El presidente francés ensaya el principio nórdico de la "flexiseguridad". El problema de fondo ha residido hasta ahora en la rigidez y dualidad del mercado laboral, enormemente protector para quienes tienen un trabajo estable y penalizador para todos los demás, condenados a alternar empleos temporales y precarios con temporadas en el paro.

 

"Una cosa son las previsiones y otra la voluntad". Con estas palabras, François Hollande reiteraba por enésima vez el viernes su objetivo-promesa de invertir a finales de este año la curva del paro en Francia, donde no ha cesado de crecer desde el inicio de la crisis. Inasequible al desaliento y a las cifras, el presidente francés reaccionaba a la publicación de la última nota de coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee), que vaticinaba que el desempleo, lejos de descender, aumentará todavía a lo largo de todo el 2013 en 113.000 personas, hasta alcanzar a finales de año el 11,1% de la población activa, nivel que no se alcanza desde el año 1996.

No es sólo el Insee quien pinta negras perspectivas para el empleo en Francia. La Comisión Europea, el FMI, la OCDE... todos los observadores internacionales enfrían de forma regular el optimismo oficial del Elíseo. Con un crecimiento nulo o incluso ligeramente negativo en el 2013, por segundo año consecutivo, las perspectivas de que Francia remonte la pendiente del empleo este año son harto improbables.

El último dato del paro en Francia lo sitúa en el 10,6%, una media que, al igual que en otros países, oculta la especial gravedad del problema entre los jóvenes de 15 a 24 años, donde el desempleo roza el 26% y alcanza puntas escalofriantes del 40% y más en los barrios marginales de las banlieues. Más de tres millones de franceses están sin trabajo, cifra que alcanza los cinco millones si se suman los que mantienen una actividad reducida y buscan empleo a tiempo completo.

¿La culpa es de la crisis? Naturalmente, la culpa es de la crisis. Pero no del todo. Desde el 2008, el paro ha aumentado en Francia sólo tres puntos, un impacto más limitado que en el conjunto de los países de la OCDE -debido al gran peso del sector público-, pero que se está revelando asimismo más duradero. El problema es que el desempleo ya era anormalmente elevado en vísperas del estallido.

Hay que decir que Francia, con la fecundidad más dinámica del continente -un aspecto que tiende a olvidarse cuando se hacen comparaciones con otros países europeos-, afronta dificultades suplementarias para reducir el índice de paro. A diferencia de Alemania, por ejemplo, un país confrontado a un preocupante declive demográfico, en Francia cada año se incorporan 150.000 personas nuevas al mercado de trabajo.

Pero el problema de fondo reside en la rigidez y dualidad del mercado laboral, enormemente protector para quienes tienen un trabajo estable y penalizador para todos los demás, condenados a alternar empleos temporales y precarios con temporadas en el paro.

Durante los llamados Treinta Gloriosos, que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el paro osciló en Francia entre el 3% y el 5%, una proporción que acostumbra a equipararse al pleno empleo. Esa tendencia cambió, sin embargo, en el albor de los años ochenta. Desde entonces, el desempleo nunca ha descendido del 7%, situándose por lo general entre el 8% y el 9%, con puntas como las alcanzadas a mediados de los noventa. El paro masivo se ha convertido en Francia en un problema estructural, que no han conseguido reducir ni la famosa y controvertida implantación de la semana laboral de 35 horas ni otras medidas parciales como los contratos subvencionados por el Estado para jóvenes sin formación -que introdujo Lionel Jospin y ha recuperado François Hollande- o el nuevo contrato-generación, que a base de estímulos fiscales busca asociar la contratación de un joven con el mantenimiento de un sénior.

La cuestión central, la reforma del mercado laboral con el fin de darle una mayor flexibilidad, había sido siempre postergada. Hasta ahora. Porque lo que Nicolas Sarkozy no se atrevió a abordar durante su quinquenato, lo ha hecho Hollande, en línea con el principio nórdico de la "flexiseguridad". Fiel a su método, el presidente francés propició un pacto nacional entre la patronal y la mayoría de los sindicatos -alcanzado el pasado mes de enero, con la oposición de dos centrales, CGT y FO- y después tramitó un proyecto de ley para poner el acuerdo negro sobre blanco.

La llamada ley de Securización del Empleo, aprobada en mayo y avalada por el Consejo Constitucional hace escasos días, abre la posibilidad de que las empresas en dificultades pacten con los sindicatos una reducción temporal de la jornada laboral o de los salarios a cambio de no despedir -dichos acuerdos no podrán exceder el plazo de dos años-; facilita en caso de crisis la movilidad interna de los asalariados, y simplifica los procedimientos de despido colectivo e individual.

A cambio, los trabajadores obtienen la garantía de que todas las empresas, lo que no era el caso hasta ahora, ofrezcan a sus empleados una cobertura sanitaria complementaria a través de una mutua -el Estado no reembolsa en Francia todos los gastos médicos, a excepción de las personas de rentas más bajas-; una regulación más estricta de los contratos a tiempo parcial para evitar los abusos, y el mantenimiento del derecho al subsidio de paro que no haya sido gastado.

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