En julio se abrirá el registro telemático del Plan de Garantía Juvenil en el que se podrán inscribir los ‘ninis’, que les permitirá acceder a un empleo o formación en un plazo máximo de cuatro meses. Los expertos piden una correcta gestión de los fondos del plan, cuyo presupuesto asciende a 6.300 millones -1.887 para España-, mientras que los políticos piden más concreción.


El primer paso de contempla la puesta en marcha del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil (PNIGJ), implantado por el Gobierno en diciembre a instancias del Consejo Europeo, es la apertura del registro telemático. La intención del plan es subsanar las deficiencias en la transición escuela-trabajo, y se dirige, fundamentalmente, a evitar que siga creciendo la cifra de jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, conocidos popularmente como ‘nini’.

Una vez estén dados de alta en el registro, los inscritos optarán una buena oferta de empleo (al menos de seis meses de duración y el 50% de la jornada ordinaria), educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo máximo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados, tal como establecen las bases del plan que el Gobierno aprobó en diciembre.

Pero quedan cuestiones pendientes que determinarán que finalmente pueda atajar las cifras de paro juvenil: la de cómo adelantar el dinero que sufragará la Unión Europea y asegurar que no se convierta en una mera declaración de intenciones.

Veinteañeros sin oportunidades en su propio país

Los menores de 25 años son uno de los grupos de población más perjudicados por la destrucción de empleo que se inició en 2007, en particular el colectivo de los jóvenes sin ocupación que tampoco estudian -conocidos en España popularmente como ‘nini’ y englobados en la 'Generación nini' o incluso 'Generación perdida': los definidos técnicamente como NEET (Not in employment, education or training). El coste de este colectivo supone un 1,31% PIB europeo, muy superior al coste efectivo de la Garantía Juvenil, estimada en un 0,33% del PIB de la Unión.

El 80% de los ‘nini’ son parados inscritos en las oficinas de desempleo y el 74% tienen entre 20 y 24 años. El 58% cuenta con experiencia laboral previa; un 16% son parados de larga duración y un 25% de los que no buscan empleo de forma activa, también están inscritos en las oficinas del antiguo INEM.

El término hace referencia a los jóvenes que dejaron pronto de estudiar, y por tanto, poco cualificados y con nula o escasa experiencia laboral, pero también figuran titulados superiores y experiencia laboral previa que quieren trabajar y no pueden. De hecho, aunque un 25% no ha terminado la ESO, el 10% ha ido a la universidad, proporciones muy similares a las de 2007.

España presenta una de las ‘tasas NEET’ más altas de la Unión Europea: cinco puntos por encima de la media y sólo por detrás de Bulgaria, Italia y Grecia. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre del año el paro entre menores de 25 años creció un 3,2% respecto al trimestre anterior, y a finales de marzo había ya 960.400 jóvenes sin empleo, 20.200 más.

De los más de 6,2 millones de parados contabilizados en España al finalizar marzo, el 15,5% son jóvenes menores de 25 años. La tasa escaló hasta el 57,22%, 2,1 puntos más que el trimestre anterior y un 4,3% respecto a marzo del año anterior, una situación muy grave teniendo en cuenta que ya a comienzos del año pasado ya se había definido la situación del paro juvenil como la mayor amenaza para marcha de la economía: su peso en el total del colectivo de jóvenes en paro ha aumentado más de 10 puntos con la crisis.

Alentador, pero lento

El Instituto de la Juventud de España (Injuve) cifra en más de 218.000 los jóvenes españoles que emigraron entre 2009 y 2013, la mayor parte al Reino Unido (105.000) y Alemania (25.000), países que captaron el 85% del «exilio juvenil» en este periodo, una salida motivada en la mayoría de los casos por la búsqueda de empleo. En cuanto a los jóvenes que están en España, de los que el 75% tiene intención "acentuada" de emigrar en algún momento, el 67,57% señala como principal motivación las expectativas laborales.

Estas cifras ponen de manifiesto la grave situación laboral de los jóvenes españoles, entre los que se ha cronificado una fuerte desconexión del mercado de trabajo, el camino más directo hacia la exclusión social, avisa Bruselas.

El pasado 2 de junio el comisario europeo de Asuntos Económicos, Oli Rehn, consideró "alentador" el plan de empleo anunciado por Gobierno, aunque su homólogo de Empleo, Asuntos Sociales e Integración de la Comisión Europea, László Andor, pidió "más ambición". "El anuncio de que se tomarán antes del verano medidas en términos de formación (para el empleo), la garantía juvenil y los servicios públicos de empleo es alentador", indicó Rehn en la rueda de prensa en la que detalló las recomendaciones específicas por país de la Comisión Europea (CE).

Aunque Andor se mostró "satisfecho" con la calidad de la implementación de la garantía juvenil en España y la CE ha animado al Gobierno a aplicar el plan "lo más rápido posible", pero subrayó que "no es una varita mágica que solucione todos los aspectos diferentes de los desafíos que muestra el mercado laboral en España". Por ello pidió implantar la Garantía Juvenil de forma íntegra y lo más rápido posible" durante un acto de la Fundación Bertelsmann en Barcelona.

El espinoso asunto de la financiación

El plan está dotado con 6.300 millones hasta que se repartirán entre las regiones europeas con porcentajes de desempleo juvenil por encima del 25%. Una tercera parte de estos fondos -1.883 millones- le corresponde a España. El problema es que este año y el que viene la UE sólo adelantará el 1% de los 1.887 millones de euros del presupuesto asignado a través del Fondo Social Europeo, por lo que deberá anticipar el 99% del coste en 2014 para ejecutarlo y sólo podrá presentarse a cofinanciación actuaciones terminadas y pagadas, una vez concluido el proceso de verificación y certificación del gasto.

El Gobierno ya planteó a Bruselas «la dificultad de programar en 2014 y 2015 más de 1.880 millones de euros en función de ayuda sólo para el cumplimiento de la Iniciativa de Empleo Juvenil de forma compatible con el compromiso de cumplimiento del objetivo de déficit».

Ante esta situación, planteó dos alternativas: recibir los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil se reciban por adelantado, sin tener, por tanto, que esperar a que las acciones se finalicen y se verifiquen, y considerar el cumplimiento de la Garantía Juvenil como un objetivo prioritario de la Unión Europea, lo que permitiría que lo que se gaste para financiarlo no computen a efectos de déficit público y poder cumplir así con los requisitos de Bruselas en este sentido.

Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, también ve necesario situar el problema del desempleo juvenil como prioritario en la agenda política y social y establecer un acuerdo integral que comprenda a todos los actores económicos y sociales implicados, según apuntó en un encuentro que la Fundación Bertelsmann organizó en Madrid con varios candidatos de los principales partidos políticos a las elecciones europeas, unos días antes de la celebración de los comicios.

La portavoz del Partido Popular en Barakaldo Zoe Nubla admitió, de hecho, que a las puertas de la apertura del registro telemático todavía existe "gran confusión" en las autonomías respecto a cómo implantarlo. «Las políticas de empleo van a cargo de las autonomías no hay claridad» admitió.

Confusión e inconcreciones

Además de la espinosa cuestión del reparto de fondos, días antes de la fecha prevista para abrir el registro existen todavía dudas fundamentales. Están definidas las líneas maestras, pero quedan por definir cuestiones fundamentales como la del plazo desde el que se empezará a contar para asegurar los cuatro meses de transición hacia el empleo o la formación.

Según lo que se sabe hasta ahora, se contará desde el momento de la inscripción a quienes figuren como demandantes de empleo, pero todavía no se ha establecido cuál será el momento explícito el punto de partida para el plazo de atención.

Nubla espera que cuando los jóvenes puedan ya inscribirse, las instituciones sepan "qué pueden esperar y qué tienen que hacer" y cree que Gobierno hará "alguna recomendación" a las autonomías para que no se abra una brecha de diferencias entre los jóvenes dependiendo en la región en que vivan.

Señaló que "más fondos no dan mejores resultados" y la filosofía del plan es "hacer más con menos", por lo que apuesta por una mayor coordinación entre los servicios públicos de empleo y la Red Eures para incrementar las posibilidades de éxito del plan y por fomentar a los emprendedores, para que quien tenga una idea la pueda poner en marcha.

Juan Ramón Ferreira, secretario de Cooperación, Participación y Ciudadanía en Red del PSOE de Extremadura, hizo dos críticas al plan: lo ve como "un parche" que no da solución a los problemas, algo en lo que, en su opinión, también incurre el resto de la Unión Europea. Recuerda que la partida europea de 21.000 millones que recomendaba la Organización Internacional del Trabajo hasta 2020 se ha reducido finalmente a 6.000 millones en dos años.

Además, el socialista ha advertido del "peligro" de que "las comunidades autónomas destinen esos fondos a hacer lo mismo que se hacía antes pero con otro nombre", es decir, para justificar las partidas presupuestarias para fomento del empleo, y cree que es una equivocación repartir los fondos a las autonomías según el ratio de habitantes y no del porcentaje de paro. "El Plan no abordará de forma excepcional algo que sí lo es. Esa es la prioridad, pero también que se aborde de forma conjunta". Para Ferreira, debería pasar por grupos de acción local que gestionen los fondos estructurales.

Por su parte, el responsable adjunto de Políticas Institucionales de Izquierda Unida, Tasio Oliver tildó el plan de "chapuza" que deja "muchas zonas en negro", en especial lo referente a la gestión de los fondos ya que "a estas alturas no se sabe quién los gestiona, para qué son y hasta dónde llegan". Oliver mostró su "extrañeza" por la falta de concreción. Oliver cree que lo realmente efectivo sería poner en marcha una estrategia europea de inversiones del fomento del empleo a través de los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

«No falta formación, sino tejido productivo», explicó. «Fomentando la industrialización en energías renovables, economía social, electrónica y comunicación e industria endógena, tal como propone la Federación Europea de Sindicatos, con lo que se podrían crear 11 millones de empleos». Según este político, «el problema es que se ha descapitalizado lo sistema de empleo. «No estamos de acuerdo con la transferencia del fomento del empleo al sector privado», señaló.

La senadora de CiU María Rieradevall i Tarrés también lamentó que ante un tema "tan importante" el Gobierno no haya perfilado un plan más concreto, ya que sólo cuenta con «líneas genéricas», pero también ha criticado el sistema obligue a las autonomías a adelantar el dinero, "en una situación de déficit".

Para la responsable de Comunicación, Expansión y Nuevas Tecnologías de UPyD Beatriz Becerra, el Plan no es más que "una declaración de intenciones" y ha augurado que la ejecución será "muy complicada" debido a la dispersión de responsabilidades y la duplicidad administrativa que existe en nuestro país. Además, añadió Bruselas debería tener más capacidad para decidir y sancionar y hacer un seguimiento riguroso del cumplimiento de los objetivos que se persiguen.

Regalar la inversión en formación a otros países

Belil puntualizó que ahora, en lo que hay que pensar es en cómo convertir el dinero que se nos ha asignado en mejoras sociales contra el paro juvenil y yendo más allá de las políticas económicas, cree que la mejora del empleo entre los jóvenes requiere un enfoque integral.

«Es una cuestión social y no sólo económica, hay que adecuar los centros educativos a las necesidades del tejido empresarial, enfocar la educación hacia nuevas tecnologías, verdes, la dependencia, promover la innovación y la sostenibilidad y sancionar al que no cumpla, poner en marcha el aprendizaje e impulsar la Formación Profesional y repensar la relación de los jóvenes con su futuro trabajo».

«Más allá del factor individual está el factor social», concluyó: «¿Qué necesita la sociedad? Si el criterio para estudiar es sólo la vocación, habrá muchos profesionales bien formados, pero sin opción de trabajar en España, lo que genera una doble consecuencia funesta: la frustración personal y las pérdidas de inversión en el país», algo que comparte Rieradevall, quien señaló que «estamos regalando la inversión en formación a otros países».

«No es una cuestión sólo económica, sino también social: hay que adecuar los centros educativos a las necesidades del tejido empresarial, enfocar la educación hacia nuevas tecnologías, verdes, la dependencia, promover la innovación y la sostenibilidad y sancionar al que no cumpla, poner en marcha el aprendizaje, impulsar la Formación Profesional y repensar la relación de los jóvenes con su futuro trabajo».

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