Noticias de las organizaciones asociadas

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Un debate sobre la integración en el mercado de trabajo de colectivos vulnerables organizado por la Fundación La Caixa y El País ha ofrecido claves para la mejor gestión de los retos que plantea. Una de las conclusiones expresadas es que se necesita una coordinación entre la Administración, las empresas privadas y las entidades sociales, que ahora están desconectadas.


La inserción laboral y las ayudas públicas, económicas y asistenciales, son fundamentales para revertir el incremento del número de personas que están en riesgo de exclusión social y pobreza en España. Lo que requiere de coordinación entre la Administración, empresas privadas y entidades sociales, que ahora están desconectadas. Estas son las conclusiones del debate celebrado ayer sobre la integración en el mercado de trabajo de colectivos vulnerables, organizado por la Fundación La Caixa y EL PAÍS. Para el director general de la Fundación La Caixa, Jaime Lanaspa, las consecuencias de no tomar medidas pueden ser devastadoras: “Si no lo arreglamos, estos colectivos están condenados a no trabajar en su vida o tener una existencia precaria para siempre”.

“Son jóvenes que estaban en la obra que se han visto sin paleta, sin formación ni empleo. También parados de más de 45 años y abuelos que pierden su capacidad de invertir porque se están convirtiendo en los bancos de los anteriores”, detalló Nieves Ramos, presidenta de la Asociación El Cerezo. Lanaspa afirma que incorporarlos al mercado de trabajo es clave. Por eso, la Fundación La Caixa ha redoblado esfuerzos con su programa Incorpora, que ha facilitado empleo a más de 83.600 personas en situación de vulnerabilidad desde 2006.

Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, confirma los buenos resultados que ha dado este proyecto fruto de la colaboración entre entidades privadas y sociales, pero destaca que también es responsabilidad del Estado que todos los grupos vulnerables vean realizado su derecho a la educación y la sanidad, que está seriamente amenazados por los recortes. “Hemos pasado a ser sujetos de beneficencia. Y de ahí a la mendicidad, hay un paso”, alerta.

Borja Cobo, de 21 años, es buena prueba de que, con ayuda, se puede escapar de la marginalidad. Con 14, como no asistía a clase e iba mal en los estudios —“tuve un bache familiar, me faltó mi madre y mi padre se desentendió de mí y mi hermana”, explica—, los servicios sociales le derivaron a El Cerezo, una asociación para la inserción laboral. Cree que aquello cambió la que posiblemente hubiera sido su vida. “Hoy podría ser menos bueno, cualquier cosa”. Gracias a la formación recibida en ese centro en Villena (Alicante), trabaja como cocinero y piensa continuar sus estudios en hostelería. Sueña con abrir su propio restaurante.

Cada vez son más los que engrosan el número de personas en riesgo que, como Cobo, requieren de ayuda para salir adelante. Los datos publicados por el INE el martes no tienen paliativos: uno de cada tres ciudadanos (27,3%) estaba en esa situación en 2013, 2,8 puntos más que en 2008. Son más de 13 millones de ciudadanos que tienen carencias materiales (no llegan a final de mes o no se pueden ir de vacaciones), están en situación de pobreza o viven en un hogar de baja intensidad laboral, o lo que es lo mismo, tienen empleos precarios que no dan para la cesta de la compra y el alquiler.

 

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