ellos en las empresas, llegue también a los gobiernos y sus organizaciones. Es tiempo de acabar con ese fenómeno del tipo doctor Jekyll y míster Hyde por el que la misma central sindical juega a una cosa en el sector privado y justo a la contraria cuando se trata de servicios públicos.

Y, DESDE LUEGO,la principal responsabilidad está en el liderazgo político. Hace pocos días, Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política en Gotemburgo, insistía en la prensa española en la necesidad de profesionalizar nuestro empleo público, poniendo límites estrictos al uso de la Administración por los partidos para colocar a los suyos. Al tiempo, recordaba que los países más meritocráticos y menos corruptos, como Suecia o Nueva Zelanda, han logrado esa profesionalización aplicando prácticas flexibles de gestión de recursos humanos, similares a las que existen en las empresas. Ese es el camino seguido por muchas democracias avanzadas. Entre nosotros, sin embargo, aprisionada entre la colonización de los partidos y la captura corporativa y sindical, la función pública languidece y se aleja paulatinamente de los valores que deberían caracterizarla. Tras las críticas de los empresarios, late la necesidad social de reformas inaplazables, presididas por un impulso de regeneración moral del trabajo al servicio de todos.

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