Noticias de las organizaciones asociadas

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No es lo habitual con el contexto actual pero, a pesar de la crisis, aún existen empresas que no sólo contratan personal, sino que al hacerlo intentan hacer también una labor social incorporando profesionales de colectivos en riesgo de exclusión social. La Obra Social "la Caixa" ha puesto en marcha el programa Incorpora que facilita la contratación de dichas personas.


Para las grandes compañías no es sólo cuestión de voluntariedad sino de obligación: la ley de Integración Social de personas con discapacidad establece que en las empresas con más de 50 trabajadores el 2% de los empleados deben tener estas características; en este caso, el empresario se beneficia de la exención en el pago de las cuotas a la seguridad Social. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) no están legalmente obligadas a contemplar estos ratios, y aun así algunas deciden poner su granito de arena para la inserción laboral no sólo de discapacitados sino de otros colectivos desfavorecidos profesionalmente.

El programa Incorpora de la Obra Social La Caixa colabora con 283 entidades sociales en toda España y Marruecos para fomentar la integración en empresas de profesionales con dificultades para acceder al mundo laboral. Desde su inicio en 2006, el programa ha facilitado más de 40.000 inserciones en más de 17.000 empresas colaboradoras. A través de una gran red de técnicos de inserción, el programa asesora a las empresas sobre la posibilidad de contratar a este tipo de personas para vacantes que tenga la compañía, les asesora sobre las posibles ventajas fiscales y laborales, selecciona candidatos que encajen con las necesidades de la empresa y hace un proceso de acompañamiento y seguimiento del profesional una vez incorporado. Aunque inicialmente los contratos son siempre temporales, más del 70% se acaban renovando.

“Las grandes empresas tienen departamentos de recursos humanos y están acostumbradas a estos temas porque están obligadas legalmente, pero las pymes no suelen tenerlo presente”, reconoce Marc Simón, director del área de integración social de la Fundació La Caixa. Por eso, el programa colabora con la patronal Pimec y ya son muchas las empresas que han decidido hacer hueco en sus reducidas plantillas a un profesional de este tipo. “Queremos eliminar la falsa creencia de que contratar una persona de estos colectivos va contra la competitividad de las empresas –advierte Simón–: tienen sus propias capacidades que pueden encajar perfectamente en las necesidades laborales de la compañía, e incluso favorecer positivamente la cultura corporativa ya que son personas que se comprometen mucho con la empresa que les da la oportunidad e incluso ayudan a cohesionar al resto de la plantilla”.

Además de jóvenes con dificultades, parados de larga duración, mayores de 45 años o mujeres víctima de violencia doméstica, en el programa también participan colectivos socialmente más estigmatizados como inmigrantes o ex-presos ya en libertad que pasan antes por un programa específico de formación para la inserción. “Los técnicos de inserción preparan la llegada del trabajador explicando la situación también a los compañeros con quienes tendrá que trabajar, para eliminar prejuicios”, apunta Simón. Empresas y beneficiarios son conscientes: “Sin ayuda, muchos de estos colectivos no encontrarían trabajo nunca”, dice Simón.



EXPERIENCIAS DE DOS EMPRESAS COMPROMETIDAS

SALICHS (LLORET DE MAR, GIRONA)

La constructora que quería ser diferente

Salichs SA es una pequeña empresa de construcción y rehabilitación de Lloret de Mar (Girona) especialmente dedicada a la construcción de casas para extranjeros. A pesar de su reducida plantilla (entre 20 y 40 trabajadores según la época) ya ha hecho 4 contratos a personas en riesgo de exclusión social a través del programa Incorpora. “Fue iniciativa propia: nosotros mismos buscamos asociaciones de la zona de Girona para contactar con este tipo de trabajadores y al principio se sorprendían de que una constructora quisiera hacer algo así, por el peligro del trabajo y porque es un sector estigmatizado –reconoce Joan Salichs, gerente de la empresa–. Pero somos una empresa familiar, tenemos mucho trabajo y queríamos compartir nuestra suerte”. Entre otros fichajes, Salichs contrató una joven con síndrome de Down para trabajar en Administración, y un joven de 21 años con retardo intelectual que trabaja todo el año con ellos como ayudante de peón de obra. El nano, como acostumbran sus compañeros a llamar cariñosamente al joven Lluís, ayuda a llevar materiales y es el ojo derecho de sus compañeros, que se ofrecen voluntariamente a llevarlo y traerlo desde la estación de autobús a la obra. Salichs, que trabajó varios años en Estados Unidos, quería hacer de la suya “una constructora diferente” pero se reconoce poco partidario de las donaciones: “El dinero no sé dónde va, pero con esto veo resultados cada día: tanto Lluís como su familia están muy agradecidos”, destaca Salichs.

GRUPO VIÑAS (VIC)

Una cárnica que rompe prejuicios

El Grupo Viñas, de Vic, es una productora y distribuidora de carne de vacuno que tiene cinco trabajadores con discapacidad intelectual, entre ellos dos de origen magrebí. La idea surgió a raíz de la relación de la empresa con la Associació Sant Tomàs, muy popular en la comarca por su labor para la integración de personas con discapacidad psíquica. “Nos propusieron incorporar un trabajador de este colectivo: nos pareció muy arriesgado, ya que nuestro sector tiene un ambiente de trabajo hostil, pero le buscamos una posición idónea”, recuerda Joan Valls, responsable administrativo y financiero de esta empresa familiar que no cuenta con departamento propio de recursos humanos. Tras comprobar que la inserción era un éxito desapareció “el prejuicio de que había que sobreproteger a estos empleados” y hubo nuevas incorporaciones que trabajan en áreas como el lavado de mercancía o la preparación de pedidos. “Al resto de compañeros al principio les daba miedo la situación pero su llegada ha ayudado a cohesionar aún más la plantilla: ahora todo el mundo se ayuda”, destaca Valls. El grupo tiene más de 120 trabajadores en total, por lo que gozan de beneficios fiscales por estos empleados, pero Valls asegura que “el objetivo no es hacer limosna, hace falta creer en ello: la empresa tiene unas tareas, y estas personas las pueden desempeñar con tanta eficiencia o más que cualquier otro empleado”.

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