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La Diputación de Barcelona destinará 24 millones de euros durante este año y el próximo a la mejora de la ocupabilidad en los municipios de la demarcación. Para lograr su objetivo han diseñado un proyecto centrado en impulsar a los colectivos desempleados que más lo necesitan, especialmente aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social. Además, incorporarán medidas preventivas para promover el empleo estable y de calidad. 

Diez años ha necesitado el mercado laboral español para sobreponerse de una crisis en la que los más afectados fueron, sin duda, los ciudadanos de a pie. Hoy podemos decir que España afronta un periodo de recuperación. El ciclo de la economía española se está normalizando y el empleo crece a buen ritmo. 

Así lo indican los datos: en el tercer trimestre del 2018 la tasa de paro bajó hasta el 14,55% en España, su valor más bajo en diez años, aunque la cifra todavía está muy lejos de la media de la Unión Europea (6,8%). Catalunya, con una tasa de paro del 10,63%, fue la comunidad donde bajó más el desempleo en ese periodo, según se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA).

A pesar de la mejora de algunos indicadores, el miedo a la inestabilidad sigue instalado en los hogares. De acuerdo con la última oleada del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el CIS catalán, el paro y la precariedad laboral es uno de los tres problemas que más preocupan a los catalanes.

El desempleo no ha afectado del mismo modo a los diferentes grupos poblacionales. Sigue siendo una lacra en zonas geográficas determinadas y se convierte en un problema crónico en algunos colectivos vulnerables: parados de larga duración, jóvenes, mayores de 45 años, mujeres, grupos en riesgo de exclusión social... Muchos de ellos han sido expulsados de un mercado en el que la reincorporación es una tarea titánica sin una ayuda pública que facilite una oportunidad.

En definitiva, la Administración tiene un gran reto en estos próximos años: no solo debe seguir creando puestos de trabajo para reducir la tasa de desempleo, sino que tiene por delante el desafío de mejorar la calidad de los mismos, abordando el tipo de contrato, la jornada laboral y las condiciones salariales. Dar una respuesta a la precariedad es prioritario debido a la creciente temporalidad y a la parcialidad de los contratos laborales.

Políticas de empleo locales

En Catalunya, la Diputación de Barcelona trabaja para conseguir un modelo justo y cohesionado social y territorialmente. Por eso ha diseñado un nuevo proyecto para promover la ocupabilidad en todos los municipios de la provincia que estén descentralizados de la demarcación territorial de Barcelona. Se centrará en impulsar a los colectivos desempleados que más lo necesitan, especialmente aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social. Además, incorporará medidas preventivas para promover el empleo estable y de calidad.

Así, la Diputación de Barcelona destinará un total de 24 millones de euros a impulsar el empleo de la población en paro en el marco de su programa complementario de mejora de la ocupabilidad 2019­ - 2020. Este paquete de ayudas, repartido entre este año y el próximo, se destinaráadar soporte muy próximo a los ciudadanos a través de los municipios de la demarcación. De esta manera, la ocupabilidad se trabajará de forma local para ofrecer formación y orientación, fomentar la contratación privada y mejorar la calidad del empleo.

Además, este paquete de ayudas también dará oxígeno a los municipios de menos de 1.000 habitantes. La Diputación de Barcelona quiere enfocarse en los pequeños municipios, que fomentarán la ocupación local con el objetivo de favorecer la sostenibilidad y la adecuación a la estructura territorial del mercado de trabajo. Este apoyo específico permitirá a los ayuntamientos impulsar esos proyectos locales de integración laboral y dinamización empresarial que en ocasiones quedan relegados a segundo plano por falta de presupuesto. Las empresas locales jugarán un gran papel en este programa de ocupación: se verán favorecidas de ayudas a la contratación si generan nuevas oportunidades para personas en situación de desempleo. El plan también prevé la posibilidad de dar apoyo a las entidades del tercer sector, organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan los programas o servicios que atienden las necesidades sociales de las personas más vulnerables.

El 2019 se perfila como un año esperanzador para la creación de empleo, pero también es importante poner el foco en prevenir el desempleo. Se necesitan políticas paliativas y preventivas que garanticen el acceso al trabajo de forma equitativa en un escenario que ha sido transformado por la revolución digital. Medidas como esta, que forman parte de una gran estrategia de lucha contra el desempleo y todas las consecuencias que ello conlleva, son la oportunidad perfecta para conseguir aumentar la riqueza y el desarrollo del tejido empresarial del territorio de la demarcación de Barcelona. Pero sobre todo, son la gran herramienta para dotar a las personas del acceso a un trabajo que les proporcione seguridad económica, estatus, integración e identidad social, garantía de bienestar social.


Los más vulnerables

Los desempleados en riesgo de exclusión social son los principales beneficiarios de políticas activas de empleo como este programa complementario de mejora de la ocupabilidad: hablamos de parados de larga duración de más de 45 años, personas que reciben la renta mínima de inserción, jóvenes que han abandonado sus estudios y presentan dificultades para encontrar empleo o jóvenes que provengan de instituciones de protección de menores, personas con problemas de adicción y estén en rehabilitación, personas con disminución física, psíquica y sensorial y mujeres que encabezan familias monoparentales con dificultades económicas, o víctimas de malos tratos dependientes económicamente.

 

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