Las empresas de trabajo temporal (ETT) no tendrán que constituirse como agencias privadas de colocación para intermediar en el mercado laboral. Con una simple "declaración responsable" pueden iniciar la colaboración con el antiguo INEM. El Estado y las autonomías financiarán a las agencias, que no cobrarán a los empleados.

Las agencias privadas de colocación pueden apoyar a los servicios públicos de empleo a buscar trabajo a los parados desde 2011. El PSOE les abrió la puerta con su reforma laboral. Y el PP ha dado un paso más con la suya, al evitar que las empresas de trabajo temporal (ETT) tengan que constituirse como agencias para intermediar en el mercado laboral. Con una simple "declaración responsable" pueden iniciar la colaboración con el antiguo INEM.

Como no podía ser de otra forma, las ETT aplauden la medida del Gobierno de Rajoy. Llevaban tiempo pidiéndola. Y sobre todo, destacan Rodrigo Martín, director general de Randstad, y Santiago Soler, secretario general de Adecco, "es la primera vez que se reconoce en el preámbulo de una norma que somos “un potente agente dinamizador del mercado de trabajo", con una tasa de intermediación del 14%, frente al 3% de los servicios públicos”. Algo que contribuye a “limpiar” su imagen como sector. Se quejan, no obstante, de que no se haya contado con ellas para contribuir a reducir la temporalidad y para intermediar en los sectores que tienen vetados, como ocurre en otros países europeos.

Ambas compañías forman parte de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), que descartó en su día constituir agencias en vez de utilizar sus estructuras existentes para colaborar con el antiguo INEM. Ahora, piensan pedir la autorización en cuanto el Ministerio de Empleo desarrolle el reglamento que les dé las garantías suficientes para operar, coinciden Soler y Martín.

No es el caso de Manpower, otra de las grandes ETT, no integrada en la asociación que las agrupa. Fue la primera en solicitar al entonces Ministerio de Trabajo su autorización como agencia privada de colocación y la primera en conseguirlo, el pasado mayo. Igual que ahora ha hecho para operar como ETT, señala su presidenta, Carmen Mur, satisfecha con “la equiparación de la legislación española con la existente en Europa”.

Manpower forma parte de una larga lista de entidades (152 antes de la reforma laboral del PP y 183 en la actualidad) capacitadas para intermediar en el mercado laboral junto a los servicios públicos de empleo estatales y de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de políticas activas de empleo. Una larga lista de entidades que, sin embargo, todavía no han empezado a actuar porque las administraciones no han firmado los convenios que las capacitan para ello.

Detrás de estos convenios se esconden las condiciones de la prestación de servicios y, sobre todo, quién asumirá sus costes. Fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, reconocen que “aunque las agencias de colocación ya puedan firmar convenios con los servicios públicos de empleo de las CC AA y del Estado, no lo han hecho porque la financiación no está clara y porque la normativa tiene que definir más cómo se va a desarrollar la colaboración”. Para Javier Erro, consejero de Industria, Innovación y Empleo del Gobierno de La Rioja, “es necesario desarrollar y armonizar la regulación de las agencias de colocación tan ambigua e incompleta que realizó el anterior Gobierno para facilitar la colaboración con plenas garantías jurídicas”. Erro pretende firmar “en el transcurso de este año” los primeros convenios.

“Trabajamos con mucha prisa en el desarrollo del decreto ley. En un par de meses puede estar listo el marco normativo que determine la operativa y el dinero público, del Estado y las CC AA, con que se van a financiar los servicios de las agencias de colocación. Hasta entonces no creemos que se vayan a firmar convenios”, añade el Ministerio de Empleo.

Aclarado que tales costes no van a recaer sobre el empresario que contrate a los parados y “la obligación de garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios”, reza el decreto; la secretaria de Empleo de CC OO, Paloma López, duda de que no vaya a haber “algún coste por vía indirecta para el trabajador. Véase, por ejemplo, por gastos de formación. El responsable de Randstad también tiene “esa sospecha".

“Antes de dar entrada a las agencias privadas habría que reforzar los servicios públicos de empleo, que parten de un déficit muy grande, con una de las dotaciones de personal más bajas de Europa, incluso por detrás de Chipre. En España cada técnico atiende a más de 200 parados, en tanto que en países como Alemania, le corresponden solo 50”, agrega López, en la creencia de que las ETT se encargarán solo de intermediar en los casos de más fácil colocación y dejarán para el antiguo INEM los colectivos de difícil inserción laboral.

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