Miles de convenios decaen en menos de dos meses y para cerca de 6 millones de trabajadores eso supone que se pondrá el contador a cero en sus derechos laborales. A partir del 8 de julio se les aplicará el convenio del sector o los derechos mínimos del Estatuto de los Trabajadores.

Los pluses de mejora de los salarios, días de vacaciones, ordenación de la jornada y demás mejoras en las condiciones de trabajo quedarán eliminados.

El motivo es que el 8 de julio se cumple el primer aniversario de la reforma laboral y esto supone que se anulan los primeros convenios colectivos denunciados, que llevan un año en ultraactividad. Es decir, los que han vencido pero no han podido ser renovados porque las partes negociadoras -la empresa y los representantes de sus trabajadores- no han logrado ponerse de acuerdo.

Ante esta situación caben dos escenarios. El primero es que el convenio de empresa se anule y automáticamente las condiciones de trabajo pasarían a regirse por el convenio sectorial. La segunda opción es que solo se garanticen las condiciones mínimas impuestas por el Estatuto de los Trabajadores.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, propondrá a los agentes sociales un código de buenas prácticas para resolver esta situación con la mayor eficacia y evitar los abusos que pudieran producirse. Los sindicatos han lanzado la voz de alarma y quieren aprovechar el efecto de la noticia para forzar un cambio en la reforma laboral y eliminar la anulación de la ultraactividad. Sin embargo, el Ministerio no tiene ni la menor intención, ya que es uno de los puntales de la reforma laboral aprobada hace casi un año y además, la Comisión Europea está exigiendo resultados concretos para calibrar si fuerza una nueva segunda reforma. De momento solo ha pedido resultados y cambios en las políticas activas para impulsar la creación de empleo.

La CEOE considera que para las empresas es vital que no haya ultraactividad porque es la única forma de forzar la negociación y adaptar las condiciones de trabajo al ciclo económico. Además recuerda que “es un concepto garantista heredado de la regulación franquista que no existe en ningún país de Europa”. Según explican fuentes de la patronal, “durante la crisis han desaparecido más de 300.000 empresas y las estadísticas no se han depurado aún. Ahora hay menos unidades de negociación. Mucho peor que eliminar un convenio es que no se cumpla porque no se adapta a la realidad”. Abogados y expertos coinciden en que la negociación colectiva solo afecta ya al 40% de los trabajadores.

Los convenios tienen eficacia normativa, lo que significa que tienen rango de ley, y son negociados tras la denuncia de una las partes en previsión de su vencimiento. Hasta la reforma laboral su vigencia finalizaba el día que vencía, pero si no se llegaba a un acuerdo no pasaba nada porque seguía vigente (ultraactividad). Además, solo se podía negociar sobre los elementos denunciados del convenio. Esta situación hizo que se prorrogaran los convenios año tras año, acumulando derechos que ni siquiera se ajustan a los cambios en las condiciones laborales forzados por la tecnología, como ha denunciado Fedea.

De acuerdo con los datos del Boletín de Estadísticas Laborales que elabora el Ministerio de Empleo, el número de convenios y de trabajadores afectados por la negociación colectiva se ha reducido drásticamente. En 2007 había 6.016 convenios que afectaban a 1,413 millones de empresas y 11,606 millones de trabajadores. En diciembre de 2012 se habían registrado solo 2.611 convenios que afectaban a 6,078 millones de trabajadores y 685 empresas.

Aunque todos los expertos coinciden que esta encuesta es “sustancialmente mejorable”, no hay duda, como afirma el Banco de España en su Boletín Económico que “la negociación colectiva sufre el mayor retraso de los últimos 18 años”. Los datos del número de convenios registrados hasta finales de marzo indican que hay 300 con efectos económicos en 2013, que afectan a 1,152 millones de trabajadores. En 2012 las cifras respectivas eran de 2.187 convenios y 5,015 millones de trabajadores. Para los sindicatos, no hay duda que el retraso se produce porque las empresas no quieren negociar y están esperando a que llegue julio para hacer tabla rasa con los derechos adquiridos, lo que permitiría de golpe una fuerte reducción de salarios y una flexibilización de las condiciones de trabajo.

 



Un negocio de 3.500 millones


La negociación de los convenios es una de las principales vías de ingresos de las organizaciones empresariales y sindicales. El profesor Juan José Dolado, uno de los mayores expertos en la materia , ha estimado en sus trabajos que de la CEOE dependían directa o indirectamente al inicio de la crisis para negociar convenios cerca de 30.000 personas y de los sindicatos 50.000. En conjunto mueven 3.500 millones al año.

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