Puede ser la mayor crisis empresarial en muchos años en Andalucía. Delphi anunció ayer el cierre de su factoría en Puerto Real (Cádiz) y el despido de sus casi 1.600 trabajadores. La multinacional esgrime pérdidas por 150 millones en los últimos 5 años.

Puede ser la mayor crisis empresarial en muchos años en Andalucía. Delphi anunció ayer el cierre de su factoría en Puerto Real (Cádiz) y el despido de sus casi 1.600 trabajadores. El comité de empresa se encerró en el centro de trabajo y los trece alcaldes de la comarca constituyeron una comisión de seguimiento.

El anuncio de cierre de la factoría que la multinacional Delphi tiene en Puerto Real y el consiguiente despido de casi 1.600 trabajadores cayó ayer como una bomba en la bahía de Cádiz. La empresa se escudó en las pérdidas de 150 millones de euros acumulados en los últimos cinco años, a lo que los sindicatos y la Junta de Andalucía respondieron que la factoría ha recibido multitud de ayudas oficiales - 5 millones de euros en el 2005 a fondo perdido- para mantener la actividad y los puestos de trabajo. Además de esa cifra, la Junta adquirió a la multinacional unos terrenos por 10 millones de euros para destinarlos a un parque de empresas auxiliares. Entre directos e indirectos, el cierre afectará a unos 4.000 empleos repartidos por 13 municipios.

El primer aviso de lo que podía ocurrir llegó hace unos meses, cuando Delphi Automotive Systems anunció su intención de cerrar o vender las factorías gaditana y pamplonica y conservar sólo las dos que tiene en Catalunya - Sant Cugat y Sant Vicenç dels Horts- y la de Zaragoza. Fuentes de la empresa explicaron que la reestructuración general de la actividad no afecta a las plantas catalanas, donde están previstas importantes inversiones. Así lo comunicaron el pasado día 12 directivos de la compañía a la consellera de Treball, Mar Serna, y al director general de Relacions Laborals de la Generalitat, Salvador Álvarez.

En Cádiz, Delphi tiene tres líneas de fabricación, una de direcciones asistidas, que habría vendido a Cerberus, y dos de amortiguadores y rodamientos. En un comunicado, la empresa añadió ayer que las líneas de productos fabricados en Cádiz han sido catalogados como "no esenciales" y que provocan pérdidas, por lo que la única opción es el cierre y se ofrece a empezar de inmediato la negociación con las partes afectadas, trabajadores y proveedores. No ve posibilidades de nuevos contratos que le permitan mantener la actividad industrial.

La reacción inmediata de los empleados fue encerrarse en las instalaciones, al tiempo que los sindicatos, los alcaldes de la comarca y la Junta de Andalucía dijeron que la decisión rompe el plan industrial pactado. El consejero de Empleo, Antonio Fernández, dijo en Bruselas que el Gobierno andaluz obligará a Delphi a cumplir sus compromisos con los trabajadores y recurrirá para ello a todas las instancias necesarias, informa Efe. Fernández expresó su "absoluto rechazo" a la decisión de Delphi porque la ha anunciado sin comunicarla previamente a la Junta y porque no va acompañada de un "plan social" tal como exige la legislación española. "No es admisible plantear un cese de actividad sin más por el impacto que tiene sobre la actividad, el territorio y la economía inducida que genera", dijo Antonio Fernández. El ministro de Industria, Joan Clos, terció diciendo que su departamento buscará una solución, para lo cual Junta de Andalucía y Gobierno central están en contacto permanente. Clos aseguró que "la economía global y abierta a veces golpea con noticias como ésta", aunque precisó que su departamento va a buscar el menor daño posible para los trabajadores.

Por su parte, los sindicatos advirtieron que no aceptarán sin más los planes de la empresa y recordaron las abundantes ayudas que ha recibido de las administraciones públicas a cambio de mantener la actividad y el empleo. El secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, dijo que "las empresas no se pueden dedicar a choricear los presupuestos de las administraciones públicas" y después irse a otras zonas industriales. En octubre del 2005, Delphi alegó una situación de bancarrota para solicitar ayudas fiscales y firmó con los sindicatos y la Junta un plan industrial hasta el 2010.

Un miembro del comité de empresa calificó de "terrorismo industrial" la decisión de cerrar, al tiempo que el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, agregó que hay demasiados intereses en juego para que el asunto se solvente con un cierre sin más consecuencias. Los sindicatos han convocado una manifestación el próximo 1 de marzo. Los municipios afectados son Puerto Real, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Medina Sidonia, Paterna, Benalup-Casas Viejas, Jerez de la Frontera, San José del Valle, El Puerto de Santa María, Rota y Sanlúcar de Barrameda. El Parlamento andaluz aprobará una resolución del PSOE que insta al Gobierno central y a la Junta a "utilizar cuantos instrumentos pone a su alcance el Estado de derecho para evitar el daño económico y social que la decisión de la citada empresa pueda hacer al interés general y público de Andalucía".

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