Santiago Lago Peñas: "Lo que verdaderamente necesita nuestra Administración no es adelgazamiento y vilipendio. Lo que necesita son reformas que eviten solapamientos competenciales y tamaños administrativos ineficientes, como el de numerosos municipios".


¿Existen demasiados empleados públicos en España? La respuesta a esta pregunta debe partir de la comparación con otros países de nuestro entorno. En España finalizamos 2012 con un empleo público equivalente al 12,7% de la población activa; y bajando en picado, fruto de los procesos de ajuste en municipios y Administraciones autonómicas. Probablemente acabemos 2013 cerca del 12%. La media de los países de la OCDE se sitúa en el entorno del 15% desde hace una década. Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos o los países nórdicos se encuentran con ratios claramente superiores a España. Y no hay que perder de vista que en nuestro país la provisión de sanidad y educación por funcionarios es la norma. Lo que en otros países está privatizado, aquí se realiza por organizaciones de carácter público, desde centros universitarios hasta hospitales.

¿Suponen los empleados públicos un coste insoportable para la economía española? De nuevo, vayamos a las cifras. Según la OCDE, en 2010 los gastos de personal en el conjunto de los países miembros equivalían al 11,3% de su PIB. España estaba ligeramente por encima (11,9%). No obstante, las cosas han cambiado sustancialmente desde entonces. Las sucesivas rebajas salariales y fuertes reducciones de efectivos desde finales de 2011 están haciendo caer muy rápidamente esta cifra. Según las previsiones hechas públicas por el Gobierno, en 2013 nos situaremos en el 10,3%, para acabar 2014 en el 9,6% del PIB. Aunque otros países están ajustando a la baja, pocos lo están haciendo al ritmo de España.

¿Trabajan poco los empleados públicos españoles? En este caso, las cifras disponibles están sujetas a un mayor margen de error y hay que moverse con más prudencia en las comparaciones internacionales. Con estas cautelas en mente, cuando cotejamos España con los países de la OCDE, los análisis destacan una jornada semanal ligeramente inferior a la media y, sobre todo, el elevado número de días festivos aparte de las vacaciones; si bien en este caso esto es aplicable igual a los trabajadores del sector privado. Las reducciones de días de libre disposición y las ampliaciones horarias aprobadas en los últimos meses van a hacer converger el número de horas efectivas de trabajo de los empleados públicos hacia la media de los países de la OCDE en 2013. Finalmente, sobre el absentismo laboral sabemos poco con certeza. Aparentemente, el problema es más grave en España que en el conjunto de la OCDE y más intenso en el sector público que en el privado; si bien desde 2011, y según las encuestas del INE, esta diferencia se está difuminando.

Lo malo es que la mayor parte de las discusiones se agotan aquí, en la mitología; incluso las protagonizadas por personas que en principio nos deberían liderar y ofrecer soluciones y estrategias. Porque lo que verdaderamente necesita nuestra Administración no es adelgazamiento y vilipendio. Lo que necesita son reformas que eviten solapamientos competenciales y tamaños administrativos ineficientes, como el de numerosos municipios; que simplifiquen la reglamentación procelosa y lenta: hay que pensar más en los administrados; que reciclen e incentiven a sus recursos humanos; que permitan organizar los medios disponibles con mayor libertad y eficiencia, dando más responsabilidad y poder a quienes están al frente de los departamentos; que revisen los sistemas retributivos, como se viene haciendo en otros países desde hace tiempo y en algunas agencias españolas que funcionan bien; etcétera.

En definitiva, hay que reformar la Administración pública desde el conocimiento fundado y respetuoso de sus deficiencias e iluminados por experiencias internacionales que están funcionando.

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