La búsqueda de empleo mediante las agencias de colocación privadas no acaba de arrancar pese a que las dos reformas laborales les han dado alas en la creencia de que la intermediación privada en el mercado laboral ayudaría a rebajar las dramáticas cifras del paro.


No es por la falta de interés de las casi 700 agencias de colocación que hay registradas en el Ministerio de Empleo, sino porque aún no hay directrices generales ni, lo que es más importante, convenios de colaboración que permitan lanzar esta actividad que en otros países europeos es habitual y que los sectores empresariales y políticos conservadores las han promocionado como una panacea.

Dos problemas pesan sobre esta inacción: el bajo presupuesto y la ausencia de convenios. El Gobierno ha presupuestado para este año 20 millones de euros para esta intermediación privada, pero las empresas del sector los consideran escasos si se tiene en cuenta que hay 17 comunidades autónomas, que serán las competentes para gestionar este servicio.

DIAGNÓSTICO / Lorenzo Rivarés, portavoz de Asempleo, la patronal que agrupa a las firmas más importantes del sector, asegura que cada autonomía tiene ya sacada la foto de su población de desempleados, la formación que tienen y sus posibilidades de reincorporación al mercado laboral. Es decir, están a la espera del pistoletazo de salida.

El Ejecutivo tendría que aprobar un acuerdo-marco para toda España que luego deben desarrollar las comunidades autónomas. Aunque estas directrices estén listas en un par de meses las empresas calculan que se necesitará un año para ver los frutos de su gestión.

De momento, las agencias de colocación allanan el camino con contactos con las consejerías de empleo autonómicas. Hacen proyectos piloto para tener la maquinaria engrasada y conocer mediante los servicios públicos de empleo las necesidades para reorientar a los parados o para buscar empleo adecuado, al tiempo que las autonomías conocen la efectividad de las agencias para encontrar empleo. Con el fin de lanzarse al mercado en cuanto los convenios estén listos, Randstad, una de las firmas con más implantación en el sector, asegura que ha intermediado «virtualmente» con unos 10.000 parados, según su director de relaciones institucionales, Luis Pérez.

TODOS LOS CONTRATOS / «Para poder operar con toda nuestra capacidad necesitamos poder intervenir en todas las modalidades de contratos que hay en el mercado laboral», señala Pérez. Así pone sobre la mesa una queja del sector para que se levante el veto que tienen a operar en los contratos de formación, aprendizaje, en prácticas y de emprendedores, entre otros. Además asegura que los servicios privados de empleo contribuyen a reducir el trabajo irregular, basándose en la experiencia de otros países europeos, sobre todo en el sector doméstico.

La última reforma laboral ya permite la intervención de las agencias de colocación incluso en el sector público. Pero en esta materia tampoco hay desarrollo reglamentario.

LAS TARIFAS
/ El escaso presupuesto, unido a lo que cobrarían estas agencias por la intermediación son otros de los obstáculos, ahora más evidentes por la crisis económica.

Hace unos días el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al presentar el enésimo plan contra el desempleo, aseguró que estas agencias «cobrarán a éxito».

¿Qué quiere decir esto? Ahora estas firmas cobran del servicio estatal de empleo (SEPE) pero la factura no se vincula a que el trabajador o trabajadores tengan entrada definitiva en el mercado laboral o al tramo de preparación de que dispongan o que hayan recibido. Asempleo ha entregado al Ministerio de Empleo una propuesta española de tarifas inspiradas en el modelo británico.

Aún a riesgo de equivocarse, Rivarés cuantifica el ahorro a las arcas públicas en un 400% y lo justifica así: «Al trabajador ya no se le pagaría la prestación por desempleo, ni las políticas activas, y en cambio aportaría riqueza con más consumo y el pago de impuestos».

 

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