La remuneración de los funcionarios se ha visto reducida por la crisis y los sucesivos recortes de los gobiernos estatal y autonómicos. Una profesora de instituto de Madrid, por ejemplo, ahora gana 100 euros menos al mes que en marzo de 2010. La nómina de los empleados públicos depende del nivel salarial en qué estén (existen 6 grupos) pero también de los complementos (el más popular es el de antigüedad).

"Se quieren cargar el funcionariado”. Esta es la respuesta enérgica de Patricia Correa, una profesora de Lengua del instituto Ciudad de Jaén, en Madrid. Correa ha visto cómo su nómina ha ido menguado desde marzo de 2010. En tan solo dos años, su sueldo mensual ha sufrido una reducción de más de 100 euros. En estos dos años, la Comunidad de Madrid le ha rebajado un 3,3% del salario. A esto se le añade el tijeretazo que ha supuesto la subida del IRPF. Y el remate final de la supresión de paga.

Para entender cómo se compone la nómina de un empleado de la administración pública lo primero que se debe conocer es que se desgrana en varios elementos. La cantidad final que percibe un funcionario varía en función de la escala, la productividad, el destino, la antigüedad y un amplío abanico de complementos. El sueldo base depende del nivel de titulación que se exige para cada puesto, estipulado por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Existen seis grupos de niveles salariales. Dentro de los dos primeros, denominados A1 y A2, están aquellos que requieren de una titulación universitaria de Grado (antigua Licenciatura). La diferencia entre ambos grupos depende del nivel de responsabilidad y de las funciones a desempeñar, junto con la dificultad de las pruebas de acceso. En el grupo B estarían aquellos que necesitan de un título de técnico superior. En el siguiente, el C1, los que requieren del título de bachiller. Es el caso de los policías.

“No es posible que tengamos que pagar esta crisis que ya la hemos pagado bastante. Nos han bajado un 5% el sueldo. Además, nos redujeron las dos pagas extra, de junio y diciembre, a la mitad. Y ahora con el último recorte, la de diciembre nos la quitan entera. Desde que empezó esta crisis nos han quitado 4.000 euros anuales. Cobramos casi lo mismo que en los ochenta. Además estamos perdiendo efectivos porque se jubilan una media de 2.000 al año y solo convocan plazas para 150. Ante este déficit se tiene que ver resentida por fuerza la seguridad de los españoles”, explica José María Benito, portavoz del SUP.

También está el grupo C2. Para presentarse a este tipo el requisito indispensable es tener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En un último apartado estarían las agrupaciones profesionales. Estas no requieren titulación alguna, como pueden ser los puestos de bedel.

Pero lo que más hace variar las nóminas de los funcionarios son los complementos. Los hay de tres tipos: específico, que remunera las particulares condiciones de dificultad, turnicidad o incompatibilidad de cada puesto. Otro complemento es el de productividad, que retribuye la mayor o especial dedicación al puesto de trabajo. Se suele repartir en función del número de tardes trabajadas y el nivel de cada puesto, aunque es el único concepto que no está garantizado. En el caso de un profesor de instituto, por ejemplo, se mediría en las horas de tutoría a los alumnos.

Otro de los complementos que diferencian a unas nóminas de otras son los llamados complementos de destino. Recompensan el nivel del puesto de trabajo, y los clasifica en 30. Así, un director general tendría el nivel máximo (30), y un empleado subalterno tendría un nivel más bajo (7).

El complemento de antigüedad es uno de los más habituales. Premia la permanencia del trabajador en la empresa. Consiste en un porcentaje sobre el salario base que aumenta según el período que se compatibiliza. Se cuenta a partir del momento en que el trabajador comenzó a desempeñar su labor.

Pero no todo es sumar. Y a la nueva bajada del sueldo de los funcionarios, se le suman las deducciones de siempre: la retención del IRPF y la cuota de MUFACE, una mutualidad de funcionarios civiles del Estado, que brinda los servicios de la Seguridad Social a través de empresas privadas. Los funcionarios que lo deseen también pueden cotizar a la Seguridad Social, en lugar de MUFACE.

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