Michelin no solo edita la más famosa guía de restaurantes del mundo. La multinacional francesa ha logrado en España un importante acuerdo laboral que casi podría servir, también, de guía para que empresas sanas y rentables hagan la travesía del desierto de la mayor crisis en 60 años sin un solo despido, sin rebajas de salario, convirtiendo los empleos temporales en fijos y sin dañar la viabilidad futura de la firma. Se trata del documento bautizado como Acuerdo Marco de Excepcionalidad (AME), negociado entre la empresa, UGT y CCOO (después se adhirieron CSI y USO).
«No en todos los demás países donde están Michelin es así», explican los representantes de UGT y CCOO, José Antonio Fernández y Marcial Moreta. Fernández pertenece a la fábrica de Valladolid y Moreta, a la de Vitoria. «En general, lo que se ha hecho fuera de España es deshacerse de los eventuales o reducir turnos», señalan. Las fábricas españolas (Lasarte, Vitoria, Aranda de Duero y Valladolid) se cuentan entre las más productivas de las existentes en 19 países.
El acuerdo fue firmado en diciembre del 2008 y ampliado después en abril. Cada uno de los 8.500 trabajadores de Michelin en España –desde el director general hasta el empleado más reciente– acepta reducirse la jornada anual en un máximo de 70 días –según las exigencias de la producción–, que serán recuperables a lo largo de cinco años. Como mínimo, el 50% del salario de estas jornadas se cobrará en el 2009 (aunque no se hayan trabajado) y, el resto, cuando se recuperen. En ningún caso se descontará a un empleado más de dos jornadas de sueldo en un mismo mes «para no romper la economía familiar». Los empleados renuncian al plus salarial por ajuste de jornada.
El acuerdo –admiten los sindicatos– fue posible porque la situación financiera de la firma lo permite (340 millones de beneficios en el 2008). Pero también «porque existe una tradición de negociación y acuerdos laborales que hemos construido con los años», aseguran. «La paz social cuesta dinero».
Se calcula que en el 2009, de las 70 jornadas de reducción máxima, se aplicarán una media de 35 días por empleado. Eso, equivale a entre 800 y 900 empleos. Son los despidos que se han logrado evitar. La negociación del AME empezó a finales del 2008, cuando todas las señales del sector anunciaban que se avecinaba una crisis monumental. El objetivo era salvar el empleo, la condiciones laborales y, sobre todo, la viabilidad de la empresa. Se decidió que, en la medida de lo posible, habría que evitar un ERE, por ser «más traumático» y porque la empresa prefería dar una solución «interna» al problema. También se acordó evitar el despido de eventuales y no prescindir de subcontratas. Así, se pactó un plan de reducción de hasta 30 jornadas, con el abono total del sueldo. «Eso nos permitió atravesar lo más duro de la crisis», cuentan. Pero en marzo se agotó el margen, y hubo que renegociar el AME, elevar a 70 la reducción máxima de jornadas y diferir el 50% del salario de los días no trabajados.
Al final del 2009,acaba la vigencia del AME. Se planea algún tipo de prórroga, pero, además, será preciso darle una vuelta de tuerca más. La firma plantea un ERE temporal de hasta 18 meses para 386 personas de 59 o 60 años. En el peor de los casos, la suspensión llegará hasta la jubilación (61 años y medio). Por eso, dirección y sindicatos están convencidos de que, en principio, será una medida «poco o nada traumática». Lo que se negocia es cuál será el complemento salarial que la empresa añadirá a la prestación por desempleo.