Más de 150 entidades han conseguido autorización del gobierno para actuar como agencias de colocación, introduciendo así la cooperación público-privada en materia de desempleo. Estas agencias, que están pendientes de firmar los convenios correspondientes para empezar a funcionar, serán gratuitas tanto para candidatos como para las empresas, ya que se financiarán con fondos públicos.

Más de 5 millones de desempleados han desbordado los servicios públicos de empleo. Prueba de ello es que, tal y como reconoció la semana pasada la ministra del ramo, Fátima Báñez, el Servicio Público de Empleo sólo coloca al 3% de las personas en paro. En la mayoría de países europeos, este servicio cuenta con la ayuda de agencias privadas. En España, hasta ahora este tipo de colaboración no existía, pero la situación debe cambiar muy pronto.

El gobierno de Zapatero dio el primer paso en diciembre del 2010, con un real decreto que regulaba una nueva figura: las agencias de colocación. Es decir, entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que pueden colaborar con los servicios públicos de empleo. Para conseguir la autorización de agencia de colocación, las entidades interesadas deben presentar una memoria técnica y cumplir una serie de requisitos: entre ellos, tener un sistema informático compatible con el de los servicios públicos para favorecer el intercambio de ofertas y candidatos, y tener al menos un 40% del negocio centrado en el sector privado.

Hasta ahora, más de 150 entidades han conseguido la autorización para actuar como agencias de colocación, en su mayoría pequeñas entidades locales, ya que la legislación actual impide a las empresas de trabajo temporal (ETT) participar en el proyecto, lo que ha dejado fuera a las grandes del sector. Sólo Manpower, a través de una sociedad independiente, ha conseguido la autorización en seis comunidades autónomas, entre ellas Catalunya. “Las agencias de colocación serán una herramienta más no sólo para ayudar a reducir el número de parados sino para mejorar su empleabilidad de cara al futuro –destaca la presidenta ejecutiva de Manpower, Carmen Mur–. Para ello, podemos aportar la experiencia de muchos años trabajando con empresas y candidatos en el sector privado”. En este sentido, las agencias no sólo ofrecerán servicios de selección a los parados, sino también orientación y formación para acompañarlos en el proceso de búsqueda.

Las agencias de colocación serán gratuitas para las empresas y candidatos, ya que serán financiadas por los fondos públicos. El próximo paso para que entren en funcionamiento es, precisamente, firmar convenios con los ayuntamientos o comunidades autónomas para fijar las condiciones de cada proyecto de colaboración. Aún no se ha firmado ninguno, pero Manpower confía en que en el 2012 ya se habrán materializado y empezarán a apreciarse los efectos en el mercado laboral.

La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), por su parte, reivindica una nueva reforma que les permita subirse al carro. “En España hay unas 300 ETT: si nos permitieran ser agencias de colocación, en tres meses los parados tendrían a su disposición oficinas en todos los pueblos de España”, destaca el portavoz de Agett, Lorenzo Rivarés.

 


La experiencia de otros países

La Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) reclama al Gobierno que permita a las ETT colaborar también con los servicios públicos de empleo. “En el resto de Europa, excepto Grecia y Luxemburgo, esto ya es posible, y es evidente que tenemos mucho que aprender de Europa”, advierte Lorenzo Rivarés, portavoz de Agett. Uno de los modelos que proponen es el sistema del voucher, una especie de cheque que se entrega al desempleado para que decida con qué agencia de empleo va a trabajar. En Bélgica, por ejemplo, se usa este sistema. En Holanda, los servicios públicos intercambian información con las agencias privadas, que no cobran parte de su financiación hasta que el parado ha conseguido un empleo estable. En el Reino Unido existen numerosos programas público-privados, entre ellos el Work Programme, dirigido a emplear personas que reciban prestaciones por desempleo. El proyecto está calculado para que sea rentable para el Estado, dado que es menor su coste que el de las prestaciones que recibirían esos desempleados si continuasen en paro. En Alemania también existen programas específicos de colaboración público-privada para la inserción laboral que buscan incrementar la empleabilidad de colectivos concretos, por ejemplo jóvenes en riesgo de abandono escolar o parados de más de un año de duración. Como en el caso de Holanda, el Gobierno paga a las agencias privadas un porcentaje inicial para que empiecen a trabajar con los candidatos, otro porcentaje cuando estos encuentran empleo y otro, cuando se comprueba que ese empleo es sostenido en el tiempo.

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