L 'allau d 'acomiadaments no només infla les llistes d 'aturats, sinó que porta els jutjats al límit del col·lapse. Els jutges i el personal al seu càrrec no donen l 'abast per resoldre els 488.000 assumptes socials que es preveuen aquest any a tota Espanya.

Los asuntos que sufren más demora incluyen reclamaciones por denegación de pensiones. La dilación dispara el coste que asume el Estado en salarios si el fallo tarda más de dos meses.

La avalancha de despidos no solo ha inflado las listas de parados, sino que ha llevado a un buen número de juzgados al borde del colapso. Los jueces y el personal a su cargo no dan abasto para resolver los más de 488.000 asuntos sociales que se prevé que ingresen este año en toda España, hasta el punto de que el Ministerio de Justicia estima que unos 308.000 casos, el 63% del total, quedarán pendientes de resolución. El retraso en los juicios llega a un año en Barcelona, lo que dispara la factura para el Estado en salarios de tramitación cuando el pleito por despido dura más de dos meses, según confirmaron fuentes judiciales.

La situación es completamente excepcional. Hasta el inicio de la crisis, las demandas por despido podían estar listas en unos dos meses y, el resto de cuestiones menos urgentes, en unos cuatro meses. En poco tiempo, se ha acumulado un retraso que ha obligado al Gobierno a poner en marcha un plan de refuerzo con 35 jueces recolocados que prevé incluso la celebración de juicios por la tarde en algunas comunidades para reducir la lista de espera en los próximos seis meses. La prioridad será acelerar los juicios por despido, que en Barcelona han acumulado retrasos de hasta seis meses en algún juzgado. Los asuntos con más demora son los considerados como menos urgentes, que incluyen reclamaciones de cantidades y por denegación de pensiones. Para el magistrado Ramon Llena, se trata de casos especialmente delicados porque «se alarga la incertidumbre de una persona que espera cobrar una pensión».

PLEITOS CON JUSTICIA / El plan de refuerzo tiene como finalidad reducir en 2,5 millones al año el gasto del Ministerio de Justicia en concepto de salarios de tramitación al sobrepasar los dos meses de espera de la sentencia. Las empresas adelantan los salarios y después reclaman a la Administración la parte que le toca.

Ahí viene el siguiente problema, según explican Marc Carrera y Manel Hernàndez, directores de la oficina del bufete Sagardoy en Barcelona. «El ministerio apura al máximo los plazos para pagar a las empresas los salarios adelantados, hasta el punto de que en muchos casos tenemos que reclamar judicialmente esas cantidades al ministerio e incluso los intereses de demora en una litigiosidad añadida innecesaria», asegura Hernández.

RÉCORD EN BARCELONA / En uno de los últimos casos que ha llevado este bufete especializado en el ámbito laboral, el ministerio tardó 15 meses desde la sentencia en pagar 100.000 euros y ahora se niega a abonar los intereses de demora.

Los juzgados de Barcelona ya estaban por encima de la referencia del Consejo General del Poder Judicial de 850 asuntos por año antes del inicio de la crisis, según Llena, y «ahora, con el fuerte incremento registrado desde abril del 2008, las costuras han reventado». Según los últimos recuentos, los juzgados de lo social de la capital catalana se encuentran ahora a un ritmo de 1.400 asuntos anuales y el plan de refuerzo, centrado en los despidos, supondrá solo una leve mejora.

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