Las modificaciones legislativas introducidas hace un año y medio por la reforma laboral modifican la forma de negociar de los convenios llevando al incremento de sueldos menor en 13 años, un 0,6%. A cerca de 160.000 trabajadores se les han modificado las condiciones laborales debido a la reforma.


Los convenios colectivos firmados el año pasado registraron el menor incremento salarial de la serie histórica que arranca en el 2000. Fue de un 0,57%. Ese proceso fue esencialmente por el profundo cambio introducido en la negociación colectiva en la reforma laboral de julio del 2012 que ha modificado la forma en la que se relacionan las empresas con sus empleados. Ahora, la compañía puede de manera unilateral –siempre dentro de derecho– modificar las condiciones laborales de sus trabajadores o dejar sin efecto un convenio cuando este ha perdido su vigencia.

Por lo tanto, los trabajadores o sus representantes se ven obligados a aceptar determinadas condiciones que hace sólo un año serían impensables a la hora de negociar. Como muestra, sólo en el 2013 a 159.550 trabajadores se les modificaron las condiciones de trabajo que tenían pactadas anteriormente por una decisión unilateral del empleador. Es lo que se denomina en el argot laboral el descuelgue. En el 94% de los casos, el descuelgue o modificación de las condiciones laborales hacían referencia a la cuantía salarial pactada con anterioridad. Esos cambios que esencialmente van enfocados a bajar el sueldo a los trabajadores hubieran sido imposibles sin el nuevo marco legal fijado en el 2012.

En el caso de los convenios colectivos de empresas la subida pactada en el 2013 aún ha sido inferior al resto, del 0,37%. El socio de Garrigues, Rafa Ortiz, afirma que “un efecto indirecto de la reforma” es la presión a la baja de los aumentos salariales. El abogado especialista en conflictos laborales considera que las nuevas herramientas que da la legislación a las empresas para modificar condiciones facilita revisiones salariales muy bajas. “Es normal esa devaluación para aumentar la competitividad de las empresas”, añade.

Lo sorprendente es que la subida salarial pactada en convenios para el 2013 es incluso superior al IPC, que ha quedado en el 0,3% anual. Una posible explicación es que una parte importante de ese menor incremento del IPC es precisamente consecuencia de la caída de los salarios.

José Cachinero, de CC.OO. Catalunya, añade que las cifras de incrementos pactados de salarios son engañosas porque no tienen en cuenta aquellos empleados a los que se les rebajado el sueldo vía descuelgue de convenios. Por lo tanto, a su juicio, el incremento es en ocasiones una rebaja. Adicionalmente, esas medidas que permitían modificar condiciones laborales en las empresas perseguían también sustituir lo que se denomina flexibilidad externa (despidos) por la interna (ajustes de salarios, de condiciones laborales, etcétera).

En este punto es donde hay más dudas sobre su eficacia. Cuando en el mes de julio del 2012 entró en vigor la reforma laboral, en España había 5,7 millones de parados, lo que equivale a una tasa de desempleo del 24,6%. Hoy esa tasa es del 25,9% y las personas sin empleo han crecido hasta los 5,9 millones. Los profundo cambios legislativos introducidos por el Gobierno del PP no han frenado la sangría del, paro que ha seguido creciendo.

No obstante, algunos investigadores como Marcel Jansen, de Fedea y de la Universidad Autónoma de Madrid, sostienen que “la reforma ha ayudado a que la caída del empleo haya sido menor que la habría habido sin ella”. Es una posición que se defiende también en un estudio de la OCDE del mes de diciembre. En cambio, Ángel Laborda, director de coyuntura de Funcas, es más escéptico: “Es complicado de decir porque faltan estudios y variables”.

Laborda sí que piensa que “se ha dado lo que denominamos el efecto J puesto que el efecto inicial fue destruir empleo pero sí que ahora puede tener un efecto positivo”. A su juicio, cuando se aprobó la reforma hubo algunas empresas que no llevaban a cabo procesos de regulación de empleo por sus altos costes que activaron esos mecanismos con los cambios.

Para los sindicatos, en cambio, los efectos perjudiciales de la reforma son permanentes al facilitarse los despidos y los descuelgues de convenios. José Cachinero, de CC.OO., cree que “no se crea empleo, sino que se reparte: se despide a un empleado fijo que trabajaba ocho horas y se contrata a dos temporales por menos sueldo”. Joan Pujol, secretario general de Foment, recuerda que “lo que crea empleo no es una reforma sino que la economía mejore. Lo que sí permitirá la reforma es que con un crecimiento más bajo se pueda crear más empleo”.

Con los datos en la mano se comprueba también que el año pasado hubo una paulatina sustitución de los convenios colectivos de ámbito general en detrimento de los de empresa. Mientras en el 2011, el 9,8% de los trabajadores que firmaron un convenio nuevo este era de empresa, el año pasado el porcentaje bajó hasta al 6,4%. En un convenio de empresa, la plantilla puede negociar cláusulas específicas para su actividad normal que, en cambio, en el convenio de ámbito más general desaparecen.

Más allá de los datos macro y en frío, otro posible balance de la reforma se puede obtener de analizar algunos casos laborales que no se habrían dado sin que hubiera esas modificaciones legislativas, explica Camil Ros, de UGT. En el tema de la regulación laboral, a juicio de Ros el más claro es el de la radiotelevisión valenciana, donde un juez tumbó el ERE (expediente de regulación de empleo) por considerar que no se ajustaba a la ley. El sindicalista señala que la eliminación de la autorización administrativa previa es lo que ha provocado que los controles sobre la legalidad de los procesos sea más precario generando una judicialización de los ERE. Rafael Ortiz coincide que, con la legislación anterior, “Canal 9 no hubiera cerrado” y añade que “la autorización administrativa previa se usaba como una forma de política de empleo por parte de los gobiernos autonómicos y centrales”. Como era la Administración la que tenía que autorizar el ERE, siempre se preocupaba de que las dos partes llegaran a un acuerdo y fuera pactado.

En el ámbito de la negociación colectiva, un ejemplo es la situación vivida en el convenio de transportes de Barcelona, donde después de acabarse la ultraactividad del convenio (vigencia del acuerdo más una prorroga de un año) se intentó dejar sin convenio. A través de los juzgados se bloqueó, explica Camil Ros. Este es un contencioso que hubiera sido casi imposible con la regulación anterior. Algunas empresas del sector del transporte de Barcelona sí que llegaron a enviar cartas a sus trabajadores advirtiéndoles que dejaba de tener vigencia el convenio y que a partir de ese momento se regirían por el Estatuto de los Trabajadores y su sueldo se reduciría hasta el equivalente del salario mínimo interprofesional (SMI). Al final, la sangre no llegó al río por la judicialización del conflicto.

El abogado Rafel Ortiz relativiza el riesgo de que un empleado se quede sin la cobertura de un convenio cuando este expira su vigencia. “Aunque no hay jurisprudencia, la mayoría de las sentencias sobre esta cuestión mantiene la validez del convenio anterior”.

Joan Pujol, de Foment, ironiza que la puesta en marcha de la ultraactividad “no ha sido el fin del mundo”. El representante de la patronal asegura que “a las empresas no les interesa quedarse sin convenio colectivo” pero “sí que quieren adaptarse a la realidad de la vida”.

La parte positiva de la reforma es que, pese a las modificaciones, el acuerdo y el pacto sigue siendo el sistema mayoritario para solucionar los problemas entre las empresas y sus empleados. Al menos en las grandes. Aunque no volverá la situación anterior, la presión sobre los salarios se relajará cuando la economía mejore. El mercado necesita trabajadores que a la vez sean buenos consumidores.



El futuro pasa por cambios en la contratación

Cuando no hace ni un año y medio que se puso en marcha la reforma laboral, diferentes instituciones piden una segunda vuelta centrada especialmente en cambios en al contratación. Esta misma semana el Eurogrupo, por boca del presidente Joroen Dijsselbloem, pidió esa vuelta de tuerca. El viernes, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, aseguró desde Madrid que “la reforma laboral parece haber sido eficaz, especialmente en la flexibilidad interna de las empresas y la moderación salarial”. El presidente de la Comisión apuntó la necesidad de avanzar en la reducción de las diferencias entre trabajadores temporales e indefinidos, así como en la liberalización de los servicios profesionales. “No hablo de una nueva reforma laboral”, puntualizó el político portugués.

Precisamente, una de las medidas que más se repiten es la de simplificación de los modelos de contratación. Fedea, por ejemplo, propone un único contacto indefinido que aumente la indemnización en caso de despido. Joan Pujol, de Foment, considera que los contratos deben ser los reales y sólo utilizarse el temporal cuando el trabajo sea realmente con fecha de caducidad. Para el resto, la propuesta es que sea un contrato de carácter indefinido pero con una indemnización incluso menor que la actual, rebajada ya con la reforma laboral. El investigador de Fedea, Marcel Jensen, cree que en España los agentes sociales están demasiado preocupados por los salarios de los trabajadores que ya están en activo pero no tanto por los parados y recuerda que el desempleo es el principal riesgo del país. Los sindicatos se defienden que de lo que están en contra es de “tener que trabajar para ser pobres” y piden dignidad.

El riesgo real que existe es que la sociedad acabe partidas en dos mitades: uno con salarios más o menos altos pero con trabajo y otro de los desempleados sin nada. La previsión del Gobierno central revisada esta semana para este año de la recuperación es que uno de cada cuatro trabajadores siga sin empleo.

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