El sector industrial ha perdido en cuatro años 225.000 empleos y 3.500 empresas en Catalunya. Sindicatos y patronal reclaman más recursos para un ámbito “clave” para salir de la crisis.

La industria catalana, manufacturera y de tamaño pequeño o mediano, no levanta cabeza tras tocar fondo en 2009. Inmersa en una crisis profunda, la destrucción de tejido industrial y de empleo es una sangría. Según los datos oficiales, el sector ha perdido 225.000 puestos de trabajo desde 2008. Solo en el metal, desde 2007 han cerrado 3.579 empresas, casi el 30%, según CC OO. El sector sigue sin recobrar el pulso: la producción creció apenas un 1% interanual en febrero y en el último trimestre de 2011 el PIB industrial creció también solo un 0,9% interanual.

Hay otros indicadores más sutiles, como el de ocupación de los polígonos. La Unión de Polígonos Industriales habla de “desertización”. Su presidente, Josep Morell, aseguraba hace unas semanas en el Parlament que “en 2011 el ritmo de abandono en los polígonos superó al de ocupación por cuarto año”. Los precios, tanto en suelo como en techo industrial, han caído a la mitad en tres años. En este mar de indicadores negativos, solo las exportaciones arrojan luz verde, y no es para tirar cohetes, porque la cifra se enfría: en enero las ventas al exterior crecieron el 8,8%, cuando 2011 se cerró con una subida del 13,5%.

Según el barómetro de Clima Industrial, la industria tocó fondo entre 2009 y 2010, y tras una ligera mejoría entre 2010 y 2011, ahora vuelve a caer. El último boletín de la Generalitat señala que la confianza —la diferencia entre quienes responden positivamente y negativamente— de la industria cae cinco puntos (de -19 a -24,5). Los empresarios responden que crece su stock de productos acabados y aumentan los que prevén reducir la producción a corto plazo, lo cual significa que la tendencia de la producción empeora.

El Gobierno catalán aprobó en febrero su Plan de Actuaciones Industriales y Empresariales para el periodo 2012-2015, que en las últimas semanas defienden en varios foros el consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, y el director general de Industria, Joan Sureda. La acogida es agridulce. Los menos críticos —la patronal— cuestionan la poca dotación del plan (200 millones presupuestados antes de los recortes de Madrid), pero entienden que las finanzas públicas no dan para más. Los más críticos, los sindicatos, reprochan su falta de concreción. La oposición acusa a Mena de llegar tarde y haber tardado 17 meses en presentar el plan.

Sureda suele empezar sus presentaciones del plan aclarando que el poder de actuación de una Administración es limitado. Y para dar idea de la envergadura del reto, lanza una pregunta: “¿Cómo se come un elefante?”. Y la responde: “A trozos”. Grosso modo, el plan se basa en impulsar la competitividad a partir de la captación de inversiones, la innovación y la internacionalización.

El plan prevé un mapa de riesgos, la apuesta por los clusters, la captación de inversión extranjera a través de las oficinas ACC10, simplificar los trámites administrativos, mejorar la formación profesional y crear nuevas fórmulas de financiación. Es el caso del fondo de 16 millones para rescatar empresas en riesgo, pero viables, que la Generalitat inyectará a cambio de participar en sus beneficios cuando levanten cabeza. A esto se suma lo que el Gobierno llama “planes tractores”, actividades consideradas “claras oportunidades de país”, como el Barcelona Mobile World Capital, la movilidad sostenible y la logística.

En opinión de los sindicatos, la política industrial de la Generalitat está mal enfocada. El secretario general de Industria de CC OO, Javier Pacheco, señala que “no encaja en la realidad industrial, porque la estrategia es transversal y no sectorial”. “El plan está enfocado a potenciar proyectos de empresas, no sectoriales, de conjunto, y si no hay estrategia sectorial, tendremos islas. ¿Dinamizamos sectores o somos bomberos de empresas concretas?”, se pregunta. El secretario de Política Sindical de UGT, Camil Ros, afirma que, desde que entró en el Gobierno, CiU se ha limitado a “apagar fuegos”. Ros acusa a Mena de “haber perdido mucho tiempo” y califica el plan de “genérico para un sector clave de la economía catalana, no solo en puestos de trabajo directos sino también indirectos”.

Las patronales no son tan críticas, pero se muestran muy preocupadas. El director general de la Unión Patronal Metalúrgica, Ángel Hermosilla, dibuja una industria dual: las empresas que exportan y las que no. Y las últimas, advierte, se enfrentan “al drama de la caída del consumo, los problemas de financiación y la morosidad”. Hermosilla afirma que “es consciente de las dificultades de la Generalitat”, pero concluye que “no se puede dejar de ayudar al único sector que nos puede sacar de la crisis”. El responsable de estudios de Pimec, Moisès Bonal, prefiere hablar de empresas a hacerlo de sectores. Y diferencia “entre la empresa que exporta, que tiene mejores perspectivas, y la que no, cuya tendencia no es buena”. Bonal es conciliador: 200 millones serán mucho o poco en función del retorno. El secretario general de Cecot, David Garrofé, aclara que no les gusta la poca disponibilidad presupuestaria, pero entiende “las extremas dificultades” de la Administración ante “la presión de los mercados por reducir el déficit: demasiado y demasiado rápidamente”.

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