El Tribunal Constitucional (TC) dictó ayer (10 de abril) una sentencia que eleva el listón de los derechos de los contratos a tiempo parcial. El caso resuelto se refiere al cobro de una pensión contributiva, inicialmente denegada. El TC cree que no había motivo para ello y sube el techo del reconocimiento de derechos a dichas modalidades de contrato amparándose en recientes resoluciones de la justicia europea.

 

En parte, por tanto, se repite la historia con el precedente de los desahucios, en que una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia abrió el camino para que los jueces españoles frenaran las ejecuciones hipotecarias basadas en contratos con cláusulas abusivas. En el caso ahora resuelto, en cambio, se trataba de evitar una discriminación, la que suponía que el tiempo trabajado en función de un contrato temporal generara menos derechos por el hecho de tener esa limitación.

La sentencia razona, por otra parte, que esa discriminación iba a ser sufrida doblemente por las mujeres, porque es más frecuente que sean ellas las contratadas a tiempo parcial. El TC, en suma, ha actuado con una sensibilidad especial para no perjudicar al colectivo laboral femenino en un asunto que, a priori, afecta por igual a hombres y mujeres.

Basándose en todos estos razonamientos, el Constitucional declara “inconstitucional y nulo” el sistema por el que se venían calculando los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial cuando se solicita el cobro de una pensión contributiva. Este método de cómputo está vigente en la ley general de Seguridad Social desde 1998. El Constitucional ha dictado esta sentencia a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), derivada a su vez del caso de una trabajadora, M.S.N, a la que le fue denegada una pensión contributiva de jubilación por no haber reunido el periodo mínimo de cotización de 15 años exigido. La mujer tenía 18 años de cotización, 11 de ellos trabajados en jornada a tiempo parcial.

El Gobierno reaccionó al fallo diciendo que por las “importantes repercusiones” que el fallo tiene sobre la Seguridad Social estudiará alternativas con los agentes sociales y los grupos parlamentarios. El Ministerio de Empleo manifestó que la sentencia, pendiente desde el año 2003, no afecta a quienes habiéndosele denegado la pensión ya plantearon la cuestión ante los tribunales y tienen una resolución judicial firme. A su vez, el secretario confederal de Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravo, dijo que la sentencia tiene un gran alcance, ya que las reglas que antes eran de aplicación han dejado de serlo desde el momento en el que el TC las ha declarado nulas.

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