El servicio de empleo cuenta con un trabajador por cada 373 parados. La lacra no viene de la presente crisis, sino que el servicio público de empleo en España siempre ha estado en desventaja respecto de sus compañeros europeos.

Aun en los buenos momentos, cuando España rozó el pleno empleo en algunas provincias, el país tradicionalmente ha contado con una de las tasas más altas de paro de Europa. Pese a esta condición estructural, el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) siempre ha adolecido de escasos recursos humanos. Antes del apogeo de la crisis, en 2006, cuando el mercado laboral aún no había entrado en la debacle de destrucción de puestos de trabajo, el antiguo Inem registraba 1,837 millones de parados. Así, cada uno de los 7.996 funcionarios de las oficinas de empleo debía atender a 230 parados.

En Francia, que entonces contaba con 600.000 parados más, el saldo era de 90 desempleados por cada trabajador público. Países como Reino Unido, con menos parados y una población activa muy superior, dedica casi 10 veces más efectivos a sus servicios públicos de empleo. Antes de la recesión, cada miembro de sus oficinas contaba apenas con una veintena de personas que atender.

La situación en España no ha mejorado con la crisis. Mientras que la gestión de las prestaciones por desempleo destaca por su buen funcionamiento, la reinserción laboral continúa siendo una asignatura pendiente. Las desbordadas oficinas del SPEE no logran colocar a más del 6% de los parados que registran.

Aunque la idea de reformar el servicio público ha sido planteada por Trabajo, sindicatos y patronal, la falta de consenso ha mantenido el statu quo. La única determinación concreta que ha tomado el Gobierno ha sido la de contratar a 1.500 orientadores, que asesoran y guían a los desempleados en itinerarios de inserción.

Por ello, que la plantilla del Inem ascienda hoy a 9.496 personas poco puede hacer ante los 3,544 millones de desempleados registrados. La proporción no compensa. Cada asistente público ha de atender una cola de 373 parados. La evidente necesidad de mejorar hizo que el tema llegara a la mesa del diálogo social. Mientras el Ejecutivo no termina de decidirse, la CEOE pugna por introducir en todos los sectores a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) -actualmente tienen vetados algunos como construcción o Administraciones públicas- y abrir la puerta a un sistema de empleo con colaboración privada. Una propuesta a la que, a priori, se oponen Gobierno y sindicatos. Al menos, hasta que se renueve el SPEE. Por el momento, para Trabajo la gran apuesta de futuro en este sentido será la aplicación del nuevo servicio web de búsqueda de empleo, la llamada Red Trabaja. Un proyecto que, pese a los sucesivos retrasos que ha experimentado, confían en tener funcionando en otoño, ya que permitirá la colocación de los parados de forma telemática, desde cualquier acceso a internet.


Extremadura, líder en intermediación

Las políticas activas del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que las oficinas de cada región funcionan de forma distinta. En su conjunto, desde el Ministerio de Trabajo calculan que el antiguo Inem coloca al 6% de los parados, una tasa que duplican las empresas de trabajo temporal (ETT).

Según Agett, patronal de estas compañías, Extremadura es la comunidad autónoma cuyo servicio público funciona mejor. Su cálculo estima que en 2008 la oficina de empleo de esta región gestionó el 11,4% del total de colocaciones (medido sobre el total de colocaciones, en lugar del cálculo de Trabajo, que toma en cuenta al conjunto de parados registrados). La cifra es con creces, superior al 2,5% de intermediaciones realizadas por las ETT, fenómeno que no se suele repetir en el resto de la geografía española. En Cataluña, donde menor es la actuación pública, el antiguo Inem apenas mueve el 0,5% de las colocaciones frente al 18,4% de las privadas.

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