El Parlament ha aprovat la primera norma que pretén reordenar la regulació laboral dels empleats públics. La manca de consens parlamentari és la raó principal per la qual el Parlament ha trigat 30 anys a aprovar-la.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer el Estatuto Básico del Empleado Público. Su denominación de "básico" significa que es un marco normativo que intenta unificar las condiciones mínimas de trabajo de todos los funcionarios y contratados laborales de las tres administraciones: el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Por esta razón, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, destacó ayer que se trata de una ley que afecta los 2.400.000 empleados públicos de toda España.

Sin embargo, a partir de ese carácter "básico", los funcionarios del Gobierno central, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos tendrán su propio estatuto de función pública, como resaltó ayer el portavoz de Convergència i Unió (CiU), Jordi Jané.

Precisamente, los nacionalistas catalanes han dado su apoyo específico al Gobierno en esta ley porque han conseguido introducir una disposición final segunda, de complicada redacción, que garantiza las competencias de las comunidades autónomas en la ordenación de su propia función pública.

El citado apartado recoge que "las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas respetando en todo caso las posiciones singulares en materia de sistema institucional y las competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización que les atribuyen los respectivos estatuto de autonomía, en el marco de la Constitución".

Precisamente, esta disposición y la capacidad que concede, en esta cuestión, el nuevo estatuto de autonomía a la Generalitat de Cataluña es la razón de fondo que ha llevado al Partido Popular a oponerse en solitario al Estatuto del Empleado Público.

De hecho, es la primera y única vez que un Gobierno decide aprobar una norma que afecta a todos los empleados públicos de España, sin el apoyo del principal partido de la oposición. Por esta razón, el portavoz del PP, Guerra Zunzunegui, anunció que su partido modificará la ley en cuanto vuelva al Gobierno.

La falta de respaldo del principal partido de la oposición, cualquiera que fuese la formación en el poder, es la razón principal por la que el Parlamento ha tardado casi treinta años en cumplir un mandato constitucional, como la regulación del Estatuto del Empleado Público.

Tan es así que, en 1984, el primer Gobierno socialista promulgó una ley de ordenación de la Función Pública, que tenía carácter provisional, y que, sin embargo, algunos de sus preceptos han durado hasta hoy.

La libertad que da el Estatuto de la Función Pública a las distintas administraciones se manifiesta, por ejemplo, en el capítulo salarial. La norma consagra la disparidad existente actualmente entre los funcionarios de las distintas administraciones.

La ley considera retribución básica, y de obligado cumplimiento a partir del Presupuestos Generales del Estado, la que está formada por el sueldo asignado a cada o grupo profesional, más los trienios correspondientes. Pero, a partir de ahí, cada administración utilizará los complementos a discreción.

Acceso a página web del Ministerio de Admin. Públicas con más información sobre la Ley: http://www.map.es/prensa/actualidad/noticias/2007/03/2007-03-29_02.html

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.