Recolocaciones inmediatas, formación en el puesto de trabajo, seguimiento laboral y altas prestaciones por desempleo son medidas que forman parte de la política europea de flexiseguridad. Es un concepto utilizado en los mercados laborales más flexibles de varios países de la Unión Europea, pero que en España todavía no se ha desarrollado. Los expertos valoran la flexiseguridad de forma positiva y consideran que servirá para modernizar el mercado de trabajo español, pero tras este plan aparece la sombra de un despido más barato, lo que suscita las críticas de diversos sectores, entre ellos los sindicatos.
El elevado crecimiento del desempleo en los Veintisiete, motivado por la crisis económica, especialmente en España, donde la tasa de paro ya duplica a la de la media europea, ha puesto sobre la mesa la necesidad de realizar reformas laborales. En este sentido, la Unión Europea ha instado a los países miembros a que tiendan hacia el modelo de flexiseguridad. Un término que nació en Holanda en la década de 1990, que tiene su paradigma de aplicación y de éxito en Dinamarca, y que es una de las estrategias fijadas por la Agenda de Lisboa para 2010. En España ha cosechado tanto defensores como detractores, y más cuando esta semana el Gobierno, sindicatos y patronal se han reunido para llegar a un acuerdo en el diálogo social.
La flexiseguridad "es un concepto moderno y equilibrado de relaciones laborales, que busca una mayor eficacia en la adaptación de oferta y demanda de empleo para dar respuesta a las nuevas necesidades de flexibilidad y seguridad de empleados y empleadores, con una gran novedad: la idea de compromiso entre ambas partes", explica Francisco Aranda, presidente de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett). Por un lado, dota de capacidad a las empresas para adaptar su mano de obra a las condiciones económicas cambiantes y, por otro, "ofrece seguridad al empleado mediante un sistema muy potente de formación y de prestaciones por desempleo para favorecer el tránsito entre puestos de trabajo y de sectores. Se trata de que el trabajador esté ocupado durante toda su vida activa", expone Esther Sánchez, profesora de Derecho de Esade. O dicho de otro modo: la empresa posee más facilidad para contratar y despedir trabajadores, a la vez que éstos reciben formación adecuada que aumenta su empleabilidad para que, en el caso de perder su empleo, su estancia en el paro sea lo más corta posible, y durante ese periodo reciban más formación y unas altas prestaciones.
Sin embargo Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT, argumenta que “la facilidad para encontrar un nuevo trabajo y la obtención de una prestación por desempleo adecuada no significa seguridad en el propio puesto”. Para Ana Santana, adjunta a la secretaría de empleo de Comisiones Obreras (CCOO), "la seguridad combinada con flexibilidad no será tal si no se generan puestos de trabajo o si los nuevos empleos no se asemejan cualitativamente con los que desaparecen".
Ante esto España, que cuenta con 3.564.889 desempleados según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, se encuentra ahora en la tesitura de cambiar su modelo económico y modernizar el mercado de trabajo, en línea con lo marcado desde la Unión Europea. A la cabeza en la aplicación de estas políticas se encuentran los países nórdicos. “Actualmente, Reino Unido, Francia y Holanda lideran la batalla por la flexibilización”, expone Javier Ayuso, director general de Start People.
Sin embargo, "lo que se busca es que los Veintisiete hablen el mismo idioma laboral, siendo conscientes de que las recetas no pueden ser generalistas", apunta Aranda, de Agett. En este sentido, Salvador del Rey, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, apunta que "el modelo de flexiseguridad de los países nórdicos es muy concreto y no es exportable, aunque haya servido de inspiración a otros". Además, Del Rey recuerda que "la Unión Europea ha definido un marco de actuación dentro del que existen diferentes itinerarios y España tiene que encontrar y seguir el suyo".
Encontrar el camino
Obviamente, no existen recetas mágicas, pero parece que ha llegado la hora de poner soluciones. "Nos jugamos el mantenernos en el furgón de cola de la Unión Europea. Con la tasa de paro y la baja cualificación existente en España, hay que adoptar medidas ya", advierte Sánchez, de Esade. Porque para los expertos, España está lejos de la flexiseguridad: "Somos el paradigma de la antiflexiseguridad y nuestra asignatura pendiente son las políticas activas de empleo: recolocación, formación y promoción del autónomo, entre otras", afirma Del Rey. De la misma opinión es Gayle Allard, vicerrectora de IE University y experta en mercado laboral, que considera que "los tres pilares sobre los que se asientan estas políticas -formación, flexibilidad y seguridad para el empleado- son muy deficientes en España".
De este modo, una vez identificados los problemas, falta ponerse manos a la obra. "Para que se pueda implantar la flexiseguridad, primero se necesita situar como elemento principal la calidad de los empleos y mejorar los sistemas de protección social, invertir en políticas activas del mercado de trabajo y promover la formación permanente de empleados", expone Ayuso.
Según Beatriz Cordero, directora de relaciones laborales de Randstad, "hace falta una labor de concienciación por parte de todos los agentes sociales para mejorar esta tarea. Es necesario fomentar la profesionalización y hacer un seguimiento de los parados de larga duración ofreciendo programas formativos orientados al puesto que se desea cubrir".
Además, Aranda identifica un punto a favor: "El diálogo social es la herramienta básica para implantar y construir nuestro propio modelo de flexiseguridad y adaptarlo a nuestro contexto sociolaboral".
En este sentido, Del Rey explica que "a pesar de que el diálogo social discurre con retraso, existen muchos puntos de encuentro, como el impulso a la recolocación, la dotación de flexibilidad interna en las empresas y la reducción de la segmentación del mercado laboral. Hay que dar un voto de confianza a los interlocutores sociales, porque las áreas de encuentro se están explorando".
De este modo, España puede llegar a ser un país flexiseguro, aunque Ferrer, de UGT, advierte de que "una mal entendida estrategia de flexiseguridad o una mala combinación de flexibilidad y seguridad podría ocasionar un coste social desproporcionado".