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Eduard Berenguer, catedrático de Teoría Económica de la UB: "La que podemos llamar quiebra del sistema no es más que una consecuencia del modelo de Seguridad Social que tenemos y que se basa en el llamado reparto de las cotizaciones recaudadas."

La intervención del gobernador del Banco de España ante la comisión parlamentaria del pacto de Toledo, en la que anunció la quiebra del sistema de la Seguridad Social en el año 2025, ha provocado una enorme alarma social. Desde sus declaraciones ha habido numerosas intervenciones tratando de calmar a la población. En síntesis, se está de acuerdo que hacia la fecha indicada por el gobernador (año más, año menos) las contribuciones recaudadas por el sistema serán insuficientes para financiar el coste de las futuras pensiones, pero éstas continuarán garantizadas debido a la financiación suplementaria que aportará el Estado a partir de los intereses generados por el actual fondo de reserva y de parte de los impuestos generales recaudados. En este sentido, España no hará más que seguir el modelo de otros países en los que ya hace algún tiempo en que las cotizaciones no son suficientes para cubrir el gasto en pensiones.

La que podemos llamar quiebra del sistema no es más que una consecuencia del modelo de Seguridad Social que tenemos y que se basa en el llamado reparto de las cotizaciones recaudadas entre los pensionistas, concebido como un sistema de solidaridad intergeneracional en el que los hijos (cotizantes) sostienen a sus padres (pensionistas).

Este sistema quiebra cuando se producen cambios en su pirámide de población provocado por el descenso de las cohortes más jóvenes a causa de la reducción de la tasa de natalidad y el alargamiento de la vida, que determinan un envejecimiento de la población o cuando la productividad es baja, ya que esto impide un mayor crecimiento de las cotizaciones.

A diferencia de otros países, en España hemos conseguido retrasar ese proceso gracias a la incorporación masiva de las mujeres de las nuevas generaciones al mercado de trabajo y a la llegada de numerosos inmigrantes. Pero en la medida en que los cotizantes de hoy serán los pensionistas del futuro eso no evita que deban abordarse los retos del futuro con la debida antelación y que se deban examinar cuáles son las reformas que efectuar a corto y a largo plazo.

En el corto plazo es lógico concentrar esfuerzos en procurar mejoras en el montante de las pensiones mínimas y de viudedad, aunque sólo sea porque las pensiones son un elemento esencial que necesitan muchas personas para no caer en una situación de pobreza. Pero al mismo tiempo hay otros aspectos por considerar. Dos propuestas me parecen necesario tomar en consideración. En primer lugar, atender la situación de aquellas personas que han pasado por algún tipo de expediente de regulación de empleo y que han visto como su pensión disminuía a causa de que su cuantía se establece a partir de su historia laboral de los últimos quince años. A estos pensionistas se les debería ofrecer la posibilidad de poder elegir sus mejores quince años a la hora de calcular su pensión.

En segundo lugar, siendo el nuestro un sistema de reparto, se debería tener en cuenta el número de hijos que han tenido los posibles pensionistas. No hay duda de que las familias que han tenido más hijos contribuyen más a la estabilidad del sistema que las que han tenido menos hijos. La legislación francesa, por ejemplo recoge este hecho, y los pensionistas que han tenido tres hijos o más reciben una pensión incrementada en un 10%.

En cuanto a las reformas a largo plazo, las opciones se presentan más abiertas. Hay países como el Reino Unido o Alemania que han optado por aumentar gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años. Otros, como Francia o Estados Unidos, calculan sus pensiones sobre la totalidad de la carrera laboral. El ejemplo más extremos es el caso de Suecia, donde a partir de la Reforma de 1999 la pensión se calcula sobre la capitalización de todas las cuotas pagadas de modo que en el momento de retirarse este capital da lugar a una renta vitalicia calculada sobre la esperanza de vida que le queda al receptor. Otros países, como Dinamarca, establecen las pensiones en dos partes: una parte mínima garantizada para todos los pensionistas y otra dependiente de la carrera laboral, en donde la parte garantizada se cobra a partir de los 67 años.

Como puede verse, el menú de las reformas posibles es variado. ¿Por cuál deberíamos decidirnos? La respuesta corresponde darla a los agentes sociales en el seno del pacto de Toledo, que intenta evitar la politización del diseño de nuestras pensiones. En cualquier caso el diseño vendrá condicionado por la carga que representarán las futuras pensiones en términos de PIB y la capacidad de cada sistema para recaudar impuestos. Pero una síntesis de los diversos modelos es siempre una alternativa interesante. Aquí, esto comportaría combinar alargar la vida laboral y poner un número mayor de años de la carrera laboral a la hora de calcular la pensión.

Este último aspecto es el más difícil . Pero algunos recordamos la reacción airada que tuvo Nicolás Redondo en la primera legislatura del gobierno de Felipe González cuando se propuso modificar el cálculo de las pensiones. Entonces se trataba de pasar de los dos últimos años de salarios a ocho años para calcular la base reguladora. Ahora estamos en 15.

Eduard Berenguer , catedrático de Teoría Económica de la UB.

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