La realidad es que tendremos que trabajar más años, y retirarse resulta cada vez más complicado para una ‘Generación U’ (’underetired’) con mayores costes salariales y de cotización que los de los jóvenes, que plantean retos generacionales y laborales.

Francia, Hungría, República Checa y Turquía han retrasado la edad de jubilación, una opción que también baraja España. La realidad es que tendremos que trabajar más años, y retirarse resulta cada vez más complicado para una ‘Generación U’ (’underetired’) con mayores costes salariales y de cotización que los de los jóvenes, que plantean retos generacionales y laborales nunca vistos en las empresas.

En el año 2060 la Unión Europea sólo tendrá dos personas en edad de trabajar (de entre 15 y 64 años) por cada mayor de 65 años. Teniendo en cuenta la proporción actual de cuatro por una y el progresivo envejecimiento de la población –más rápido entre 2015 y 2035, cuando se jubilen las personas del baby boom– el sistema de pensiones actual tiene los días contados. Nuria Mas, profesora de Economía del IESE, explica que, aunque la Seguridad Social todavía tiene superávit en muchos de los países que forman la OCDE, el dinero se acaba: "La financiación de la actual Seguridad Social de Estados Unidos sólo podrá sufragar sus prestaciones hasta 2037. Las estimaciones para España indican que su superávit se convertirá en déficit en torno a 2017".

Miguel Ángel Menéndez y Eduardo M. Jáuregui, socio responsable y director del área de Previsión Social de Mercer, respectivamente, añaden que aunque actualmente el Fondo de Reserva de las pensiones tiene margen –se prevé que este año cierre con 64.300 millones de euros– es importante sentar las bases para que la reforma del sistema entre en vigor de forma paulatina en los próximos 10 ó 15 años. De momento, una de las opciones que los grupos parlamentarios barajan en la comisión del Pacto de Toledo es que el cálculo de la cotización se amplíe de 15 a 20 años. Según Pablo Vázquez, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), esto supondría dotar al sistema de mayor proporcionalidad, porque "existiría más relación que ahora entre lo cotizado y lo que se percibe".

En cuanto a si realmente resulta necesario retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, como estudia la citada comisión, Vázquez cree que, a corto plazo, parece que sí: "La salida del mercado laboral debería ser flexible y guardar más relación entre el momento de la jubilación y la esperanza de vida. Cuando se fijó en 65 años apenas vivíamos cinco más. Ahora son veinte años más". Para Sagargoy Abogados, "alargar la edad de jubilación a los 67 años no debería ser una medida uniforme que afecte por igual a todos los trabajadores. Son muchas las variables que se deben introducir para favorecer la contribución al sistema".

Además de estas opciones, Menéndez y Jáuregui destacan "la posibilidad de mantener el actual superávit aumentando los ingresos, el número de cotizantes y los porcentajes de cotización". Otras propuestas pasan por no poner tope a las bases de cotización, por financiar las pensiones con otras partidas del gasto público y por disminuir los beneficios futuros. Según Joan Torrent-Sellens, profesor de Estudios de Economía y Empresa de la Universitar Oberta de Catalunya (UOC), el principal problema es que "el sistema está pensado y articulado con una lógica anticuada, la de la sociedad industrial. Entonces no se guiaba por una relación de ciclo vital, sino que las cotizaciones sociales servían para sufragar otros gastos. No se utilizaba un criterio económico de viabilidad".

Un conflicto global

El envejecimiento de la población no es un problema que afecte únicamente a España. La ONU calcula que en 2050 el colectivo de ciudadanos mayores de 65 años se incrementará en 1.000 millones y representará el 16,2% de la población mundial. Ante esta situación, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor 's advirtió la semana pasada de que en los próximos años el gasto público relacionado con el envejecimiento de la población alcanzará "niveles insostenibles" en los países avanzados.

Hungría, República Checa, Grecia y Turquía ya han retrasado su edad de jubilación hasta los 65 años. Otros países, como Alemania, Finlandia y Portugal, ajustarán los derechos de pensión a la esperanza de vida de sus trabajadores. Francia tiene previsto aumentar el número de años cotizados para evitar las penalizaciones, elevando la edad de jubilación de 60 a 62 años.

Otros gobiernos europeos proponen que se incentive la extensión de las carreras contributivas. Por ejemplo, se plantean incrementos en la pensión del 2% (España), 3% (Francia) y de entre el 5% y el 6% (Holanda) si se amplía la vida laboral más allá de la edad de jubilación. También se ha planteado la posibilidad de compatibilizar el cobro de la prestación con la posibilidad de que el empleado se mantenga en activo. Alemania, Francia y Reino Unido apuestan por un modelo flexible, mientras que en países como Estados Unidos e Italia, el sistema sólo es parcial hasta la edad de retiro habitual.

Una de las consecuencias de que se alargara la edad de jubilación es la que plantea Rodrigo Martín, consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo y profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos: "No se trata tanto de asumir empleados a partir de los 65 años como de seguir dando ocupación a los que a esa edad ya tienen un puesto de trabajo". También señala que "los costes salariales y de cotización de un profesional de edad avanzada son muy superiores a los de los jóvenes que tienen una mayor formación, adaptabilidad y motivación".

Para Tomás Arrieta, profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, el reto está en motivar el desempeño de los más veteranos: “No es sólo una cuestión de retrasar la edad de jubilación sino de motivar. Los mayores quieren pero también tienen que quererlos las empresas y para eso la gestión de recursos humanos tiene que cambiar”.

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