El Gobierno francés aprobó ayer la controvertida reforma destinada a facilitar los ajustes de plantilla por causas económicas y que fue criticada tanto por los sindicatos como por la patronal.

El Gobierno francés aprobó ayer la controvertida reforma destinada a facilitar los ajustes de plantilla por causas económicas y que fue criticada tanto por los sindicatos como por la patronal. Lo que en un principio tenía que ser la regulación de los despidos bursátiles ha acabado en un híbrido que no satisface a nadie.

El texto, que intenta "anticipar las mutaciones económicas", reconoce el "derecho a la recolocación" de todos los trabajadores en caso de despido económico, incluidos los de la pequeñas y medianas empresas. Pero al mismo tiempo aumenta el número de trabajadores a partir del cual se impone un plan social en caso de reestructuración.

Otro motivo de descontento para los sindicatos es la reducción del plazo de recurso contra un plan social, que quedará establecido en un año. Asimismo, un artículo de la nueva ley autoriza al empresario a retrasar la información del comité de empresa sobre una OPA hasta 48 horas después de que se produzca. Actualmente está obligado a informar con antelación al comité.

El texto inicial preveía incluso la posibilidad de despido en nombre de la "salvaguarda de la competitividad", lo que fue suprimido este fin de semana por el propio primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, ante la movilización social que amenazaba. Esta concesión a los sindicatos provocó la indignación del presidente de la patronal Medef, Ernest-Antoine Seillière, que denunció "las insuficiencias" del Gobierno de Raffarin.

A pesar de todo, el sindicato CGT prepara "acciones y protestas" que su secretario general, Bernard Thibault, desea que sean "lo más unitarias posibles". Los otros sindicatos aprecian concesiones gubernamentales aunque reclaman aclaraciones sobre ciertos puntos de la ley.

"PUNTO DE EQUILIBRIO"

En respuesta a las críticas de los dos bandos, el portavoz del Gobierno, Jean-François Copé, aseguró ayer que la última versión del texto "es un buen punto de equilibrio que responde a muchas de las preocupaciones de los franceses en materia de empleo y de crecimiento". La reforma, que se presenta como una rectificación de la ley de programación para la cohesión social, ha sido elaborada por el ministro de Empleo y de la Cohesión Social, Jean-Louis Borloo. El texto será examinado primero por el Senado. Los sindicatos temen que las concesiones hechas por el Gobierno queden anuladas por enmiendas presentadas por senadores ultraliberales.

Está previsto que el texto sea completado con el resultado de las negociaciones que deben entablar los interlocutores sociales responsables en Francia del sistema de financiación del seguro de paro. Queda por determinar el importe de los subsidios y su duración, así como la creación de un "contrato local territorial" para revitalizar zonas de empleo negociadas con los sindicatos.

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