El informe anual de la OCDE presentado en Moscú aconseja a España que sólo pague el subsidio de desempleo a aquellos parados que busquen trabajo. Sin embargo algunos expertos creen que la medida es ineficaz en un mercado sin oferta. El estado, de hecho, ya cuenta con una base legal similar a la propuesta por la organización, pero no se aplica.


La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a España que pague el subsidio de desempleo sólo a aquellos parados que busquen trabajo. Es una reclamación histórica por parte de determinados economistas y políticos de posiciones liberales. Aunque técnicamente es una condición que ya prevé la legislación española no se aplica. Las recomendaciones de la OCDE forman parte del informe anual “Apuesta por el crecimiento”, presentado ayer en Moscú. En concreto, el organismo internacional recomienda a España seguir “de manera más cercana los esfuerzos de búsqueda de empleo de los beneficiarios de prestaciones y vincular los pagos de beneficios a los resultados”. “Estas recomendaciones forman parte de unas perspectivas liberales según las cuales, el problema es la falta de voluntad para buscar trabajo. Esto podía ser cierto hasta los años 2007-2009 cuando había dos millones de desempleados y oferta de trabajo. En la situación actual una medida de este tipo no tendría ningún efecto porque no hay oferta”, explicó ayer el catedrático de Economía Aplicada de la UAB, Josep Oliver.

El catedrático de Esade Law School, Salvador del Rey, avisa que “no es una cuestión de marco jurídico porque ya hay esa obligación legal, por lo que yo creo que la OCDE a lo que se refiere es que hay que perfeccionar el sistema” con la mejora de los itinerarios laborales y el seguimiento de cada desempleado. De hecho, en el mencionado informe, la OCDE considera que “la baja efectividad de los servicios públicos de empleo frena” la colocación de los desempleados en el mercado de trabajo. Además, el aumento del paro provoca que el gasto en políticas activas por habitante sea menor que en otros países, como se aprecia en el gráfico adjunto. El catedrático de la UAB sí que cree que antes del 2007 podría ser buena una opción la que proponía la OCDE ya que recuerda que en los años del boom económico “se producía la paradoja de importar mano de obra inmigrante cuando había desempleados en España y eso era porque había una falta de movilidad regional”. Salvador del Rey explica que “nuestro problema es que el sistema público de empleo es eminentemente de carácter pasivo y no tanto activo”.

Desde Moscú, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, alabó los esfuerzos realizados hasta ahora por las autoridades españolas para salir de la crisis: “España ha hecho los deberes y ahora empieza a ver los primeros resultados. Ha caído la presión de los mercados”, informa Efe. La presentación del estudio coincidió con la apertura de la reunión de los ministros de Economía del G20.

La OCDE también pide flexibilizar los salarios y vincularlos a las condiciones económicas de cada momento y no a los convenios colectivos o sectoriales. Los expertos del organismo felicitan a España por las medidas adoptadas en este sentido en el 2012, una de las cuales introduce el arbitraje obligatorio en la negociación de nuevos convenios.

No obstante, la OCDE recomienda eliminar la prórroga de los convenios caducados cuando las partes no lleguen a un acuerdo para su renovación, fijado en un año.La OCDE también aconseja crear un contrato único “cuya indemnización de despido sea inicialmente baja, pero que aumente gradualmente”. El organismo subraya que “las grandes diferencias de protección al empleo que existen entre los contratos fijos y temporales dañan las perspectivas de empleo, especialmente entre los jóvenes”. Por otra parte, considera que las administraciones españolas deben reducir e incluso eliminar las barreras de acceso a algunos mercados de servicios como transportes o comercio:. “Las barreras para el acceso frenan la productividad y la creación de empleo”, agrega. La OCDE recomienda “reducir las restricciones” de comercio al por menor a las grandes superficies, “desregular los horarios comerciales en todo el país, reducir los requisitos específicos de cualificación en los servicios profesionales” y mejorar el acceso a los permisos para dedicarse al transporte por carretera.

 

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