El mantenimiento de un sistema de jubilaciones anticipadas y la determinación de sus condiciones suponen el principal escollo en la renovación del pacto de pensiones firmado hace cuatro años. El Gobierno es partidario de eliminar el derecho a la jubilación anticipada (ahora permitida a los 60 años), o al menos de retrasar tal posibilidad, y los sindicatos quieren mantenerlo. Sobre la financiación de los complementos de mínimos, capitalización del fondo de reserva y mejora de las mínimas apenas hay diferencias.

La mesa de la reforma del sistema de protección social, a diferencia de la del mercado laboral, es la que más diligentemente ha avanzado, según las tres partes negociadoras (Gobierno, sindicatos y empresarios). No obstante, tampoco existe ningún acuerdo cerrado, y el principal escollo para ello es el establecimiento de nuevas fórmulas para poder acceder a la jubilación anticipada, que ahora se permite a los 60 años para quienes estuviesen de alta en el sistema en enero de 1967. (Sólo 1,5 millones de trabajadores de alta en el sistema de pensiones público conservan este derecho).

El precio a pagar por el retiro anticipado es el recorte de la prestación de jubilación con los denominados 'coeficientes reductores ', que restan el 8% de la cuantía por cada año de anticipación de la jubilación. Así, si una persona se jubila a los 64 años recibe un 8% menos de su pensión, mientras que si el retiro se produce a los 60 años la pérdida es de un 40%. En esta regla hay una excepción: los trabajadores que hayan cotizado más de 40 años, a los que el coeficiente penalizador se les rebaja a 7% por año de anticipación.

La pretensión de los sindicatos es generalizar la jubilación anticipada, de tal forma que cualquier trabajador que lo desee pueda jubilarse a partir de los 60 años. No obstante, las centrales entienden la necesidad de mantener los coeficientes reductores, para que no se produzcan mermas en los ingresos de la Seguridad Social; además proponen que dicho coeficiente penalizador se adecue al número de años cotizados por el trabajador: cuantos menos años de cotización, menos pensión y viceversa, para reforzar al máximo la contributividad del sistema.

La postura mantenida por Trabajo es totalmente contraria. Prefiere alargar lo máximo que se pueda la vida laboral, ya que proporciona más ingresos por cotizaciones y genera menos en pensión. Pese a ello, el Gobierno ha mostrado su disposición a discutir el establecimiento de un sistema de jubilación anticipada para todos los trabajadores, pero nunca a partir de los 60 años, que proponen los sindicatos, sino más bien cerca de los 63 años, que es la edad media, en la práctica, a la que se retiran los trabajadores españoles ahora.

El Gobierno insiste, por otra parte, en su iniciativa de incentivar, mediante la exoneración de cotizaciones, la permanencia en el puesto de trabajo más allá de los 65 años de manera voluntaria. En la actualidad sólo el 3,7% de los trabajadores sigue ocupado más allá de los 65 años.

Otro de los los ejes principales de la reforma es la gradualidad con la que los 680.000 millones que cuestan los complementos a mínimos de las pensiones -ayudas del sistema de Seguridad Social para que los trabajadores que no han cotizado lo sufiente cobren la pensión mínima que garantiza la ley- pasen a financiarse con impuestos, y que ahora soportan las cotizaciones.

Los sindicatos defienden que este tránsito se haga entre seis y ocho años, mientras que la propuesta inicial del Ejecutivo es de 12 años, y que en esta legislatura se ejecutara la separación de sólo el 25% del total. El acuerdo podría consistir en culminar esta separación de fuentes en dos legislaturas. Esto supondrá un aumento de los ingresos del sistema que los empresarios demandan que sea utilizado para rebajar las cotizaciones sociales -su principal demanda en esta mesa-, de la que pretenden no levantarse, al contrario de lo que hicieron en el anterior acuerdo de pensiones de 1996.

El punto de las negociaciones que ofrece un mayor grado de consenso es la acometida de una nueva subida de las pensiones más bajas, en especial las de las viudas menores de 60 años con cargas familiares.

El resto de los asuntos que están sobre la mesa son la mejora del acceso a la protección por desempleo y la convergencia de los regímenes especiales, casi todos ellos en déficit.

Esto es, el régimen general aglutinaría a los trabajadores por cuenta ajena y el de autónomos a los de cuenta propia.

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