La reforma laboral pactada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, incorpora el compromiso del Ejecutivo de estudiar en el plazo máximo de nueve meses nuevas medidas para facilitar la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo.

La reforma laboral pactada por el Gobierno, la patronal y los sindicatos recibió ayer el apoyo casi unánime del Congreso, trámite en el que incorporó el compromiso del Ejecutivo de estudiar en el plazo máximo de nueve meses nuevas medidas para facilitar la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo.

En una enmienda pactada ayer por el Grupo Socialista con Esquerra Republicana se emplaza al Gobierno a que antes del otoño del año que viene apruebe nuevas normas para optimizar la transición laboral de los jóvenes al mercado laboral, previo acuerdo con los sindicatos y la patronal. El ponente socialista en la reforma laboral, Jesús Membrado, considera que el abanico de posibles medidas para facilitar el empleo juvenil estable puede abarcar desde la bonificación de determinados tipos de contratos hasta las ayudas dirigidas a profesionales de alta cualificación. 'No se trata de crear un nuevo tipo de contrato, sino de abrir un debate sobre las normas que pueden ayudar a mejorar las condiciones laborales de los jóvenes, también de los que están mejor cualificados ', aclara Membrado.

Mayores bonificaciones

Mediante otra enmienda pactada ayer por el Grupo Socialista con Convergencia i Unió se eleva de 3.000 a 4.500 euros anuales la bonificación destinada a aquellos empresarios que contraten a discapacitados de forma indefinida. Esta bonificación será de 4.800 euros anuales si el empresario contrata a personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%. También se podrán beneficiar de ayudas similares quienes contraten a personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.

En la recta final de la tramitación de la reforma laboral, el Gobierno ha aceptado también el compromiso de presentar en el plazo de seis meses desde su aprobación una norma con rango de ley para regular el régimen de las empresas de inserción, algo inexistente hasta ahora que puede facilitar la colocación a las personas en situación de exclusión social. Esta iniciativa se canalizará mediante un decreto ley.

CiU no pudo sacar adelante la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial a las empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores.

Apoyo con matices del PP a una reforma bendecida desde CEOE

El principal partido de la oposición apenas si disponía de margen para justificar su rechazo al proyecto de ley de mejora del crecimiento y del empleo ya que llegó al Congreso bajo el manto protector de la patronal CEOE y de las principales organizaciones sindicales. El ponente del PP en dicho proyecto, José Eugenio Azpiroz, expresó ayer su respaldo global a la reforma laboral, aunque en opinión de su grupo se queda corta y no aporta grandes novedades a los derechos laborales de los discapacitados.

El proyecto de ley salió ayer adelante en el Congreso con los votos favorables de todos los grupos y la abstención de Izquierda Unida, el PNV y el Bloque Nacionalista Gallego. Estos dos últimos grupos no tenían fácil votar a favor de la reforma ya que los dos grandes sindicatos de sus respectivas comunidades quedaron fuera del gran acuerdo social alcanzado en julio de 2005.

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