Los cambios en el Estado social alemán de 2003 han disparado el gasto público y no han logrado crear más empleo. El Gobierno discute si hacer cambios profundos o leves retoques.

En 2005 saltó a la prensa un turbio asunto en torno a la empresa Volkswagen sobre turismo sexual de sus directivos a cargo de la empresa y una red global de sociedades tapadera, escándalo en cuyo centro estaba Helmuth Schuster, la mano derecha de Peter Hartz, un directivo que tuvo que dejar su puesto y hoy está acusado de malversación.

Peter Hartz era el jefe de una comisión encargada de presentar propuestas para reformar el mercado laboral. En agosto de 2002, el canciller Gerhard Schröder y su íntimo amigo Hartz declararon que con estas propuestas se reduciría un 50 por ciento el número de desempleados, hasta 2 millones de trabajadores. Schröder prometió aplicarlas sin cambios, y entre 2003 y 2005 aprobó cuatro leyes que significaron una profunda reforma del estado social alemán.

Las propuestas de la comisión consistían en un paquete de medidas que tenían la finalidad de incrementar la efectividad de las oficinas de empleo y de aumentar las exigencias a los beneficiarios bajo el lema de “pedir y fomentar” (fordern und fördern). De todas esas leyes, la última era la más temida, porque en ella se decretaba la refundición de la “ayuda por desempleo” y la “ayuda social” (que recibía del Estado toda persona carente de ingresos) bajo el nombre de “subsidio de empleo II”.

El sistema social se basaba hasta entonces en pagar al desempleado el subsidio según el tiempo trabajado. Una vez finalizado ese subsidio, el desempleado cobraba la “ayuda por desempleo” por un periodo prácticamente indefinido y oscilaba entre el 53 por ciento y el 57 por ciento del último sueldo recibido.

La última reforma cambió radicalmente ese sistema en enero de 2005. El desempleado cobra ahora –con independencia del tiempo que haya estado trabajando– durante un año el “subsidio de desempleo I” y después pasa al “subsidio de desempleo II”. Este último costea al desempleado la vivienda con los gastos de comunidad, el seguro de enfermedad estatal más 345 euros al mes si vive solo, lo que es una situación claramente regresiva, por el nivel de sueldos alemán y el mayor volumen de la antigua ayuda social.

En 2004, conforme se acercaba la entrada en vigor de la ley, se acentuaron las críticas de los sindicatos, las asociaciones benéficas, el ala izquierda de los socialdemócratas (SPD) y el partido postsocialista (PDS), que tiene sus bases en el este de Alemania, donde hay zonas con más del 30 por ciento de la población activa en paro. Por su parte, los dirigentes empresariales y la oposición conservadora (CDU) y liberal (FDP) alabaron la valentía de Schröder al reformar los sistemas sociales de Alemania. Pero provocó un bajón de popularidad de su gobierno en 2005 y precipitó las elecciones anticipadas para septiembre de ese año. Y también fue la razón de que surgiera otro partido de izquierdas (Die Linke), que obtuvo el 8,7 por ciento en los comicios y le robó a Schröder los votos decisivos para ganar. Hoy, tras nueve meses del gobierno de Angela Merkel, gran parte de los expertos está de acuerdo en que la reforma es un desastre total.

En 2005 estaba presupuestado un gasto de 15 billones de euros para el “subsidio de desempleo II”, pero el gasto se disparó hasta 25 billones. Algunos comentaristas estiman que supera al que provocaba el antiguo sistema.

La causa de esta explosión de costes son, por una parte, las cifras poco realistas de las que partía el gobierno de Schröder. A quienes cobraban las ayudas anteriores se han sumado miles de personas con trabajos precarios –temporales o poco remunerados– que solicitan el nuevo subsidio para completar sus ingresos. Éste se ha convertido en el ingreso mínimo de muchos alemanes.

También la reforma de las oficinas de empleo ha fracasado. En vez de ser más eficaces en la búsqueda de trabajo, ni siquiera tienen el personal necesario para controlar los fraudes y abusos de los receptores. Desde la derecha piden mano dura contra quien engañe al Estado, mientras que la izquierda les acusa de criminalizar a los desempleados.

Con todo, ya se está planteando la reforma de la reforma: mientras que el SPD sólo pide retoques, desde la CDU y el FDP exigen un nuevo sistema. De momento, habrá algunos cambios para combatir el supuesto fraude.

Se desconoce lo que piensa Peter Hartz del efecto de su reforma; desde que dimitió y está encausado no hace comparecencias públicas. Sólo es seguro que ni él ni Schröder tendrán que vivir del “subsidio de desempleo II”.

Más gasto sin más puestos de trabajo

El desastre económico de la reforma se debe fundamentalmente al hecho de que no haya aumentado prácticamente el número de puestos de trabajo. Otro de los muchos fallos es que, a diferencia de la antigua ayuda social, no se tienen en cuenta los ingresos de todos los miembros de una familia.

Éstos sólo responden económicamente del desempleado si éste vive bajo su mismo techo. Se dan casos picarescos como el del hijo desempleado de padres ricos que ha alquilado uno de los pisos de sus propios padres y cobra el “subsidio de desempleo II” al completo, presentando a la oficina de empleo un contrato como supuesta prueba de que está pagando un alquiler a sus padres.

Los perdedores de la reforma son las personas que han trabajado y cotizado a la seguridad social durante decenios y ahora tienen que enfrentarse al hecho de que, tras un año en paro, cobran exactamente lo mismo que alguien que no ha trabajado nunca.

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.