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Es habitual que los empleados no quieran salir a la luz si han denunciado internamente un delito en su organización para evitar posibles represalias. Es por eso que el whistleblowing ha sido incluido recientemente en una directiva del Parlamento Europeo y que el Tribunal Supremo destaca su importancia en el caso de condenas por estafa. 

En aquest document ens referirem a eines que les organitzacions posen o haurien de posar al servei de les seves persones col·laboradores perquè puguin alertar d’irregularitats detectades a l’empresa o institució: corrupció, frau, assetjament o qualsevol incompliment de la llei o la normativa i l'ètica corporatives. En anglès, l'acció de delatar en aquest context s'anomena whistleblowing. El fenomen té major trajectòria al món anglosaxó.

Co-resol és una aplicació mòbil que facilita la comunicació i denúncia dels conflictes dins de l’entorn de les organitzacions. En les corporacions on s'ha implantat aquesta app, els treballadors poden fer de whistleblowers, o alertadors, i denunciar qualsevol situació que hagin observat o viscut de forma segura i confidencial, i fins i tot anònima, amb l'objectiu de detectar els conflictes ràpidament i poder actuar abans que sigui massa tard.

En mayo del año 2021 los canales de denuncia ya serán obligatorios para todas las empresas de más de 50 empleados para perseguir irregularidades internas. También deberán hacerlo las empresas con un volumen de negocio superior a 10 millones de euros anuales. Alrededor del whistleblowing surgen algunas controversias como si deben permitirse o no las denuncias anónimas. 

El impulso del movimiento Me Too ha tenido un alcance global que se ha notado en una mayor judicialización de los casos de acoso sexual laboral en España. También en un incremento de las denuncias internas en las empresas, que se enfrentan a cuantiosas multas y responsabilidad civil e, incluso, penal por un comportamiento negligente en la gestión de estos casos.

A pesar de que el 15% de los trabajadores sufre ‘mobbing’, apenas hay condenas por este delito. Esto se explica por la complejidad probatoria que suele acompañar a todo maltrato, puesto que se desarrolla en ámbitos privados, y por la difícil comprensión que muestran algunos jueces del ámbito penal por este delito. 

La justicia avala que los trabajadores que comuniquen las infracciones de otros sean sancionados si se niegan a colaborar con la investigación e identificar a los responsables. Los trabajadores tienen obligación de colaborar para investigar las irregularidades y malas prácticas denunciadas. En caso contrario, pueden ser sancionados por negarse a dar detalles e identificar a los responsables de las conductas reportadas.

La desconfianza de las empresas entorpece la labor del ‘compliance officer’, la figura de moda en el ámbito jurídico. Esta función de control interno, de tradición anglosajona, no encaja bien en la cultura jurídica y empresarial española, donde en lugar de verla como una ayuda para mitigar los riesgos penales, se percibe como una suerte de policía interno o chivato.

A medida que son mayores el conocimiento y la información del consumidor se ha incrementado la demanda de conductas éticas y responsables en los negocios. Actualmente esto ha cobrado más relevancia por la imparable digitalización y el creciente uso del Big Data. Se habla de procedimientos y sistemas internos de control que sean de aplicación tanto a nivel internacional, como nacional, externos o internos y voluntariamente adoptados por las empresas. 

En los últimos tiempos, resultan cada vez más habituales en el contexto societario las denominadas investigaciones internas. No se trata de una cuestión ciertamente novedosa que la empresa intente o quiera conocer lo sucedido cuando se detecta un problema legal, un accidente o un fraude.

La investigación interna puede ser eximente o atenuante de cara a un proceso judicial. Garantizar que no haya vulneraciones de los derechos de los trabajadores en la investigación es fundamental. La herramienta clave son los programas de cumplimiento normativo, que suponen dos obligaciones básicas: la de informar y la de aplicar un régimen sancionador.

Cometer una irregularidad y mantenerlo en secreto es cada vez más difícil. La regulación, tanto la española como la europea, está fomentando que aumenten los soplos que pueden poner en jaque a una compañía. Cuestiones como fraudes a Hacienda, contratos sospechosos con la Administración, acuerdos con empresas competidoras para la fijación de precios o delitos cometidos en la gestión del día a día de la compañía salen a la luz gracias a una simple denuncia.

La corrupción es el segundo problema que más preocupa a los españoles, solo superado por el paro, según el último barómetro del CIS. Y las empresas del país son percibidas como corruptas por el 43% de quienes participan en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora Transparencia Internacional, donde España ocupa el puesto 41 de un total de 176.

El empleado francés demando a su exjefe por aburrirse en el trabajo, lo que le produjo “graves problemas de salud” como epilepsia, úlceras, trastornos del sueño, depresión severa e incluso pensó en suicidarse.

Ocho responsables de las oficinas de trabajo de la Generalitat denuncian graves problemas de estructura y plantilla, ya que en algunos casos los trabajadores han de atender a más de 1.000 demandantes de empleo, cuando la OIT recomienda 85 demandantes por trabajador.

Escándalos como los recientes de Volkswagen ponen de manifiesto la importancia de concienciar a los trabajadores para que informen de irregularidades percibidas en la empresa. Sin embargo, según The Economist, todavía existe el miedo entre las plantillas a las posibles represalias si cuentan interna o públicamente lo que saben. Lo ideal sería que las empresas pusieran en marcha un sistema formal para escuchar y tomar nota de las quejas, por su propio bien así como por el de los denunciantes.

Facilitar a los empleados medios, como teléfonos o e-mails, para denunciar las malas conductas es el arma más eficaz para prevenir delitos dentro de la organización. Contratar servicios de consultoras externas es otra de las opciones que las compañías contemplan para gestionar las denuncias.

A pesar de los riesgos penales, las compañías son reacias a establecer canales de denuncia dentro de sus propias organizaciones y los empleados se resisten a convertirse en espías de sus compañeros además de que sufren por las represalías. Cuatro de cada diez empleados temen ser despedidos si informan de alguna irregularidad.

La presión ciudadana contra los desahucios y el sistema financiero en general está haciendo mella entre los trabajadores de bancos y cajas. Dicen sentirse “víctimas” por partida doble: porque se han convertido desde hace tiempo en el blanco de todas las dianas de la indignación y por ser, en muchos casos, también afectados del propio sistema bancario.

Si bien el acoso laboral siempre ha existido y ha supuesto un reto para Recursos Humanos, ahora con las redes sociales y las nuevas formas de comunicación surge un nuevo problema a abordar: el ciberacoso. Diseñar una buena política de redes sociales es clave para evitarlo y para salvaguardar legalmente a la compañía, según Personnel Today.

No solo aumentan las denuncias de accionistas sino de los empleados. El 2011 se ha convertido en el año con mayor siniestralidad de este tipo. Esto supone que una de cada tres empresas que tenían contratado un seguro para cubrir las posibles responsabilidades de sus altos cargos han sufrido una reclamación.

La Justicia francesa ha decidido imputar a France Télécom en la causa que investiga los 35 suicidios que se produjeron en la plantilla de la compañía entre 2008 y 2009. El ex presidente de la compañía, Didier Lombard, también está imputado en el caso.

La Comisión Europea se ha visto obligada a retirar el vídeo Science it's a girl thing ('La ciencia es cosa de chicas'), que formaba parte de una campaña para promocionar la investigación entre las jóvenes europeas. Ha recibido críticas, especialmente entre científicas, por mostrar una imagen frívola, estereotipada y superficial de la mujer.

Los empleados de banca a menudo tienen que hacer frente a insultos, acosos y agresiones de clientes descontentos o desesperados. Pero se niegan a convertirse en cabezas de turco de los errores del sistema financiero y han pasado a la acción impulsando campañas de concienciación ciudadana.

Las partidas destinadas a las políticas de ocupación se han reducido un 56% en Catalunya respecto a 2011. La Associació de Discapacitats Intel·lectuals de Catalunya denuncia que esto puede dejar sin empleo a más de 2.500 discapacitados y personas en riesgo de exclusión.

CCOO denuncia que la financiación de proyectos científicos del Plan Nacional de I+D+i se reducirá hasta 273 millones según los Presupuestos Generales del Estado recientemente aprobados. Mientras, otros países desarrollados están fortaleciendo sus estrategias de ciencia y tecnología. Según el estudio del sindicato, uno de los problemas más graves de la ciencia española será la falta de plazas de empleo público para investigadores.

Un exempleado de Microsoft ha criticado duramente la cultura organizativa de la empresa en un artículo en TechCrunch. Denuncia que no hay creatividad, que los empleados pasan la mayor parte de su tiempo en reuniones improductivas y que a la empresa le da igual porque ya tiene muchas acciones y beneficios.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por dos trabajadoras contra un sindicalista que alertó al director de que la relación afectiva que mantenían estaba afectando al buen funcionamiento de la empresa, al concluir que frente al derecho a la intimidad prevalecen las funciones del demandado que, como miembro del Comité de Empresa, "ha de colaborar con el mantenimiento e incremento de la productividad".

Una veintena de directivos de recursos humanos de grandes compañías se reunieron recientemente bajo el auspicio de Baker & Mckenzie para analizar la reforma laboral, y manifestaron dos grandes incertidumbres en la aplicación de la ley: temen una creciente presión sindical de sus comités de empresa y, al tiempo, un aumento importante de la judicialización de los conflictos en las empresas.

Un juez de California investiga supuestos pactos empresariales entre Google y Apple para no ofrecer empleo a trabajadores de la competencia, por considerarlo un tipo de conducta monopolista. Una de las pruebas de la demanda es un correo electrónico del 2007 de Steve Jobs al líder de Google, Eric Scmidt, pidiéndole que su departamento de RH "desista de intentar fichajes." En la demanda también están involucradas otras compañías como Pixar, Intel, LucasFilm, Adobe o Intuit.