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El Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado por primera vez una ‘Guía de la contratación pública social’ con la que condicionará los contratos con empresas externas al cumplimiento de cláusulas sociales con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, el respeto al medio ambiente, el impulso a las pymes y a la economía ética y sostenible.

 

Esta guía es resultado del debate y consenso de sectores empresariales, sindicatos, asociaciones ciudadanas y del consistorio, que se han encontrado este lunes en el Saló de Cent del Ayuntamiento para conocer el documento final, y pretende convertir a Barcelona en un referente. La guía de la contratación pública deberá aplicarse en todos los ámbitos del Ayuntamiento, que invierte 590 millones de euros anuales en contratación pública, ha explicado el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, después del encuentro. Los contratos del ayuntamiento, unos 12.830 según la estimación ofrecida este lunes, superan los 1.000 millones de euros al año si se contabilizan todas las empresas municipales y generan miles de empleos.

"Lo que se hace con esta guía es intentar que la contratación pública incorpore criterios sociales, criterios ambientales, que proteja los derechos de los trabajadores, que dé más espacio a las pymes y que respete cuestiones de igualdad de género y conciliación familiar", ha expuesto Pisarello. Así, el Gobierno municipal está preparando un decreto de alcaldía que obligará al cumplimiento de la guía cuando se apruebe, en un plazo de seis a ocho meses, "aunque en realidad ya se está aplicando", ha apuntado Pisarello.

Ha destacado, a modo de ejemplo, que el documento incorpora la reivindicación de la patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec de que el Ayuntamiento asuma el pago a empresas subcontratadas cuando la empresa principal sea morosa.

Factores laborales y sociales
La guía también recoge que el precio no siempre será el factor determinante de la adjudicación de un contrato público, ya que se tendrán en cuenta otros factores laborales y sociales. Así, se priorizarán las compañías que garanticen la estabilidad de la plantilla y una retribución salarial superior a la del convenio del sector al que pertenezca, aunque no serán condiciones obligatorias.

Sí será obligatorio, para acceder a un contrato con el consistorio o una de sus empresas municipales, que se mantengan las condiciones del convenio laboral, que se aporten medidas para fomentar la igualdad de género en la empresa, que vele para la conciliación familiar de sus trabajadores y que cumplan -las que deban- el requisito del 2% de la plantilla de personas con discapacidad.

En el apartado definido como 'Nuevo modelo de economía', el Ayuntamiento exigirá, en caso de subcontrataciones, que se trate de cooperativas y formas empresariales sociales y solidarias, que se cumplan las normas sociolaborales en el proceso productivo y de distribución comercial.

La CECOT celebra la iniciativa y pide revisión permanente
La patronal Cecot ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona una revisión permanente de la Mesa de contratación pública social, constituida este lunes. El secretario general de Cecot, David Garrofé, ha celebrado la presentación de esta iniciativa que hacía tiempo que se reclamaba y ha detallado que “hay un déficit histórico en la evaluación de políticas públicas y lo que se desea es justamente que esta Mesa sea un punto de encuentro” de revisión permanente y que se deberá estar encima de los temas y sobre todo ir ajustando a tiempo real las disfunciones que se generarán.

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