El Gobierno otorga 420 euros mensuales a desempleados como medida extraordinaria contra los efectos de la crisis sobre el empleo en España. Ante la falta de claridad de la medida, se dan algunas explicaciones sobre su aplicación.

No es ni "un engaño", ni "una estafa", ni "un timo". Se trata simplemente de una nueva ayuda económica para los parados, bien pensada, pero mal explicada y aplicada. Leyendo estos días los periódicos o viendo y escuchando televisiones y radios, podría parecer que el Gobierno ha urdido un plan para engañar a miles de desempleados que cada día se quedan sin protección. Sin embargo, estudiando los criterios adoptados por el Ejecutivo para otorgar el nuevo subsidio de 420 euros mensuales durante seis meses, éstos no son tan descabellados ni son una artimaña para engañar a nadie.

Analicemos uno por uno los requisitos para acceder a esta nueva ayuda que es un híbrido entre prestación contributiva (que perciben quienes han cotizado por desempleo al menos durante un año) y el subsidio (ayudas asistenciales para quienes agotan la prestación, pero tienen más de 52 años o responsabilidades familiares). Para empezar, se exige a los beneficiarios que hayan agotado las prestaciones o subsidios que les correspondían, lo que deja fuera a aquellos que no hayan pagado las suficientes cotizaciones por desempleo que exige la ley. Esto no es ninguna aberración, ya que la idea del Gobierno es prolongar la prestación de trabajadores que sí han contribuido a la caja común de la protección por desempleo, pero que, por la crisis actual, absolutamente coyuntural, han quedado desprotegidos.

En este punto llega el segundo y quizás más polémico requisito: haber agotado cualquier tipo de ayuda por desempleo a partir del 1 de agosto pasado. Quienes terminaran las prestaciones con anterioridad también quedan fuera de la nueva ayuda. Pero a nadie puede escapársele la necesidad de fijar forzosamente un tope temporal para el cobro de este subsidio, lo contrario sería un sinsentido.

Es comprensible que quienes no cumplan dicho requisito estén disgustados y lo consideren una grave injusticia; pero lo mismo podrían pensar los cientos de miles de personas que tuvieron hijos con anterioridad a fijarse la ayuda de los 2.500 euros y no se exigió con la misma vehemencia que se ampliara su retroactividad.

Podría ser discutible si el 1 de agosto es la fecha inicial. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero sugirió ayer que, con el consenso de los sindicatos y las comunidades podría modificarse este punto. Pero según distintas fuentes, dicha fecha fue la elegida porque, según los datos del Ejecutivo, será a partir de entonces cuando un mayor número de parados empiece a agotar la prestación. Para hacer esta afirmación sólo hay que recurrir al periodo medio de cobro de la prestación contributiva que está entre los 13 y los 16 meses (el máximo son 24 meses). Si se tiene en cuenta que fue a partir de octubre o noviembre de 2008 cuando empezaron a llegar en masa los parados a las colas del Inem, será a partir de este otoño y durante el invierno, cuando se agoten más prestaciones.

Bien es cierto que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no hizo ninguna referencia a la exigencia de agotar las prestaciones desde el 1 de agosto cuando presentó el programa de ayudas públicamente, lo que apunta a una explicación en parte defectuosa o, al menos, parcial de la medida. Si bien, quien leyera la referencia del Consejo de Ministros o el Decreto del BOE sí pudo ver con claridad este requisito. Igualmente, tampoco precisó que los 420 euros serían incompatibles con otras rentas sociales, lo que deja fuera a otro nutrido grupo que ya cobra ayudas asistenciales de las comunidades.

Ambas ausencias, a la hora de explicar los requisitos han podido llamar a engaño a muchos parados que se creían beneficiarios, pero que no cumplen los requisitos. Llegados a este punto hay que recordar a todos ellos que no quedan desprotegidos pero que es a la ventanilla de las consejerías de Asuntos Sociales de sus autonomías donde deben solicitar una renta asistencial.

Otro de los asuntos que se ha denominado "engañoso" estos días es el requisito de participar en cursos de formación para recibir la ayuda. Esto finalmente no será en todos los casos, pero sí se exigirá que participen en "itinerarios de inserción". Esto es, que demuestren que buscan empleo activamente, lo que muchas veces puede resultar más productivo que un curso. Finalmente, queda una duda que no se despejará hasta principios de septiembre, cuando se publiquen los datos del desempleo: si los nuevos beneficiarios de la ayuda saldrán o no de la lista del paro. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que no.

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